Página/12 En Perú

Desde Lima

En su prisión VIP de un cuartel policial, donde cumple una condena a 25 años por violaciones a los derechos humanos y corrupción, el ex dictador Alberto Fujimori celebró emocionado el triunfo electoral de su hija Keiko y la mayoría parlamentaria absoluta que ha conseguido el fujimorismo. Tenía razones para entusiasmarse. Con el próximo Congreso en el bolsillo ahora se siente más cerca que nunca de evitar cumplir toda su condena y salir pronto en libertad. Y si su hija Keiko gana la presidencia en segunda vuelta y el fujimorismo logra el control total del poder, su liberación parece segura. A sus visitantes, Fujimori les ha dejado claro que él se siente dueño de los votos que obtuvo su hija.

Pocos dudan que una vez en el poder el primer objetivo del fujimorismo sea sacar de prisión a su fundador y líder. Pero el partido, que contra toda evidencia sigue defendiendo la inocencia de Fujimori, no solamente quiere liberar al ex dictador, sino que aspira a lograr la anulación de sus condenas, y así reescribir la negra historia de Fujimori y sus delitos de secuestro, asesinato y corrupción por los que ha sido sentenciado con abundantes pruebas.

Hace unos días, la defensa de Fujimori presentó ante el Tribunal Constitucional (TC) un pedido para anular el juicio que lo sentenció a 25 años. Versiones periodísticas han denunciado presiones del fujimorismo, amparado en la mayoría absoluta que tendrá en el próximo Congreso, sobre los siete magistrados del TC para que fallen a favor de su líder. Los integrantes del TC son nombrados y pueden ser destituidos por el Congreso, que a partir de julio será controlado por el fujimorismo. Hace unos días, Keiko Fujimori insistió en que su padre había sido condenado “sin pruebas”, desconociendo las numerosas evidencias que sustentan la condena, y anunció, en tono que sonó a advertencia, que en el fujimorismo estaban “muy atentos” a la decisión del TC.

El abogado de Fujimori, William Paco Castillo, argumenta su pedido de anulación del juicio a Fujimori en tres puntos. Cuestiona la calificación de “delitos de lesa humanidad” que la sentencia hace de los asesinatos cometidos por el escuadrón de la muerte Colina que operaba bajo órdenes de Fujimori y por los cuales el ex dictador fue condenado; pretende desacreditar la sentencia señalando que el presidente del tribunal que juzgó a Fujimori, el magistrado César San Martín, intercambió durante el proceso cuatro correos electrónicos con un abogado pidiendo una opinión sobre la figura legal de la “autoría mediata” por la cual fue sentenciado Fujimori; y cuestiona que dos de los tres magistrados del tribunal supremo que condenó al ex dictador eran jueces provisionales y no titulares.

Respondiendo a los argumentos de la defensa de Fujimori, Carlos Rivera, abogado especializado en derechos humanos del Instituto de Defensa Legal y que en el juicio al ex dictador representó a las víctimas del régimen fujimorista, le declaró a Página/12 que “son argumentos absurdos, ridículos”. “La defensa de Fujimori –señala Rivera– dice que el delito de lesa humanidad no fue parte de la sentencia de extradición (de Chile) y por eso Fujimori no podía ser acusado y condenado por ese delito. Lo cierto es que en ese caso Fujimori fue acusado y condenado por lesiones graves y asesinato, y la sentencia señala, como una calificación complementaria de esos cargos, que esos casos constituyen delitos de lesa humanidad según el derecho internacional. Cuestionar eso va en contra del derecho internacional. Sobre el segundo punto, las consultas hechas por el juez San Martín sobre un tema del caso no tienen nada de irregular, además se ha demostrado que esos correos han sido adulterados. Por último, no hay ninguna norma que prohíba que jueces provisionales emitan una sentencia.”

“Este pedido de nulidad del juicio a Fujimori no tiene base y ya ha sido rechazado en dos instancias judiciales previas. Siguiendo su propia jurisprudencia, el Tribunal Constitucional debe declararlo improcedente”, asegura Rivera. Pero advierte que el nuevo escenario político luego de las elecciones del 10 de abril “cambia mucho las cosas”.

“Una de las estrategias más derrolladas del fujimorismo –indica Rivera– es ejercer presión política sobre las instancias judiciales. Con su mayoría absoluta en el Congreso el fujimorismo puede inventar una situación legal para liberar a Fujimori, que puede ser inconstitucional, contraria al derecho internacional, pero tendrían los instrumentos para imponerla.”

Si la defensa de Fujimori pierde en el TC, nada le impide presentar un nuevo pedido, con otros argumentos, para anular la sentencia. Ese nuevo pedido de nulidad se vería bajo un probable gobierno fujimorista si Keiko gana el ballottage del 5 de junio y con un Congreso manejado por el fujimorismo ya funcionando y usado como instrumento de presión.

Si Keiko gana la presidencia y a pesar de las presiones no funciona la apuesta por la anulación del juicio a Fujimori, la hija del ex dictador tiene la carta del indulto. Un indulto sería condenado por organismos internacionales como la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y otros, y sin duda gatillaría protestas y movilizaciones internas. Según un reciente sondeo de Ipsos, solamente un 21 por ciento respalda un indulto al ex dictador. Como candidata, Keiko Fujimori ha dicho que no usará el cargo de presidenta para indultar a su padre, pero pocos le creen.

Y si Keiko pierde y no hay nulidad de la sentencia, el fujimorismo puede usar su mayoría parlamentaria para cambiarle a su líder la prisión por el arresto domiciliario. Fujimori tiene razones para celebrar en estos días.