Desde Río de Janeiro

El ex presidente Lula da Silva y su esposa, doña Marisa, fueron intimados ayer a prestar declaraciones el 17 de febrero a un fiscal de primera instancia, ya no como testigos sino como investigados. El fiscal Cassio Conserino declaró que habría indicios de que los investigados “intentaron ocultar la real identidad del propietario” de un departamento en Guarujá, una playa de clase media a 67 kilómetros de San Pablo.

Aunque no haya ninguna novedad relacionada con el tema –Lula siempre admitió haber comprado, en 2004, una cuota de participación en la construcción de un edificio en el balneario–, el departamento sirvió de pretexto para que finalmente el ex presidente pase a la condición de investigado. Desde hace al menos un año cada paso de la tan sonada Operaçao Lava Jato (Operación Lavado Rápido), que trata de desarmar el esquema de corrupción en la Petrobras, no hizo más que buscar caminos para alcanzar a Lula da Silva e involucrarlo, de alguna manera, en la trama.

Con relación al tan sonado “triplex” (el departamento ocupa los tres últimos pisos del edificio), Lula asegura haber pagado, entre 2004 y 2010, las contribuciones mensuales estipuladas en el contrato de opción de compra. Y que en 2015 desistió de ejercer esa opción, lo que estaba igualmente previsto en el contrato.

Tener a Lula da Silva, quien sigue siendo el principal referente político de Brasil, en la condición de investigado era un objetivo claro de las investigaciones llevadas a cabo por el juez de primera instancia Sergio Moro. El batallón de jóvenes fiscales regionales, de poca experiencia y bastante ambición, no hizo ningún esfuerzo para disfrazar sus ganas de lucirse como paladines de la Justicia. Así, la actual ola de investigaciones, pese a todas las aberraciones judiciales alegremente ignoradas por los medios de comunicación, sería un buen ejemplo de que la impunidad de los poderosos llegó a su fin. Y, como prueba mejor, ¿qué tal tener a Lula da Silva, el más popular de los presidentes brasileños en más de medio siglo, en la cárcel?

En los últimos días, y pese a las reiteradas afirmaciones de que el ex presidente no se encontraba bajo investigación, se reforzaron los indicios de que vincular a Lula al escándalo no era uno de los objetivos, sino el objetivo central del operativo. El muy obvio y selectivo sistema de filtraje de informaciones supuestamente bajo sigilo judicial a la prensa se concentró en el departamento, cuyo valor de mercado es calculado en unos 400 mil dólares. La sospecha, acorde a la Policía Federal: Lula no compró el inmueble, lo recibió como propina en el escándalo de corrupción en la Petrobras. Para el fiscal de San Pablo, se trata de un claro mecanismo de “ocultamiento de patrimonio”, una vez que el inmueble sigue, en los registros formales, como propiedad de la constructora (vale recordar que Lula desistió de ejercer la opción de compra).

Se trata de algo definitivamente insólito. Primero, la ley no faculta a un fiscal anunciar a la prensa que pretende denunciar a alguien. Solo con eso, los abogados de la persona mencionada pueden denunciarlo por parcialidad evidente, en perjuicio de la defensa. Segundo: en la declaración jurada de patrimonio, la pareja Marisa y Lula da Silva declararon poseer “una cuota de la cooperativa” que construyó el edificio, y que esa cuota les daba la “opción de realizar el negocio o desistir, recuperando el valor actualizado al día de la renuncia a ejercer el derecho de compra”.

Es importante conocer esos detalles porque la campaña contra Lula, alimentada alegremente por los medios hegemónicos brasileños, tiende a crecer, salpicando en una eventual candidatura presidencial en 2018.

Abogados de presos en la Operaçao Lava Jato admiten, en los bastidores, que sus clientes reciben a diario una misma oferta de interrogadores de la Policía Federal o de la fiscalía que trabajan bajo órdenes del juez de provincia Sergio Moro: una denuncia, cualquier denuncia, contra Lula da Silva facilita que se incluya al preso en el programa de “delación premiada”. O sea, se delata a cambio de una drástica reducción de la sentencia, que en general resulta en la puesta en libertad. Y en las sombras de las celdas, donde importantes empresarios e intermediarios de negocios oscuros están confinados, la presión psicológica es ejercida sin treguas, siempre teniendo, entre sus objetivos, alcanzar a Lula da Silva.

Comprobar lo que se denuncia es parte del acuerdo. Pero mientras no se analizan las supuestas pruebas, reputaciones son sepultadas.