Por Edward N. Luttwak *

El Senado y la Cámara de Representantes de Estados Unidos, o preferentemente ambos, tienen ahora una oportunidad muy infrecuente de hacer avanzar el bienestar de la nación sin ningún costo para el contribuyente, simplemente aprobando una breve resolución. Declararía que ningún departamento u oficina del gobierno, que ningún funcionario –alto o bajo– del gobierno será culpado por no haber alertado de un ataque terrorista.
Los consumidores norteamericanos están acostumbrados al absurdo de ver implementos de la vida diaria, incluso simples martillos, adornados con pequeñas etiquetas que advierten de los diversos daños que podrían causar: una medida preventiva de fabricantes y comerciantes justificadamente temerosos de cínicos procesos judiciales por “no haber advertido”. Si esas frases especificaran peligros menos obvios y evitables, las etiquetas podrían servir de algo. Como están las cosas, solamente agregan costos mientras sus palabras de advertencia general son enteramente inútiles.
Lo mismo pasa con las alertas públicas de amenazas terroristas que el nuevo Departamento de Seguridad Interior emite ahora frecuentemente y que los medios de masas insistentemente transmiten. Son tan vagos en lo que se refiere al momento, el lugar, los objetivos y los métodos que sólo sirven para que los funcionarios que las emiten prevengan acusaciones de negligencia, no para interceptar, prevenir o evitar ataques terroristas.
Donde toda analogía con el etiquetado de martillos y cosas por el estilo se quiebra irremediablemente es por supuesto en el costo, o más bien en los muchos y variados costos, monetarios y de los otros. Cada vez que se emite una alerta, sigue toda una cadena de consecuencias económicas negativas, algunas tan obvias y de medición tan inmediata como el pico de cancelaciones que reduce las ganancias de aerolíneas ya frágiles, con las cancelaciones relacionadas de reservas hoteleras, y otras tan difíciles de estimar como el efecto psicológico sobre la propensión a consumir e invertir. Las consecuencias económicas internacionales también van desde las pérdidas que pueden medirse en ganancias provenientes del turismo –el Gran Cañón y la ciudad de Nueva York fueron recientemente declarados especialmente en riesgo– a repercusiones más sutiles pero probablemente mucho mayores en inversiones extranjeras de todos los tipos, desde la construcción de fábricas hasta la compra de acciones y bonos. Con el dólar tan barato, solamente los temores a ataques terroristas generados por nuestro propio gobierno están disuadiendo a una ola de inversores extranjeros.
Los costos puramente económicos son razón suficiente para disuadir las inútiles advertencias públicas que se la pasan alarmando a los norteamericanos y al mundo, pero los costos políticos tanto externos como internos son aún más importantes.
Al proyectar imágenes de un Estados Unidos vulnerable y temeroso, estas alarmas recurrentes ciertamente disminuyen el prestigio norteamericano en el extranjero, y por lo tanto la influencia de la diplomacia estadounidense. Peor aun positivamente alientan nuevos ataques, porque los potenciales terroristas están recibiendo efectivamente de nuestros propios funcionarios la confianza en el hecho de que Estados Unidos sigue siendo altamente vulnerable, pese a todas las medidas de seguridad que actualmente están imponiendo inconvenientes enormes sobre todos nosotros.
El costo más alto, sin embargo, es puramente interno y acumulativo. Las sucesivas alertas públicas de amenazas mal definidas que asustan a muchos norteamericanos, sin ayudarlos en ninguna forma a evitar esas amenazas, están logrando el mismo objetivo que los terroristas. Excepto los más incoherentes, todos saben que el terrorismo no puede debilitar materialmente a Estados Unidos, de modo que todo su propósito es precisamente aterrorizar, disgustar a los norteamericanos, en la esperanza de que esto los induzca a aceptar las demandas terroristas. Las inútiles alertas que siguen emitiéndose son por lo tanto heridas autoinfligidas en la lucha contra el terrorismo.
Esto se aplica de modo ejemplar al Sistema Asesor de Seguridad Interior en códigos de color, de acuerdo al cual el nivel de alerta es ahora amarillo y “elevado”, dos niveles por debajo de la alerta roja “severa” que arruinó las fiestas de diciembre último y un nivel por encima del azul “protegido” nunca experimentado hasta ahora. Muy funcional para las bases aéreas del Comando Aéreo Estratégico de Estados Unidos en el auge de la Guerra Fría, cuando los segundos ganados en reaccionar a un ataque sorpresa podían permitir que bombarderos despegaran a tiempo, sin duda necesario para instalaciones bélicas de todos los tipos ya que cada nivel de alerta activa todo un conjunto de medidas de seguridad, este sistema es absolutamente inapropiado incluso para pequeños países bajo asedio, para no hablar de los vastos y variados territorios de Estados Unidos y sus dependencias. El Departamento de Seguridad Interior está muy contento con el sistema de alerta, que ciertamente le genera mucha publicidad, pero tal vez nuestros nuevos e inexpertos burócratas deban prestar más atención a las prácticas de aquellos que tienen mucha más experiencia en contrarrestar al terrorismo. Los israelíes nunca han visto la menor necesidad de transmitir niveles de alerta al público en general, ni siquiera estando en guerra en sus propias fronteras. Ni los británicos vieron ventaja alguna en pretender que el Reino Unido era la nave espacial Galáctica cuando se encontraba bajo ataque por las muy letales bombas del terrorismo irlandés. Después de todo, nadie evita la implementación de cada una de las medidas de seguridad asociadas con cada nivel específico de amenaza, sin ninguna necesidad de propalar al público general alertas aterrorizantes pero carentes de cualquier significado. En el pasado, los británicos contactaban a las fuerzas policiales y a todas las demás que fueran relevantes por télex y por teléfono, como los israelíes, que también usaban mensajeros para movilizar a los reservistas de cada barrio. Ahora, con Internet, como dicen, con apretar una tecla es suficiente: en este caso, para alertas a nuestras miles de diferentes fuerzas policiales junto a todos los otros profesionales de la seguridad, sin alarmar inútilmente al resto de nosotros. Tampoco debe nadie temer una distensión de la vigilancia útil por parte del público en general si se elimina el sistema de alertas. Por el contrario, simplemente al volverse rutina las alertas que ahora están siendo emitidas por el Departamento de Seguridad Interior están erosionando el valor potencial de una convocatoria nacional al público, en el posible aunque improbable caso de que la información sobre una amenaza realmente justificara movilizarnos a todos para detectar un ataque terrorista incipiente.
Algunos alegarían que no es simplemente la autoprotección y el engrandecimiento de los burócratas de la seguridad lo que está atormentándonos innecesariamente, hay un diseño político consciente en operaciones, para aumentar el atractivo de los experimentados políticos en funciones en este año electoral. Eso es mucho más razón para que ambos lados en el Congreso actúen ahora para cerrar el sistema de alertas y evitar las alertas injustificadas, de modo de probar que ni los demócratas ni los republicanos están haciendo política con el terrorismo.

* Estratega del Center for Strategic and International Studies en Washington, DC. Autor de Coup d’Etat y Strategy, entre otros libros.