Desde París

El Ejecutivo francés y los sindicatos se han instalado en el surco de un conflicto de largo aliento en torno a la ley que reforma varios puntos esenciales de la regulación laboral. Siete sindicatos franceses insistieron en multiplicar la rebelión contra esta reforma que cambia la relación de fuerzas al dejar la negociación en manos de las empresas y no de los acuerdos pactados sector por sector. A su vez, el primer ministro francés, Manuel Valls, dijo al diario Le Parisien que no se cambiaría el artículo número dos de la ley, es decir, el más controvertido. Valls reiteró que habría cambios pero no se iban a substituir los aspectos “fundamentales” como “el artículo dos que apunta a descentralizar el diálogo social”. La retórica intransigente de los dos actores de esta crisis deja a uno de ellos, el gobierno, en una posición de fragilidad. François Hollande no puede retroceder y, al mismo tiempo, si mantiene el rumbo no hará sino acrecentar la debilidad de un presidente que apenas cuenta con un respaldo del 15% y de una mayoría parlamentaria socialista fracturada por la orientación social liberal de las políticas gubernamentales. François Hollande también defendió los cambios en la ley laboral, a los que juzgó “como una buena reforma” y advirtió así mismo que podría haber variaciones cuando el texto ingrese en el senado y luego nuevamente en la Asamblea Nacional y no bajo la presión del “ultimátum”. La opinión pública no lo entiende así porque siete de cada diez franceses la rechazan. Las declaraciones del jefe del Estado son puramente formales ya que esta ley fue aprobada mediante un decreto a fin de evitar todo debate en la Asamblea, donde un grupo consistente de diputados socialistas la impugnaba tajantemente. El gobierno evitó entonces el debate democrático entre los diputados y ahora invoca el dialogo para descalificar a los huelguistas y los sindicatos. Sin embargo, el tiempo y las acciones sindicales juegan en contra del Ejecutivo. El texto sobre la reforma laboral regresa a la Asamblea para una segunda lectura a principios de julio y ello le deja a los sindicatos un plazo muy fructuoso para desplegar las protestas.

Simultáneamente,los diputados socialistas que, desde el principio, rechazaron la reforma continúan presionando a la presidencia. En un texto firmado por unos 50 miembros de la actual mayoría y dirigido a François Hollande, los parlamentarios escriben que “aún queda tiempo para abandonar esas reformas que preocupan legítimamente y dividen inútilmente a la izquierda, que introducen la flexibilidad y tornan inseguros al conjunto de nuestros ciudadanos, es hora entonces de afirmar decisiones en materia de empleo y de código laboral para las cuales, en Francia, existe un Parlamento y una mayoría de izquierda”. Pero Manuel Valls y el presidente pasaron por encima de esa “mayoría de izquierda”. Respetaron antes que las voluntades populares que los llevaron al poder las directivas liberales de la Unión Europea y cuando se enfrentaron a las quejas de sus propios parlamentarios los apartaron con un decreto. Hollande deploró hace unos días que los bloqueos hayan sido decididos por “una minoría”, a lo cual, el líder de la CGT, Philippe Martínez, le respondió con razón que el “gobierno ya no cuenta con una mayoría”.

Las autoridades intentan este fin de semana resolver el rompecabezas estratégico que le plantea los paros en los sectores del transporte y el suministro de combustible. El conflicto se ha incrustado en una agenda de plazos amplios. Los siete sindicatos convocaron para el 14 de junio a una jornada “de potente movilización nacional”. Sería la novena protesta global que acarrea esta reforma que al mismo tiempo que ha debilitado y desenmascarado a un poder que toca lo que la misma derecha no se animó a trastocar también restauró la menguante influencia sindical. Las centrales sindicales se disponen así mismo a organizar “un voto ciudadano”, o sea, una consulta nacional sobre esta ley cuyos resultados se darán a conocer en vísperas de las movilizaciones del 14 de junio. El patronato francés perdió bastante de la decencia y del respeto que los valores de la República inculcan a los ciudadanos. Exasperado por las trabas en la distribución de combustible, el jefe del Medef, el círculo del patronato francés, Pierre Gattaz, calificó las huelgas como “métodos de voyous (delincuentes), métodos de irresponsables”. La lógica implacable de la retórica liberal se extiende desde el Ejecutivo a la dirigencia empresarial: toda protesta social, todo reclamo, toda huelga, es más o menos un delito y sus instigadores chantajistas y delincuentes. Si bien el fin de semana el suministro de combustible mejoró en varias regiones, seis de las ocho refinerías de Francia están paradas, aún hay depósitos de carburante bloqueados y una quinta parte de las 11.000 estaciones de servicio del país atraviesan serias carencias. Luego de que el Primer Ministro recibiera al conjunto de los actores de la industria petrolera, el Secretario de Estado para el transporte, Alain Vidalies, aseguró que “la situación está mejorando”.

La historia política ha querido que las dos figuras de la crisis, Manuel Valls, y el Secretario General de la CGT, Philippe Martínez, sean de origen español y descendientes de los trastornos que provocó el franquismo y la Guerra Civil Española. Están ahora en campos opuestos, con agendas distintas y con un actor que, al final de cuentas, decidirá el destino de la ley, de la fuerza sindical y las orientaciones políticas futuras:la opinión pública. El Ejecutivo llevó la crisis a una situación tan paradójica que termina perdiendo en todos los frentes, sea porque modifica profundamente el polémico artículo dos de la reforma laboral, sea porque lo mantiene. Brice Teinturier, Director General de la encuestadora Ipsos, recordaba en las páginas del vespertino Le Monde los fallos didácticos que cometió el poder cuando empezó a defender el texto:”el presidente se encontró como un remolcado en una dinámica que fue activada mucho más por los sindicatos que cuestionan el proyecto que por aquellos que lo defienden”. La mayoría de los analistas ve una derrota política ineluctable, cualquiera sea la posición de Hollande. El director de Ipsos comentó al respecto que buscar “volver a darle valor a la reforma laboral es una batalla perdida”. La opinión pública le achaca al gobierno no sólo los términos de la reforma, sino, también, su incapacidad para prever y evitar el conflicto con los sindicatos.