El ex presidente Luiz Inácio Lula da Silva presentó ayer dos recursos ante el Tribunal Supremo para evitar que el proceso abierto en su contra vuelva a la jurisdicción del juez Sergio Moro, el responsable del caso de corrupción en Petrobras, informaron sus abogados. El gobierno de Brasil pidió al máximo tribunal que ordene suspender todas las acciones judiciales que buscan impedir la asunción de Lula como jefe de gabinete, medida que se tornó una batalla jurídica más en medio de la crisis que enfrenta Dilma Rousseff. En tanto la comisión de 65 diputados que debe dar su parecer sobre una posible destitución de Rousseff comenzó a trabajar fuertemente dividida, indicó una encuesta.

El primer recurso fue presentado ante el magistrado Teori Zavascki, responsable de dos causas abiertas en el Supremo que cuestionan el nombramiento de Lula como ministro, y el segundo fue dirigido al presidente de la corte, Ricardo Lewandowski. Este recurso está firmado por seis renombrados juristas y, al igual que en el primero, solicita que el Supremo anule la decisión tomada el pasado viernes por un magistrado de esta corte ordenando la suspensión cautelar del nombramiento del líder del PT como jefe de ministros.

El viernes, el juez Gilmar Mendes, un reconocido opositor al Partido de los Trabajadores (PT) gobernante, anuló, tal como había anticipado, la designación de Lula al considerarla un “salvoconducto” para ganar fueros y ser investigado por el Supremo en lugar del juez de primera instancia. Mendes devolvió en forma cautelar la causa a Moro, pero esa decisión debe ser sometida al voto del plenario de la Corte Suprema, que la semana pasada no tenía actividad programada a raíz del feriado de Semana Santa: es por eso que la votación en el Supremo Tribunal sobre la legalidad de la asunción de Lula puede postergarse hasta el lunes 28.

El juez Moro es quien ordenó que Lula fuera interrogado en una comisaría el pasado 4 de marzo y puso escuchas telefónicas para investigar al ex mandatario. Ese magistrado tiene un pedido de prisión contra Lula hecho por la fiscalía de San Pablo por supuestamente ocultar bienes. La mandataria Rousseff lo acusó de haberle realizado espionaje ilegal al revelar una grabación de una conversación en la que ella le dice a su mentor político que firme el acta de asunción del cargo de ministro “en caso de que haya necesidad”.

En ambos recursos, los abogados de Lula argumentaron que el juez Mendes se excedió en sus competencias al tomar una decisión sobre la jurisdicción del proceso abierto en contra del ex mandatario. Por ello solicitaron a otro juez del Supremo, Zavascki, que anule la decisión de su colega de forma cautelar, hasta que el pleno de la Corte analice el caso.

En su solicitud, los abogados argumentan que el juez Moro puso escuchas “ilegales” contra Lula, su familia y contra el bufete de abogados que lo representa y después ordenó la divulgación de las grabaciones, incluyendo conversaciones entre el ex presidente y Rousseff.

En el segundo recurso, Lula denunció también la “masacre mediática” a la que asegura que está siendo sometido, debido a la “filtración ilegal” de pruebas a la prensa y por “falsas delaciones” de otros sospechosos que se han acogido a acuerdos de colaboración con la Justicia.

La fiscalía acusó al carismático dirigente formalmente de los delitos de lavado de dinero y falsificación, por supuestamente haber ocultado que es dueño de un departamento de lujo en un edificio de la constructora OAS, una de las empresas implicadas en las corruptelas del caso Petrobras.