¿Cómo se llegó a esta situación de crisis tan profunda en el segundo mandato de Dilma? Para su comprensión, consideramos necesario analizar el proceso de surgimiento de las distintas crisis y la confluencia de unas con otras.

Comencemos por las elecciones presidenciales de 2014. Estas no oficiaron, como lo habían sido entre 2002 y 2010, como una instancia de resolución de la conflictividad política, sino que reforzaron la polarización en los ánimos despertada inicialmente por las manifestaciones de junio de 2013. El deseo de “revancha social” de un sector de la clase media ante la derrota electoral por escaso margen de su candidato del PSDB, fue expresado a través de un discurso racista en las redes sociales, donde se pedía liberar al Sur del país de los “ignorantes del Nordeste”, que estarían cooptados por el Bolsa Familia y otras políticas sociales del gobierno.

Esta polarización política y social como saldo pos-electoral se reflejó desde el inicio del mandato en 2015, con las manifestaciones en favor del impeachment a Dilma, y las réplicas en defensa de su gobierno. La aparición de los escándalos de Petrobras, interpretados por un sistema de medios predominantemente opositor, produciría una canalización de la indignación ciudadana responsabilizando por la corrupción especialmente a Dilma y a su gobierno, cuando los implicados en este escándalo pertenecen a toda la clase política y empresarial.

A su vez, al definirse por un ministro de economía de corte neoliberal como Joaquim Levy, Rousseff contradijo sus promesas de campaña, que denunciaban el ajuste a los pobres que aplicarían Aécio Neves o Marina Silva en caso de triunfar, se distanció del PT y, en especial, propinó un garrotazo a la base social de sus propios electores. El pacto social lulista –retomando la expresión de André Singer– que funcionó entre 2003-2013 se basaba en la conciliación de clases en la medida en que el ciclo económico regional expansivo brindaba posibilidades de distribuir hacia abajo con políticas sociales y hacia arriba con subvenciones a empresarios y banqueros. Con los efectos de la crisis internacional y el ajuste económico local, ese pacto social comienza a disolverse.

Uno de los requisitos de ese pacto social para los de arriba era que la redistribución hacia abajo era tolerada, siempre y cuando no hubiera lucha de clases. Con la polarización poselectoral, esta posibilidad se rompe y es reemplazada por un no pacto, un “sálvese quien pueda” de rapiña entre intereses privados y corporativos. También, los 39 millones de brasileños que han mejorado su condición en estos años, experimentan el ajuste como un límite en sus posibilidades, por lo cual las expectativas sociales de ascenso continuo que sostenían el pacto se fragmentan también desde abajo.

En este marco, el parlamento, que aunque tiene juego propio, es un vehiculizador de distintos intereses sociales, va expresando a partir del pragmatismo extorsivo del PMDB la intención de desalojar a Dilma de la presidencia, quien se encuentra en una situación de debilidad política –al tener sólo un 10% de aprobación de su mandato.

Con el abandono definitivo del PMDB de la base gubernamental y el curso que da Eduardo Cunha al pedido de impeachment como forma de salvar su propia cabeza, las distintas crisis se van traduciendo en una maraña de intereses que confluye en el objetivo de destituir a Dilma del gobierno.

Sin embargo, un eventual gobierno de Michel Temer, tampoco la tendrá fácil, porque deberá experimentar la oposición del PT y los movimientos sociales, en una sociedad polarizada y en ebullición, indignada por los escándalos de corrupción que involucran al conjunto de la clase política, y celosa de sus derechos adquiridos. Todo hace pensar que la turbulencia prosperará por mucho tiempo más.

* Instituto de Estudios de América Latina y el Caribe.