El gobierno colombiano liberó a los primeros 16 de 30 guerrilleros indultados de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) como gesto unilateral de confianza en los diálogos de paz. Los negociadores de las FARC, por su parte, propusieron ayer la creación de un nuevo tipo penal destinado a sancionar el paramilitarismo.

El organismo encargado de informar la puesta en libertad de la primera tanda de insurgentes indultados fue la oficina del Alto Comisionado para la Paz, entidad creada para colaborar en la finalización de un conflicto armado que ya lleva más de 50 años. “Es un primer gesto unilateral del gobierno luego de evaluar el cumplimiento del cese unilateral por parte de las FARC.” Estas 16 personas recibieron un indulto que consiste “en el perdón de las penas judicialmente impuestas”. Al respecto, la oficina del Alto Comisionado señaló que el perdón no se basó en su salud, sino en la naturaleza del delito por el que se encontraban en la cárcel. “Estas personas tendrán que comprometerse a no regresar a las filas de las FARC y, en esa medida, a contribuir a la construcción de la paz.”

El gobierno del presidente colombiano, Juan Manuel Santos, indultó el pasado 22 de noviembre a 30 presos de las FARC acusados de delitos políticos como rebelión, como gesto de confianza en las negociaciones que sostienen en La Habana desde noviembre de 2012.

Los nueve hombres y siete mujeres fueron liberados de las cárceles de La Picota y El Buen Pastor de Bogotá. Ninguno está condenado por delitos graves y tendrán que comprometerse a no regresar a las filas insurgentes.

El gobierno autorizó para que viajen a Cuba a cuatro de los 16 liberados: Elky Javier Caballero Rodríguez, Carlos Antonio Ochoa Orjuela, Sandra Patricia Isaza Rincón y Gloria Alvarez Mestizo. Esos cuatro indultados acudirán como ciudadanos autorizados formalmente por el gobierno nacional para recibir información del contenido de los acuerdos alcanzados, como preparación para su trabajo de pedagogía y difusión de los acuerdos, en su condición de constructores y promotores de paz. Por su lado, Isaza Rincón instó ayer a la pronta liberación de sus compañeros. “Trabajaremos en una primera etapa por socializar los acuerdos logrados en La Habana”, explicó.

La cúpula de las FARC, que calificó el indulto como un “gesto positivo”, había pedido el domingo al gobierno que excarcele tanto a guerrilleros como a policías y militares enfermos presos por el conflicto, como una nueva medida de contenido humanitario para ambas partes.

En este contexto, la insurgencia anunció en un comunicado leído por el jefe guerrillero Jorge Torres Victoria, alias Pablo Catatumbo, que iniciarán un debate con el gobierno en la mesa de conversaciones sobre la necesidad de superar el paramilitarismo, cuestión que calificaron como excluyente para completar el paso de la organización armada a movimiento político legal. En el texto, las FARC denunciaron la multiplicación de la actividad de grupos paramilitares en Colombia e insistieron en que este fenómeno fue una política de Estado, que no se limita al uso de las armas. “La solución efectiva de este flagelo requiere contemplar sus manifestaciones militares, económicas, políticas y la corrupción generalizada que es su caldo de cultivo”, precisaron los guerrilleros. El fin del paramilitarismo, según los rebeldes, requiere de voluntad política y ajustes en la institucionalidad para impedir que el Estado fomente y apoye a organizaciones criminales supuestamente contrainsurgentes. “Es por eso que proponemos crear un nuevo tipo penal destinado a sancionar la promoción, organización, financiación o empleo oficial o privado de estructuras o prácticas paramilitares”, insistió Catatumbo. Los negociadores de la guerrilla recomendaron también la creación de una comisión que funcionaría como un órgano independiente aunque también tendría participación del gobierno, de organizaciones de víctimas del conflicto y de las FARC, en tránsito a un movimiento político sin armas.

El director del centro de estudios del conflicto, Cerac, Jorge Restrepo señaló que, a seis meses de la tregua unilateral decidida por las FARC el pasado 20 de julio, la liberación de la primera camada de guerrilleros indultados se trata de un gesto de construcción de confianza entre las partes. “Por primera vez (en este proceso) veremos la construcción en sociedad de las FARC: veremos quiénes son, qué van a hacer y si participarán en política, porque se trata de indultos que no ponen en riesgo la seguridad”, opinó.

El gobierno y las FARC, que esta semana acordaron solicitar al Consejo de Seguridad de la ONU una misión de verificación de la inminente dejación de armas por parte la guerrilla y el cese definitivo del fuego en Colombia, se comprometieron a sellar la paz definitiva el próximo 23 de marzo.

Hasta ahora, las conversaciones en La Habana alcanzaron consensos parciales en tres puntos (desarrollo agrario, solución al problema de las drogas ilícitas y participación política de los rebeldes), y aun quedan por cerrar los relacionados con reparación y justicia para las víctimas, abandonar las armas y fin del conflicto y refrendación de los acuerdos.

El conflicto colombiano, que comenzó como una sublevación campesina en los años 1960 y que involucró a guerrillas, paramilitares y agentes del Estado, hasta el momento dejó unos 220.000 muertos y seis millones de desplazados.