Romero Jucá, que se alejó del gobierno interino de Michel Temer tras admitir en una grabación que el juicio político a la presidenta Dilma Rousseff fue para frenar la Operación “Lava Jato” de corrupción en Petrobras, es conocido como un político camaleónico que consiguió acomodarse a todos los gobiernos de Brasil, desde 1995.

Este economista que representa como senador al poco poblado y amazónico estado de Roraima desde hace más de 20 años fue vocero del gobierno en el Senado en tres diferentes gestiones: Fernando Henrique Cardoso (1995-2002); Luiz Inácio Lula da Silva (2003-2010) y su sucesora, la suspendida mandataria Dilma Rousseff.

Aunque pasó por diferentes partidos de distinta gama ideológica, se lo considera uno de los principales representantes del Partido del Movimiento Democrático Brasileño (PMDB), la mayor fuerza política del país y a la que pertenece Temer, actual presidente interino. El PMDB, una fuerza de centroderecha caracterizada por su ambición por cargos y recursos públicos y por el clientelismo, permaneció aliada al poder de turno desde fines de la última dictadura militar (1964-1985), al igual que Jucá.

Y en todos los gobiernos por los que pasó fue salpicado por escándalos de corrupción, pero hasta ahora no fue condenado por nada y la mayoría de los casos ha sido archivada.

Así como otros seis ministros de Temer, Jucá es mencionado como uno de los políticos que se benefició con los desvíos millonarios en la petrolera estatal. La Fiscalía, sin embargo, aún no le abrió proceso ni por ese caso ni por otros dos escándalos en los que resultó nombrado en los últimos meses.

Jucá fue acusado de beneficiarse de una red que ofrecía sobornos a cambio de la aprobación de decretos de interés de los fabricantes de automotores y de otra red que remuneró a políticos que intercedieron en contratos para la construcción de la central nuclear de Angra 3. Desde su actuación como presidente de la Fundación Nacional del Indio (Funai), en 1986, colecciona acusaciones de corrupción. En esa época fue acusado de recibir sobornos por permitir la explotación de madera en reservas indígenas.

Durante el gobierno de Fernando Collor de Mello fue acusado de desviar recursos destinados a proyectos sociales en Roraima; en la presidencia de Cardoso fue señalado por compra de votos y por recibir donaciones ilegales de constructoras; y en el mandato de Lula, de quien fue ministro de Previsión Social, también tuvo que separarse del cargo tras haber sido acusado de ofrecer una hacienda inexistente como garantía de un préstamo con un banco público.