Página/12 En Italia

Desde Roma

Carlos Osorio es un chileno-salvadoreño –como él se define por tener padre salvadoreño y madre chilena– experto en documentos desclasificados sobre el período de las dictaduras latinoamericanas en América latina, particularmente en la década del 1970-80. Como experto y miembro de la organización no gubernamental National Security Archives, con base en Washington y fundada por periodistas, participó la semana pasada en Roma de dos audiencias del juicio contra los responsables de desapariciones y asesinatos durante las dictaduras militares en Latinoamérica en el marco del Plan Cóndor.

La Justicia italiana está procesando a 32 militares y civiles de Uruguay, Chile, Bolivia y Perú –no hay militares argentinos acusados porque Argentina los está procesando por su lado–, por la desaparición y muerte de 43 ítalo-argentinos, ítalo-uruguayos, ítalo-chilenos y uruguayos. Los militares y civiles acusados, algunos de ellos en la cárcel en sus respectivos países, son juzgados en ausencia, a excepción del uruguayo Jorge Troccoli, que vive en Italia en libertad y con ciudadanía italiana.

Osorio explicó en una entrevista con Página/12 que el objetivo de la organización que representa es “esclarecer las políticas de seguridad nacional de los Estados Unidos y difundir la historia que se va escribiendo a medida que se conocen los documentos desclasificados”. “Las políticas de seguridad nacional son secretas pero nuestra función es hacerlas públicas pidiendo acceso a la documentación”, dijo. Se les concederá ese material, que proviene del Departamento de Estado, la CIA, el FBI y otros organismos de seguridad, siempre y cuando no esté todavía sujeto al secreto de Estado.

Desde 1985 National Security Archives ha hecho más de 50.000 peticiones en este sentido y sobre Argentina, comenzaron a hacerlo desde el año 2000, poco después que las Abuelas de Plaza de Mayo fueran a Washington a pedirles ayuda. Han conseguido desclasificar unos 17.000 documentos sobre Chile y un número similar sobre Guatemala. Sobre Argentina, como en el año 2000 estaba a punto de terminar su mandato el presidente Bill Clinton, solo consiguieron que el Departamento de Estado estadounidense les entregara unos 4700 documentos, 900 de los cuales fueron presentados en la causa Cóndor de Argentina. Pero ningún material de la CIA, FBI u otras agencias de defensa. Osorio y sus colegas han estudiado y clasificado toda esta documentación para poder presentarla en procesos como el que se está haciendo en Roma o ante Comisiones de la Verdad en distintos países

–¿Qué material aportó usted al proceso de Roma?

–Traje 281 documentos de distintas fuentes: la desclasificación de documentos estadounidense sobre Chile que se hizo en 1999-2000, la desclasificación de Argentina de 2002, los llamados Archivos del Terror (de la policía secreta) de Paraguay y el archivo que tenía el exponente de la DINA (Dirección de Inteligencia Nacional) chilena, Enrique Arancibia Clavel, entre otros. Unos 200 documentos salieron a relucir en Argentina en relación a Arancibia Clavel, luego de que fuera asesinado a cuchilladas en un negocio de Buenos Aires en 2011. Por supuesto no se trata de todo el material desclasificado sino de una selección de esas desclasificaciones. Los documentos hablan de cómo Estados Unidos siguió el desarrollo de la Operación Cóndor desde 1973 hasta 1981.

–¿Y cuál fue el objetivo de presentar esos documentos ante la Justicia italiana?

–El propósito fue dar una idea a los jueces de lo que fue la Operación Cóndor y de cómo Estados Unidos iba viendo a través de los años, la coordinación entre las fuerzas de Inteligencia y los militares de los distintos países latinoamericanos que existió de 1973, la coordinación entre la DINA de Chile y el Batallón 601 (de Inteligencia) de Argentina, por ejemplo. El subjefe del Batallón 601 era en realidad el subjefe del SIE (Servicio de Inteligencia del Ejército) que tenía una relación muy estrecha con Arancibia Clavel. Es bueno saber que la coordinación entre los países era precedente al nacimiento del Cóndor. Es importante que los jueces de Roma puedan palpar, a través de documentos oficiales, lo que fue la Operación Cóndor, que es distinto a escucharlo de las víctimas que lo sufrieron. Los documentos de hecho le dan un marco sólido a lo que dicen los testigos.

–¿Pero ese material habla de casos particulares, me refiero a los casos por los cuales se procesa a los militares en Roma? ¿Da nombres?

–Pocas veces hay documentos que van a esclarecer un caso específico. Hay algunos pocos “documentos estrella”, como los llamamos. Uno de ellos, desclasificado en Estados Unidos, habla de cómo un agente de inteligencia argentino le cuenta a un oficial de seguridad de Estados Unidos que escucharon que Horacio Campiglia (dirigente de Montoneros conocido como “Petrus” y una de las víctimas incluida en el proceso de Roma) venía a Brasil y entonces armaron una fuerza del Batallón 601 bajo la dirección del coronel Román. Fueron a Río de Janeiro con el permiso y consentimiento de los militares brasileños, lo capturaron y lo llevaron a Campo de Mayo. De ahí nunca más se supo de él. Tanto este documento como otros de Paraguay, confirman que Horacio Campiglia fue capturado en 1980.

– ¿Y en los documentos que usted trajo, aparece el rol de Estados Unidos?

–Por ejemplo hay un cable de la embajada de Estados Unidos en Buenos Aires, de mayo de 1976, que dice algo así como “estamos preocupados porque están desapareciendo y están siendo asesinados muchos extranjeros, refugiados”. Aludía, entre otros, a los casos de los senadores uruguayos, Zelmar Michelini y Héctor Gutiérrez Ruiz (ambos asesinados en mayo de 1976 en Buenos Aires) y al ex presidente de Bolivia, Juan José Torres (asesinado en provincia de Buenos Aires en junio de 1976, ndr). El cable también hace referencia a que se sabe que algunos uruguayos han sido capturados y liberados y que ellos dicen que han sido torturados. El cable se pregunta además por qué está sucediendo esto y hay un debate entre las distintas embajadas de EE.UU. en el cono sur, Montevideo, Buenos Aires, Santiago. Hay otro informe de mediados de julio de 1976, dirigido al secretario de Estado, Henry Kissinger, que dice que los países del cono sur están cooperando contra la “insurgencia”, un concepto que se transforma cada vez más en simple “oposición” o en “disidencia de izquierda o centroizqueirda”. El 23 de agosto de 1976 hay otro cable del Departamento de Estado que se dice muy preocupado por la Operación Cóndor. El cable se titula precisamente “Operación Cóndor”. Es como si el Departamento de Estado estuviera tomando conciencia de la magnitud de lo que estaba pasando en Argentina y sobre todo en relación a la Operación Cóndor. Y ordena a los embajadores en Buenos Aires, Montevideo y Chile que contacten a los más altos niveles a los gobiernos locales para señalarles que Estados Unidos es consciente de lo que están haciendo y que eso va a tener repercusiones. Y en el cable al embajador en Buenos Aires le dicen que señale que Estados Unidos sabe que han desaparecido 30 uruguayos en julio de 1976 y que el gobierno está muy preocupado. En octubre de 1976 la embajada en Buenos Aires informa que esos uruguayos han sido trasladados a Uruguay y escribe, que tal vez es lo mejor que les podía suceder...

–¿Hay documentos que aluden a la persecución de militantes de uno u otro partido específicamente?

–Hay otros documentos fuertes como uno de la Agencia de Inteligencia de la Defensa de Estados Unidos, de principios de octubre de 1976, que dice específicamente que el SIDE (Servicio de Inteligencia del Estado argentino) junto al SID (Servicio de Inteligencia del Estado) de Uruguay están llevando a cabo acciones de contrainsurgencia contra el OPR-33(anarquistas) y PVP (Partido por la Victoria del Pueblo, al que pertenecían varios de los ítalo-uruguayos desaparecidos en Argentina incluidos en el juicio de Roma). El escrito no dice quienes son las víctimas pero da las fechas y por eso es un documento marco que da una sólida base a las declaraciones de los testigos.