El gobierno brasileño anunció que apelará la decisión adoptada por el juez Gilmar Mendes, de la máxima Corte de Brasil, que determinó la nulidad del nombramiento del ex presidente Luiz Inácio Lula da Silva como jefe de ministros.

El abogado general del gobierno, Eduardo Cardozo, señaló ayer que el Ejecutivo estaba listo para apelar el veredicto del magistrado. “Tenemos absoluta discordancia con el fallo y vamos a apelar porque el acto presidencial fue legal, no existe ningún vicio”, explicó. “La postura del magistrado es contraria a la jurisprudencia del propio Supremo Tribunal Federal (STF), que no admite impugnaciones de esta naturaleza (es decir, de Lula como ministro) basados en mandatos de seguridad que no haya solicitado un partido político”.

El juez Gilmar Mendes, objetado por el oficialismo por ser abiertamente contrario al Partido de los Trabajadores (PT), acogió un pedido de partidos opositores para impedir el nombramiento de Lula realizado el jueves pasado por la presidenta Dilma Rousseff. De esta forma, y hasta que el plenario del STF no se reúna y vote la decisión de Méndez, la situación de Lula volvió a estar en manos del juez de primera instancia Sergio Moro, quien abrió una investigación en su contra y tiene sobre su mesa un pedido de prisión del líder del PT hecho por la fiscalía de San Pablo por el supuesto delito de ocultamiento de patrimonio.

Al día de ayer, Lula carecía de fueros y su situación volvió a la primera instancia. La decisión fue tomada el viernes por la noche luego de que Lula encabezara los mayores actos pro gobierno y “contra el Golpe” registrados en los últimos años en la Avenida Paulista de San Pablo, en la cual el ex presidente clamó por la “paz social” y dijo que aceptó el cargo para ayudar a Dilma a terminar su mandato el 31 de diciembre.

Las tensiones volvieron a subir con la decisión de Mendez, ya que el juez Moro fue acusado por la presidenta de realizar espionaje en forma ilegal en la conversación con Lula del miércoles pasado, cuando ella dice que firme el acta de asunción “en caso de necesidad”.

El día de la designación de Lula, según reportó el diario O Globo con una fotografía, el juez Mendez almorzó en un restaurante de la capital brasileña con el senador José Serra, del Partido de la Social Democracia Brasileña (PSDB) y con el economista Arminio Fraga, ex presidente del Banco Central en el gobierno de Fernando Henrique Cardoso (1995-2002), opositores al actual Ejecutivo.

En este marco, el flamante ministro de Justicia, Eugenio Arago, intentó una reacción del gobierno para frenar la filtración de informaciones del secreto de sumario que marcaron los dos años de la Operación Lava Jato que tramita Moro y la fiscalía de Curitiba, en el sureño estado de Paraná, junto con la Policía Federal. El escándalo condenó a primera instancia a ex ejecutivos de Petrobras que delataron una red de sobornos por parte de empresas constructoras a cambio de sobrefacturación de contratos, un lucro por el cual, según Moro, fueron abastecidos partidos políticos con donaciones para financiar campañas electorales. También están presos con condena en primera instancia directivos de las principales constructoras del país, el ex jefe de ministros José Dirceu y el ex tesorero del PT, Joao Vaccari Neto. “En caso de que haya sospechas de filtraciones de información de la investigación, todo el equipo de la Policía Federal será cambiado. La policía está bajo nuestra supervisión”, señaló Arago. “No podemos tolerar la selectividad, sea por parte del juez o por parte de agentes públicos”. El ministro, ex subprocurador general, fustigó la forma de investigación del juez Moro, basado en las declaraciones premiadas a cambio de la libertad de los sospechosos confesos, al calificarla como una “situación muy cercana a la extorsión”.

Por su parte, el presidente del PT, Rui Falcao, afirmó que el país sólo podrá recobrar la estabilidad si se abandona el juicio político con el que la oposición pretende destituir a Dilma. “La estabilidad se da con el fin del golpe, con el fin del impeachment (juicio político) y con los cambios en la política económica que hemos apuntado”, dijo. El dirigente apunto además que cerca de un millón de personas participaron en las manifestaciones del viernes. “Quedó demostrado el compromiso del pueblo con la democracia y contra el golpe”.