La presidenta brasileña Dilma Rousseff acusó ayer a la oposición que apoya el juicio político de utilizar ese mecanismo para realizar una elección indirecta para retirarla del poder mediante un golpe. A su vez, extendió su estrategia frente a la comisión del Senado que analiza los argumentos de la denuncia por la que se le inició el proceso de impeachment.

“Tengo la claridad de que la acusación es ridícula, porque lo que hicimos fue garantizar programas sociales. El proceso en curso tiene nombre y ese nombre es golpe. Se trata de una elección indirecta en el Congreso maquillado de juicio político por aquellos que no tuvieron votos e las urnas”, dijo Rousseff. Durante un acto de corte social para extender por tres años más el programa Más Médicos que incluye la acción de extranjeros en lugares de difícil acceso, y que se convirtió en un repudio al vicepresidente Michel Temer por parte de los invitados, Rousseff calificó de ridículas las acusaciones en su contra, mientras su equipo de gobierno defendía la posición oficial ante la comisión de juicio político del Senado. “No me acusan de tener cuentas en el exterior, porque no tengo, no me acusan de corrupción, porque no cometí, no me acusan de irregularidades con dinero público, no porque no lo hice”, agregó la presidenta.

La mandataria aprovechó también para cargar contra el vicepresidente, Michel Temer, que asumirá la presidencia de forma provisional si prospera el juicio político contra Rousseff. Insinuó que un posible Ejecutivo de Temer reducirá los programas sociales y se refirió asimismo al programa económico del Partido del Movimiento Democrático Brasileño (PMDB), al que pertenece Temer, que abre la puerta a disminuir las inversiones en sectores como salud o educación. Rousseff presentó también una iniciativa, que tendrá que ser aprobada por el Congreso, para prorrogar por tres años la permanencia de médicos extranjeros en Brasil que garantizó la permanencia de 7000 profesionales este año (en su mayoría cubanos), que atienden a 63 millones de personas.

La presidenta de Brasil prepara un paquete de anuncios para su base electoral, que piensa anunciar el 1º de Mayo, cuando se festeja el Día del Trabajador. Analiza anunciar un reajuste del programa Beca Familia, el más exitoso de la era del PT, y una revisión de la Tabla del Impuesto de Renta, dos reivindicaciones de esa fuerza política y de los movimientos sociales. Dilma participaría del acto contra el impeachment, convocado por la Central Unica de Trabajadores (CUT), en San Pablo, junto al ex presidente Luiz Inácio Lula da Silva, el 1º de Mayo.

La hipótesis del golpe fue desplegada por la defensa ante el Senado, en una de las últimas jugadas contra la oposición que ha cerrado filas para destituir a la mandataria en votación el 11 de mayo próximo, donde la cámara alta necesita la mayoría simple de sus 81 legisladores. “Este proceso de juicio político no tiene delito, es nulo, está viciado en su origen y no es otra cosa que un golpe, la búsqueda de una ruptura institucional en un sistema presidencialista”, dijo el ministro José Eduardo Cardozo, titular de la Abogacía General de la Unión ante la comisión de impeachment del Senado.

Los ministros Cardozo, el de Economía, Nelson Barbosa, y de Agricultura, Katia Abreu, exhibieron la visión del gobierno de que no existe base legal para el impeachment, presentado por abogados del opositor Partido de la Social Democracia Brasileña (PSDB), que teje un acuerdo de gobernabilidad con el vicepresidente Michel Temer en caso de la caída de Rousseff.

Según Cardozo, hay una “nulidad de origen” que comienza en el hecho de que el presidente de la Cámara de Diputados, Eduardo Cunha, a quien la Constitución le reserva la potestad de iniciar el proceso contra un mandatario, actuó por venganza al aceptar las denuncias. Cunha, adversario de la mandataria y acusado de corrupción, dio curso al trámite porque el gobernante Partido de los Trabajadores (PT) apoyó la apertura de una investigación por falta de decoro en su contra, sostuvo Cardozo, quien atribuyó a eso la conducta del jefe de los Diputados. Cardozo objetó que el PSDB –que abrió la denuncia– tenga al senador Antonio Anastaia, de ese partido y ex gobernador de Minas Gerais, como el relator de la comisión. Y, además, insistió en cumplir el fallo de la corte de apenas restringir la acusación a las cuentas de 2015 (el mandato actual de Rousseff) y sin involucrar el escándalo de corrupción en Petrobras que también afecta al PT, como propone el líder del PSDB en el Senado, Cassio Cunha Lima.

Además, los ministros declararon luego de que ayer lo hicieran Miguel Reale Junior y Janaina Paschoal, autores de la denuncia. A Paschoal, según ella misma reconoció, el PSDB le pagó 45.000 reales (12.000 dólares) para redactar la denuncia contra Rousseff sobre violación a la ley de responsabilidad fiscal.

Según la acusación, esas maniobras modificaron los presupuestos mediante decretos y permitieron acumular deudas y contratar créditos con la banca pública. Los ministros dijeron que el Tribunal de Cuentas de la Unión aún no evaluó el presupuesto 2015 ejecutado, por lo tanto no hay espacio para juzgar en el Senado estas cuentas. En tanto, la ministra Kátia Abreu demostró ser la más fiel aliada de Rousseff porque es del PMDB de Temer, y defendió la honestidad de Rousseff al hacer préstamos del Banco do Brasil (estatal) para cubrir el crédito rural a la agricultura familiar. “Dilma es honesta y decente”, dijo la ministra, clave para explicar las pedaleadas fiscales por las cuales se retrasaron pagos al estatal banco do Brasil.

La oposición avanzaba ayer en una coalición en torno al vicepresidente Michel Temer, quien logró el apoyo del presidente del PSDB, Aecio Neves, senador derrotado en 2014 por Rousseff. En ese marco la prensa local indicó que el senador José Serra, derrotado por Luiz Inácio Lula da Silva en 2002 y por Rousseff en 2010, iba a ser un superministro de relaciones exteriores y de comercio exterior. La transición no declarada incluye también una opinión de un ministro de la corte, Teori Zavaski, para que el plenario del Supremo Tribunal Federal analice si Cunha, como será el número dos del país si asume Temer, puede ocupar la jefatura del Estado eventualmente debido a que está procesado por cobrar millonarios sobornos en cuentas que no declaró en Suiza.

Mientras tanto, Temer se refirió al clima social de los que se oponen al juicio político y sostuvo que en caso de asumir como jefe del Estado no tomará en cuenta las protestas de los movimientos sociales que defienden el mandato de Rousseff. “Si existe un movimiento callejero, como se anuncia, es un derecho democrático desde que no sea predador, desde que no interrumpa el libre tránsito de personas y, tercero, porque no voy a dar atención a eso, voy a dar a atención a los problemas del país, esta es la función de un presidente”, dijo Temer al canal SBT. El jueves, ocho estados registraron piquetes en rutas y avenidas bajo la consigna “Pisa Ligero Temer”, vinculada a un dicho popular de origen indígena que habla sobre el riesgo de pisar con fuerza en un hormiguero.