El arzobispo de la ciudad de Cali, monseñor Isaías Duarte, fue asesinado el sábado a la noche por dos sicarios que lo interceptaron a la salida de una iglesia. Las autoridades policiales avanzan fundamentalmente sobre una hipótesis: los responsables del hecho serían bandas del narcotráfico, motivadas por las denuncias que Duarte realizó sobre la financiación –por parte de tales grupos– de las campañas de distintos parlamentarios para la elección del pasado 10 de marzo. Sin embargo, aún no se descarta la posibilidad de que la guerrilla esté involucrada. La iglesia colombiana, el gobierno y diversos sectores políticos coincidieron en que el hecho anima el fantasma de la época de la “guerra sucia”, cuando los carteles de Cali y Medellín asesinaban políticos y figuras públicas a principios de los noventa. El papa Juan Pablo II se sumó ayer a las múltiples voces eclesiásticas que repudiaron el hecho.
Duarte, de 63 años, salía de casar a más de cincuenta parejas e iba acompañado de dos sacerdotes. Según reportes oficiales, el prelado recibió varios disparos en la cabeza y los brazos cuando abandonaba la iglesia Buen Pastor, ubicada en un barrio popular de Cali. El comandante de la Policía Metropolitana, general Heliodoro Alfonso, señaló que las autoridades recogieron testimonios que describen como autores del crimen a dos hombres de entre 20 y 25 años y que, preventivamente, ya fueron detenidas 514 personas. La especulación oficial más fuerte relaciona el asesinato con el narcotráfico. “Los pronunciamientos que él hizo recientemente sobre la posibilidad de que se estuvieran financiando algunas campañas políticas con dineros del narcotráfico nos hace pensar en esa hipótesis”, afirmó Alfonso, aunque agregó que no se descarta que podría tratarse de grupos guerrilleros. El ministro del Interior, Armando Estrada, reafirmó que “una de las hipótesis que más se contempla, es que su asesinato tuviera que ver con sus denuncias de febrero sobre la interferencia del narcotráfico en la política colombiana. Pero –agregó– no podemos descartar otras”. El presidente Andrés Pastrana anunció ayer que formó una unidad especial de investigación para que se encargue del caso y dijo que ofrecerán una recompensa de 435.000 dólares para las personas que entreguen información.
Duarte fue un severo crítico de cómo se desarrollaron las negociaciones de paz entre el gobierno y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), al insistir en que la guerrilla no cesaba en sus acciones a pesar de las negociaciones. Duarte se había desempeñado hace algunos años como obispo de Apartadó, en la región de Urabá (noroeste), una de las más conflictivas del país, donde la guerrilla y los paramilitares mantenían un feroz enfrentamiento por el control de la zona. Por entonces, Duarte se alió con el gobernador del departamento de Antioquia, Alvaro Uribe, actual candidato a la presidencia y favorito en las encuestas, y los jefes militares de la región para desalojar a los grupos armados de la zona. Además, es recordado porque en mayo de 1999 solicitó la excomunión de los líderes del Ejército de Liberación Nacional (ELN), a causa del secuestro de más de cien personas en un templo de Cali. Más recientemente, Duarte advirtió sobre la participación del narcotráfico en el financiamiento de las campañas de algunos candidatos parlamentarios y llamó a distintos religiosos a no apoyarlos. Tales declaraciones desataron una gran polémica que obligó al propio Pastrana a exigirle en público que precisara las denuncias. Su asesinato representa el peor ataque contra la Iglesia colombiana desde el crimen en 1991 del obispo de la ciudad de Arauca, Jesús Jaramillo, por parte del ELN.