Desde Río de Janeiro

Luego del deprimente e indecoroso espectáculo ofrecido a millones de espectadores por los honorables señores diputados brasileños el domingo 17, llegó la hora de sus excelencias, los magistrados del Tribunal Superior Electoral, dar claras muestras de que la justicia es, en el Brasil de hoy, materia volátil y susceptible de altísima maleabilidad.

A ver: luego de la victoria de la candidatura Dilma Rousseff-Michel Temer en las presidenciales de octubre del 2014, los derrotados entraron, en el Tribunal Superior Electoral, con cuatro acciones pidiendo la impugnación del resultado de las urnas. El argumento básico: irregularidad en las cuentas de la campaña victoriosa y uso de dinero ilegal, injustificado e injustificable.

Curiosidades que nadie se animó a explicar: una misma empresa donó al derrotado Aécio Neves y a la dupla vencedora. El dinero destinado a Neves era legal y de origen legítimo, pero el destinado a la campaña victoriosa era parte del esquema de coimas cobradas en contratos ilegales con la Petrobras.

Pese al absurdo, no se investigarán las cuentas de los derrotados transformados en denunciantes. El juicio está en tramitación, y si el TSE llega a la conclusión de que efectivamente hubo irregularidades en los gastos de campaña, podrá determinar la destitución de Dilma Rousseff y su vice, Michel Temer, y convocar nuevas elecciones.

Hace dos semanas, y en pleno auge de la conspiración para traicionar a la mandataria, entregarla a la furia de las hienas de la Cámara de Diputados y asumir, garboso, la presidencia sin haber obtenido un sólo voto personal, Michel Temer entró con un pedido junto al TSE, para que hubiese “desmembramiento de las cuentas de campaña”.

En su argumentación presentada a las máximas instancias de la Justicia Electoral, el impávido y melifluo Michel Temer asegura que su partido promovió “recaudaciones legales, con movimientos en cuenta corriente específica y destinación legal indudosa”. Neologismos aparte, quiere decir que su partido plagado de acusaciones de corrupción a lo largo de su nada noble historia es honesto a no más poder. Sería, pues, injusto correr el riesgo de ser condenado “por arrastre, debido a irregularidades en las cuentas de la campaña encabezada por Dilma Rousseff”.

Lo más asombroso, sin embargo, es que se detecta claramente una tendencia, entre la mayoría de los siete integrantes del Tribunal Superior Electoral, a aprobar esa tesis descabellada y descarada. La jurisprudencia del TSE muestra que jamás se admitió desmembrar cuentas de campaña, pero ya se sabe que para todo, bajo el cielo, hay una primera vez.

Tres de esos magistrados integran también el Supremo Tribunal Federal, instancia máxima de la justicia, y se consagraron en el papel de jueces facciosos: en lugar de proferir votos y sentencias, lanzan discursos incendiarios contra el gobierno, Dilma, Lula y el PT, no necesariamente en este orden.

El más truculento de ellos, Gilmar Mendes, asume ahora en mayo la presidencia del Tribunal Superior Electoral. Su voto está más cantado que himno nacional en fecha patria.

En conversas informales, cuidadosamente filtradas a los grandes medios hegemónicos de comunicación, adalides del golpe y envenenadores de la opinión pública, argumentan –pidiendo, claro, un anonimato ridículo– que es esencial salvar el ‘mandato’ de Michel Temer.

El TSE tiene, acorde a esa versión esdrújula, un papel decisivo para evitar una “crisis de gobernabilidad en el país”, que coincidiría con “el trauma del impeachment”.

El mandato de Michel Temer será alcanzado por un golpe institucional, conducido por un bucanero llamado Eduardo Cunha, que preside la Cámara de Diputados frente al injustificable silencio del Supremo Tribunal Federal, donde es reo. No hay pruebas de que Dilma Rousseff haya cometido crimen de responsabilidad, única justificación prevista en la Constitución para destituir a un presidente.

En la patética sesión en que se aprobó la apertura de su juicio político, 29 diputados votaron “por la familia”, 27 “por Dios”, uno por “mi hija”, otro “por mi nieta”, otro “para impedir el cambio de sexo en los niños” y la lista de absurdos es larga y nauseabunda. Poquísimos mencionaron los supuestos crímenes de responsabilidad que habrían sido cometidos por la presidenta.

El Senado seguramente abrirá el juicio, que se extenderá por hasta 180 días. En ese tiempo, Michel Temer asumirá la presidencia.

Si por coincidencia en ese período el Tribunal Superior Electoral impugna el resultado de 2014, él estaría liquidado junto a Dilma Rousseff. De ahí la necesidad de protegerlo.

Triste, ofensiva ironía: a la hora de destituir a una mandataria por algo que ella no cometió, ningún magistrado se preocupó con la “crisis de gobernabilidad” o con “el trauma del impeachment”.

Permitir que un juicio político que infringe las reglas esenciales de la justicia –demostrar la culpa del acusado– es algo aceptable. Inaceptable es dejar que el vice que traicionó a la presidente y usurpará su puesto corra algún riesgo jurídico.

Pobre país.