Las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) afirmaron ayer que el acuerdo de paz está cerca, tras el pacto sobre seguridad y estabilidad jurídica alcanzado con el Gobierno.

El presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, catalogó el acuerdo como un paso importantísimo. En declaraciones a la prensa colombiana al término de una visita a Londres, Santos dijo que el nuevo pacto es importante no solamente porque aproxima a las partes a la firma del acuerdo final de paz, sino por el cambio de actitud de las FARC, que en 1964 desconocieron la Constitución y se alzaron en armas. “Las FARC venían desconociendo la Constitución, es más, combatiéndola, desconociendo los poderes del Estado. Y lo que hacen en este momento es todo lo contrario. Reconocieron la Constitución y el Congreso de la República, porque es a través del proyecto de acto legislativo (enmienda) que se va a permitir la inclusión de todo el punto de las víctimas, de la jurisdicción especial para la paz en nuestra Constitución”, dijo Santos y añadió: “A las FARC, por supuesto, les interesa que los acuerdos se mantengan, se garantice que no va a haber cambios, y al Gobierno también, porque al fin y al cabo los acuerdos se hacen entre dos partes. Las dos partes estamos interesadas en que se cumplan, que haya estabilidad y que se garantice su permanencia en el tiempo”.

La guerrilla, a su vez, elogió al acuerdo en un comunicado como la ruta más corta y segura para la reconciliación nacional y el fin del largo conflicto armado. “El proceso de paz va por buen camino. Las FARC y el gobierno de Colombia, en desarrollo del derecho a la paz, hemos convenido la ruta más corta y segura en lo jurídico, para llegar a la reconciliación nacional”, señaló la guerrilla en una declaración leída en La Habana por su jefe negociador, Iván Márquez, alias de Luciano Marín Arango. Según las FARC, ese mecanismo para blindar jurídicamente el futuro acuerdo de paz es probablemente el mayor impulso que se ha dado al derecho universal a la paz desde el fin de la guerra fría. En su declaración, la guerrilla dejó entrever que, además del acuerdo anunciado ayer, entre las partes hay también importantes avances en temas sobre el cese al fuego bilateral, la dejación de armas, y las garantías de seguridad y paramilitarismo.

Tras cinco décadas de enfrentamiento que dejaron millones de víctimas entre muertos, desplazados y heridos, las FARC dijeron que el compromiso sobre garantías jurídicas los acerca al acuerdo final, luego de tres años y medio de negociaciones. Las partes, que ya fracasaron en su intento de firmar la paz el 23 de marzo, como se habían comprometido, no han definido una nueva fecha para la suscripción del acuerdo.

“Si entre los combatientes hay importantes consensos en torno al cese al fuego y las hostilidades, es porque el acuerdo es inminente. Si la dejación de armas se ha entendido como su no utilización en política, es porque estamos cerca de un histórico pacto de humanidad y amor por la patria. Si el acuerdo de garantías de seguridad y paramilitarismo está a punto de ver la luz, es porque efectivamente estamos cerca del Acuerdo Final”, dijo la guerrilla. Las negociaciones entre las FARC y el gobierno animaron a los colombianos a alistarse para entrar en una nueva era de reconciliación y a iniciar los preparativos de la gran fiesta nacional por la paz.

Las delegaciones del gobierno de Santos y de las FARC anunciaron este mecanismo para dotar de seguridad y estabilidad jurídica al futuro acuerdo de paz y garantizar su cumplimiento conforme al derecho colombiano y también al derecho internacional. “Cuando se firme la paz, ese acuerdo definitivo tendrá la consideración de Acuerdo Especial, figura prevista en las Convenciones de Ginebra de 1949 y que convertirá lo acordado en norma de obligatorio cumplimiento de acuerdo con el derecho internacional”, resaltó la guerrilla.

Ese acuerdo especial formará parte además de la Constitución colombiana mediante un artículo transitorio que contendrá toda la literalidad de lo acordado por las partes en la Mesa de Conversaciones. “Las FARC y el gobierno nacional hemos creído que todos estos mecanismos de seguridad jurídica son imprescindibles para garantizar que la implementación de los acuerdos alcanzados sobre derechos humanos de los colombianos -tanto civiles y políticos, como económicos y sociales- sea respetada por los sucesivos gobiernos”, destacó la FARC, que considera que es uno de los mejores homenajes a las víctimas del conflicto, porque de esta forma seguirán situadas en el centro del proceso de paz.

El nuevo acuerdo entre el Gobierno y las FARC fue criticado por el partido opositor de derecha radical Centro Democrático, cuyo máximo líder, el ex presidente y ahora senador Álvaro Uribe, anunció la semana pasada que su sector liderará una “resistencia civil” para oponerse a los acuerdos del proceso de paz. También fue rechazado por el procurador general, Alejandro Ordóñez, quien es cercano en materia ideológica a Uribe y esta semana dijo que el Gobierno debería reanudar los bombardeos contra las FARC aunque el proceso de paz está en su fase final. En una carta dirigida a Santos, Ordóñez cuestionó que los acuerdos entre el Gobierno y las FARC tengan rango constitucional y aseguró que esa decisión es incompatible con cualquier régimen democrático. Asimismo, el jefe del Ministerio Público advirtió que ese acuerdo puede tener consecuencias penales y disciplinarias para quienes lo suscribieron.

El Gobierno y las FARC han logrado acuerdos sobre desarrollo agrario, la participación en política de los guerrilleros que se desmovilicen, la lucha conjunta contra el narcotráfico, la atención a las víctimas del conflicto y la aplicación de un sistema de justicia transicional, entre otros puntos. Actualmente, discuten los últimos ítems de la agenda de diálogo, referidos al alto el fuego bilateral y definitivo, la deposición de las armas por parte de la guerrilla y el mecanismo para refrendar todos los acuerdos para acabar una confrontación de cinco décadas.