Los suizos decidieron rechazar en un referéndum, con el 58,9 por ciento de los votos y por mayoría de todos los cantones, la propuesta realizada por el partido nacionalista y xenófobo Unión Democrática de Centro (UDC) de endurecer la ley que permite expulsar a los extranjeros que hayan cometido delitos graves. Un total de 18 cantones votaron en contra de la iniciativa que propone deportar también a los extranjeros que hayan cometido delitos menores y cinco cantones lo hicieron a favor, con una participación que alcanzó al 60 por ciento del electorado. La propuesta de UDC reclamaba que la expulsión fuera automática, sin que pudieran intervenir los jueces.

La iniciativa votada ayer pretendía que se incluyera en la Constitución el texto aprobado en primera instancia por los ciudadanos en una anterior consulta, sin las excepciones introducidas por el Parlamento posteriormente, que lo suavizan. En 2010, los suizos aprobaron en referéndum, con el 52,9 por ciento de los votos, la propuesta “Por la expulsión de los extranjeros criminales”, presentada por la UDC, que establecía la inmediata deportación de los extranjeros que cometan algún crimen. El texto original implicaba la salida automática –sin tener en cuenta el entorno socioeconómico ni las circunstancias en las que había sido cometido el hecho– de los inmigrantes que habían perpetrado delitos graves. Tras la aprobación, el Parlamento redactó y sancionó una ley en marzo de 2015 que, en opinión de la UDC, suavizaba el espíritu y la forma de la iniciativa aprobada, y por ello decidió presentar una nueva propuesta que blindase la aplicación literal de lo aprobado en primera instancia.

La ley –que aún no entró en vigor– introdujo una cláusula que les permite a los jueces hacer excepciones cuando la expulsión de un extranjero pudiera crear una situación de grave dificultad para él o su entorno familiar. Asimismo, se tendrá en cuenta si el delincuente no es ciudadano suizo pero nació y fue criado en Suiza, situación común –una cifra que se acerca a las 400.000 personas– dado que la Confederación Helvética no otorga la nacionalidad sólo por nacer en su territorio (ius soli, en latín, derecho a la tierra). Entre los delitos susceptibles de implicar una expulsión están el asesinato, la violación, el asalto a mano armada, el tráfico de seres humanos y el tráfico de drogas, pero también el abuso de los beneficios de la seguridad social. La expulsión implicará que la persona no podrá volver al país en un plazo no menor de entre cinco y quince años, aunque podría ampliarse hasta los veinte años o toda la vida en aquellos casos donde exista reincidencia.

Las autoridades podrán renunciar a aplicar la deportación si el delito fue cometido en legítima defensa o de necesidad inexcusable, o si la persona se arriesga a un trato cruel o inhumano en su país de origen. A pedido de la Oficina Federal de Justicia, la Oficina Federal de Estadística calculó el número de expulsiones que podrían concretarse en caso de adopción de la segunda iniciativa. Según este estudio, si en 2014 hubiera estado vigente la ley de aplicación aprobada por el Parlamento, se hubiera expulsado a cerca de 4000 personas, mientras que con la segunda iniciativa esta cifra se hubiera elevado a más de 10.000.

La patronal helvética, Economiessuisse, se congratuló del resultado recordando que para crecer económicamente hace falta seguridad jurídica. En rueda de prensa, la ministra de Justicia, Simonetta Sommaruga, se felicitó por la decisión ciudadana y resaltó que la jornada de ayer fue un día importante para la democracia. Tanto el Gobierno como el resto del arco parlamentario se oponían a la aprobación de la iniciativa porque entendían que era contraria a la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos y contravenía lo establecido en el Acuerdo de Libre Circulación firmado con la Unión Europea. Las relaciones se tensaron mucho con la Unión Europea tras la aprobación de la iniciativa “contra la migración en masa”, que estableció cuotas de nuevos inmigrantes, incluidos los comunitarios.

Sobre los resultados cosechados por la consulta, la Conferencia de Fiscales de Suiza afirmó que, con el rechazo a la iniciativa, “el pueblo ha salvado el Estado de Derecho. La UDC ha jugado con el miedo, pero al contrario de lo que quería hacer creer, la seguridad no iba a aumentar con la implementación del texto”, concluyó la Conferencia.