Dos días después de los atentados en Bruselas que dejaron al menos 31 muertos, las críticas por la falta de coordinación entre los servicios de seguridad y el desconocimiento de las redes jihadistas están sacudiendo al gobierno belga. Los reproches contra los servicios de seguridad ya habían empezado tras los atentados del 13 de noviembre en París, planificados y preparados en los barrios de Molenbeek y Schaerbeek, ambos en Bruselas, pero también en la ciudad de Charleroi y en la casa de un pequeño pueblo de Auvelais al sur de Bélgica. Pero la gota que colmó el vaso fue la identificación el miércoles del belga Ibrahim El Bakraoui como uno de los kamikazes que se hizo estallar en el aeropuerto de Bruselas.

Según el gobierno turco, El Bakraoui fue detenido en julio en su territorio cuando iba a entrar en Siria y luego fue expulsado a Amsterdam, advirtiendo a las autoridades belgas. Aunque hay distintas versiones de lo que ocurrió luego, el resultado fue que quedó libre hasta que se hizo estallar en la capital belga. “Bélgica dejó suelto un kamikaze”, titulaba ayer el periódico De Standaard. El principal blanco de las críticas es el primer ministro belga Charles Michel, que ayer dijo estar dispuesto a “aclarar totalmente” lo ocurrido. Michel prometió ayer que su “gobierno y las autoridades competentes harán absolutamente todo para esclarecer los atentados” del martes en Bruselas.“No habrá impunidad, no puede haber zonas grises”, insistió en un discurso solemne en el Parlamento al tercer día de duelo nacional en Bélgica. Al término de su alocución, frente a los reyes Felipe y Matilde, el conjunto de su gobierno, el Parlamento federal y los presidentes de los parlamentos regionales, se observó un minuto de silencio.

Poco antes, los ministros de Interior y de Justicia, Jan Jambon y Koen Geens, presentaron su dimisión a Michel, que las rechazó, por “errores” vinculados al seguimiento de uno de los atacantes suicidas de los atentados de Bruselas, indicó la prensa belga. “Confirmo que presenté mi renuncia”, declaró el ministro de Interior, Jan Jambon, citado por el periódico Le Soir. El ministro de Justicia, Koen Geens también. “Fueron rechazadas”, agregó, reconociendo que hubo “errores de la Justicia y de un oficial de enlace (belga) en Turquía”.

Ankara afirmó el miércoles que uno de los atacantes suicidas del aeropuerto de Bruselas, el belga Ibrahim El Bakraoui, había sido detenido en junio de 2015 en Turquía cerca de la frontera con Siria y expulsado en julio hacia Bélgica vía Holanda por ser un “combatiente jihadista”. El presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, aseguró que las autoridades belgas habían sido informadas. “Si bien les informamos de que este individuo era un combatiente terrorista, las autoridades belgas no lograron identificar sus vínculos con el terrorismo”, lamentó Erdogan.

El ministro de Justicia aseguró que las autoridades belgas fueron informadas del arresto de este ciudadano belga en Turquía en junio cerca de la frontera con Siria, pero luego no lo fueron cuando Ankara lo expulsó el 14 de julio en avión hacia Holanda. Koen Geens sostuvo que sólo los informaron de la expulsión “cuando el avión ya había aterrizado en Schiphol, Amsterdam, haciendo su arresto muy complicado”, sin precisar si la falta de comunicación se debía al oficial de enlace o a los turcos.

Ibrahim el Bakraoui, condenado en 2010 a nueve años de prisión por haber disparado a oficiales de policía luego de un robo, fue liberado en 2014 bajo control judicial. Jambon, Geens y su colega de Asuntos Exteriores, Didier Reynders, declararán ante una comisión parlamentaria para explicar este error.

“Estamos pagando un precio muy alto por la falta de coordinación”, dice Hans Bonte, el alcalde de Vilvoorde, una ciudad al norte de Bruselas, desde donde, según él, salieron 30 personas que ahora están en Siria.

El problema de coordinación se explica en parte por la complejidad de Bélgica, un país federal que tiene varios niveles administrativos, pero también por la rivalidad entre las autoridades de la parte francófona y flamenca.

“Es muy extraño pensar que sabíamos que los hermanos Bakraoui vivían en Bruselas y que nadie los siguió ni evitó sus actividades”, añade Bonte.

También pide controles en algunos barrios. “No se están haciendo y es por eso que hay anomalías como el hecho de que Salah Abdeslam, ahora detenido e implicado en los atentados de París, haya podido vivir durante cuatro meses aquí sin ser visto o interceptado por nuestra policía”. “En Bruselas hay 19 comunas cada una con su alcalde, y hay varias zonas de policía”, lamenta por su parte Pieter Van Ostaeyen, un experto del extremismo islamista.

El barrio de Molenbeek, de población mayoritariamente musulmana donde vivían Salah Abdeslam y su hermano Brahim, era, según el alcalde de Vilvoorde, un “lugar ideal” para los extremistas, que podían evitar fácilmente la policía y estar relativamente cerca de París.

En un texto titulado “Yo acuso”, publicado poco después de los atentados, Bernard Snoeck, ex miembro de un servicio de inteligencia que depende del Ministerio de Defensa, también acusa al gobierno de haber ignorado la amenaza del jihadismo “por electoralismo”.

Sin embargo, para Yves Trotignon, un ex analista de los servicios de información franceses, hay que matizar las críticas. “Nos enfrentamos a clandestinos que conocen la ciudad y conocen a la policía belga, de la que han escapado varias veces. Tienen experiencia, son prudentes en sus comunicaciones, en sus contactos”, indicó. “La realidad es que los belgas se enfrentan, igual que los otros países, a una amenaza muy compleja, que evoluciona constantemente, pero tienen menos medios que los demás. En consecuencia hay debilidades”, añadió.