La OTAN envió cinco buques de guerra al mar Egeo, cerca de la isla griega de Lesbos, con el fin de impedir el tráfico de migrantes, indicó el jueves su secretario general Jens Stoltenberg. Desde el fin de semana pasada, “hemos ampliado nuestra zona de operaciones, ahora hemos entrado en las aguas territoriales griegas y turcas”, explicó. “Empezamos concentrándonos en la zona que está alrededor de la isla griega de Lesbos, pero nuestro proyecto es avanzar más hacia el sur en los días y semanas que vienen. También decidimos aumentar el número de buques”, puntualizó.

El mar Egeo es el principal punto de paso de cientos de miles de migrantes que llegan a Europa desde hace más de un año. Según la ONU, en lo que va de 2016, 132.000 personas llegaron a las costas griegas cruzando el Egeo y 440 murieron ahogadas durante el viaje. En 2015 llegaron más de 850.000 personas, según la Organización Internacional para las Migraciones (OIM). Los buques de la OTAN tienen como misión impedir la actividad de las redes de traficantes entre Turquía y Grecia. También auxilian a migrantes. Esta misión de vigilancia fronteriza es una novedad para la OTAN, que hasta el momento se había negado a implicarse directamente en la crisis migratoria.

Mientras tanto los ministros europeos del Interior confiaron ayer en que el acuerdo final con Turquía para la deportación de refugiados e inmigrantes irregulares desde Grecia cumplirá con la legalidad internacional y comunitaria. Los Veintiocho se mostraron preocupados por que el cierre de la ruta de los Balcanes occidentales derive en el surgimiento de otras vías de entrada irregulares a la UE, por ejemplo por Albania o incluso que llegue al Mediterráneo occidental, apuntó el ministro español de Interior en funciones, Jorge Fernández Díaz.

“Las mafias que trafican con personas son malas, pero no tontas y van a utilizar otras rutas”, aseguró el titular español, que reclamó una política migratoria y de asilo “común e integral”, que “atienda a las causas y no solo a las consecuencias”. En este sentido subrayó la necesidad de que las medidas que adopte la UE “no hagan que se cierren unas rutas y se abran otras” porque esto no contribuye a solucionar el problema y puede acabar derivando en un problema en el Mediterráneo occidental.

La presidencia holandesa de turno del Consejo de la UE dijo que hoy los ministros se limitaron a tomar nota del principio de acuerdo sellado con Ankara el lunes en una cumbre entre los líderes comunitarios y el primer ministro turco, Ahmet Davutogulu. Explicó que será una vez se adopte el pacto final cuando los titulares de Interior se encarguen de su implementación. El ministro holandés de Inmigración, Klaas Dijkhoff, apuntó que aún quedan algunos pasos para que Turquía pueda ser considerada un “país seguro” al que enviar a los refugiados. Explicó que todo país seguro debe “respetar el principio de no devolución en caliente, dar la posibilidad de optar a procesos de asilo y ofrecer unas condiciones a las personas a las que dí protección que cumplan ciertos umbrales”. Dijkhoff aseguró que Turquía ya cumple algunos de estos requisitos, pero admitió que se necesitan “mejoras”, por ejemplo, en relación a las condiciones que se ofrecen a los refugiados, algo que espera que ayude a mejorar la financiación comunitaria otorgada al país –por ahora solo 95 millones de euros de un monto inicial de 3.000 millones acordado el año pasado–.

“Entonces podremos considerar que es un tercer país seguro”, recalcó.

El concepto de “país seguro” es clave para asegurar la legalidad del plan, puesto que no se puede enviar a un demandante de asilo procedente de una zona en conflicto, como sería el caso de los sirios, a otro Estado que no garantice unos criterios mínimos en los proceso de asilo. El comisario europeo de Migración e Interior, Dimitris Avramópulos, coincidió con el titular holandés, pero aseguró que el acuerdo final con Turquía respetará la legislación de la UE y la internacional. Sobre esta misma cuestión se pronunció el propio presidente de la Comisión Europea (CE), Jean-Claude Juncker, quien reiteró que el pacto está avalado por la legislación comunitaria –Grecia considera país seguro a Turquía y la deportación se realizaría sobre la base de ese acuerdo bilateral–. Juncker admitió, no obstante, que es probable que Grecia y Turquía aún tengan que aprobar algunas leyes para demostrar que están cumpliendo con los requisitos básicos de la Convención de Ginebra.

La situación de miles de refugiados se agravó esta semana con el cierre de la ruta de los Balcanes. La ruta de los Balcanes en dirección a Europa central está cerrada de facto para los refugiados después de que el miércoles Macedonia cerrara sus fronteras definitivamente a todos aquellos que no tengan un pasaporte en regla o un visado válido. Eslovenia, Croacia y Serbia también mantienen esta política.