Página/12 En Brasil

Desde Brasilia

Ajuste y seguridad nacional. Una columna de de manifestantes que marchaban bajo la consigna “fuera Temer” y cánticos contra el corte de los gastos sociales fue impedida de avanzar hacia la residencia del presidente interino por policías militares cuyos jefes alegaron razones de “seguridad nacional”.

“En estos momentos estamos frente a un golpe de Estado doble con un presidente que no fue elegido por nadie, queriendo aplicar un programa que tampoco fue elegido por nadie”, declaró Guilherme Boulous, líder del Movimiento de los Trabajadores Sin Techo, mientras marchaba al frente de los manifestantes en la zona oeste de San Pablo.

“La primera víctima de este gobierno ilegítimo es el plan Mi Casa, Mi Vida”, denunció Boulous.

Temer tuvo de anticipar su retorno a Brasilia ante el avance de la columna del Frente del Pueblo Sin Miedo” del que son parte movimientos, sindicatos y fuerzas políticas de izquierda.

En su elegante residencia paulista recibió el sábado al ex ejecutivo del Banco de Boston y flamante ministro de Hacienda Henrique Meirelles con quien analizó el paquete de medidas a ser anunciadas mañana en Brasilia.

La semana pasada al presentar al nuevo presidente del Banco Central Ilan Goldfajn, jefe de economistas del banco privado Itaú, Meirelles anunció su intención de modificar el actual modelo de previsión social aumentando la edad mínima de los beneficiarios.

E introducir reformas en la legislación laboral a la que considera un obstáculo para que Brasil recupere su “competitividad”.

Tenido como el hombre fuerte del gabiente Meirelles comentó, en lo que pareció una amenaza velada a los sindicalistas opuestos a la (contra)reforma, que si no se acepta la flexibilización de los contratos el desempleo puede saltar del actual 11% al 14% antes de fin de año.

En ese mismo encuentro del sábado estuvo el secretario de Inversiones Wellington Moreira Franco, cuya misión es acelerar las concesiones y privatizaciones con un nuevo marco regulatorio afín a las demandas de compañías multinacionales, las que habían cuestionado el “intervencionismo estatal” de la presidenta Dilma Rousseff.

No hay precisiones sobre los anuncios de mañana cuando Temer realizará una de sus primeras apariciones públicas desde que llegó al gobierno el 12 de mayo. Mientras el presidente interino presentaba a sus 23 ministros, la policía militarizada reprimía a los indignados contra el “golpe” que intentaron subir por la rampa del palacio presidencial y otros que protestaban en la Plaza de los Tres Poderes.

La rudeza policial fue interpretada como el anuncio del trato que recibirán aquellos que se pronuncien contra las autoridades instaladas en el Planalto.

A los manifestantes que se comporten como “guerrilleros” se les aplicará todo el rigor de la ley antiterrorista, se anunció desde el gobierno, aludiendo a la normativa que según como se la interprete permite igualar algunas acciones de protesta, como el corte de rutas, a amenazas subversivas.

El dirigente de los Sin Techo Guilherme Boulos declaró ayer que los jefes policiales que impidieron el acto ante la residencia de Temer aludieron a cuestiones de “seguridad nacional”.

“Es muy extraño que se invoque eso para impedir el paso de manifestantes, hace mucho tiempo que esto no ocurría”, comentó Boulous.

Juicio político

Mañana será presentado el cronograma del juicio político contra la presidenta, obligada a tomarse una licencia del cargo por hasta seis meses, luego de que el Senado aprobó por 55 votos a 22 la apertura del proceso. Seguramente los adversarios de Dilma insistirán en la estrategia de acortar el debate para rematar el golpe parlamentario con lo que esperan garantizar a Temer en la presidencia y seguidamente el reconocimiento formal de otros gobiernos, el que no logró en su primera semana de presidente interino. Salvo en el caso argentino, donde hoy estaba prevista la reunión del canciller José Serra y el presidente Mauricio Macri (ver pag.6).

Para el ex canciller Celso Amorim, que ocupó el cargo durante los dos gobiernos de Lula (2003-2010), se observa un giro “a la derecha en Itamaraty” cuyas nuevas autoridades se manifestaron en términos “inusualmente duros” sobre países latinoamericanos.

“Se trata de derretir al Mercosur” a través de la posible eliminación, o debilitamiento, de la Tarifa Externa Común que actualmente se impone a los productos procedentes de otros países ajenos al bloque, dentro de una concepción “neoliberal” proclive a sumarse al Acuerdo Transpacífico de Cooperación Económica, opinó ayer Amorim.