Página/12 En Rusia

Desde Moscú

Vladímir Putin aprobó el polémico “paquete Yarovaya” de legislación antiterrorista, que toma nombre de una de las legisladoras más conservadoras de Rusia. Se trata de una serie de leyes que cercena drásticamente los derechos humanos y aumenta el poder de vigilancia del Estado sobre la sociedad civil. Aún no se conocen los efectos directos y la letra chica de algunos artículos debe ser decidida por el gobierno, pero lo más destacado es que las compañías de internet y telefonía rusas deberán almacenar información sobre las llamadas, mensajes de texto, imágenes, audios y videos de sus clientes. Además, se incrementan las penas por “terrorismo online”, un delito que castiga con penas de hasta siete años a aquellas personas que justifiquen o inciten el extremismo en internet. Una categoría no muy clara, que puede darle un amplio margen de acción al gobierno respecto de sus oponentes políticos.

El ex empleado de la Agencia Nacional de Seguridad (NSA) estadounidense, Edward Snowden, que develó el enorme aparato de espionaje de Estados Unidos y que todavía permanece asilado en Rusia, apodó la medida “Gran Hermano” y afirmó que “no solo viola los derechos humanos sino también el sentido común”. Después de que la Duma Estatal (cámara de diputados) y el Consejo de la Federación(senado), aprobaran el “paquete Yarovaya”, el informático revelador alertó al Kremlin que la ley “nunca debería ser firmada” (por Putin).

El presidente del Consejo para el Desarrollo de la Sociedad Civil y los Derechos Humanos del país, por su parte, solicitó al mandatario su anulación por la “inconstitucionalidad, inconsistencia e incertidumbre legal de algunos de sus artículos”. Ni uno ni otro pedido modificaron el pensamiento del líder ruso.

Los principales operadores de telefonía móvil clamaron que la ley arruinaría su negocio. Según lo aprobado, estos deben almacenar la información durante al menos seis meses. En una carta dirigida a la presidenta del Consejo de la Federación Rusa, Valentina Matvienko, adujeron que es “técnica y económicamente impracticable”. Según sus cálculos, cumplir con la ley les costaría más de 30 mil millones de dólares, y les obligaría a aumentar tarifas y –de paso– brindar un servicio deficiente.

Incluso, estas compañías deberán proveer al Servicio Federal de Seguridad ruso (FSB) los códigos de encriptación para acceder a los mensajes de servicios populares de conversación, del tipo Whats- App, Telegram y otros.

En el caso de las compañías de internet, la medida les obliga a guardar el contenido sobre llamadas hechas y recibidas, mensajes de texto, audio, imágenes y videos de sus clientes por seis meses, en tanto que el registro simple de estas actividades, será almacenado por un año. El gigante ruso Yandex, similar a Google, afirmó que el nuevo marco legal significa “una excesiva limitación de los derechos de las compañías y los usuarios”.

Posteriormente a la firma del “paquete Yarovaya”, el vocero del presidente ruso, Dmitri Peskov, salió a calmar las aguas. Afirmó que el presidente Putin está familiarizado con los pedidos de rechazo y anulación que han hecho distintas personas e instituciones. Sin embargo, aseguró que la la nueva legislación no será dañina. “La ley ha sido pasada con una lista de recomendaciones al gobierno diseñadas para minimizar el potencial riesgo financiero”, señaló. “Estamos predispuestos a trabajar en conjunto (con los operadores) y si la ley produce algún resultado indeseado, el gobierno introducirá medidas apropiadas mediante decreto presidencial”.

En los despachos de la Duma quedó archivada una de las cláusulas más controvertidas del paquete, que promovía revocar la ciudadanía rusa a personas de doble ciudadanía acusadas por terrorismo o de trabajar para servicios de inteligencia foráneos, así como también bloquear temporalmente la posibilidad de realizar viajes a los condenados por acciones terroristas.

El “paquete Yarovaya” se puede colocar en un marco más amplio de medidas que incluye la creación de la Guardia Nacional en abril pasado. Un órgano de seguridad enorme (se estima que está conformado por unos 400 mil hombres) comandado por el exjefe de la seguridad personal presidencial, Viktor Zolotov. El Kremlin afirmó tras su creación que la Guardia Nacional lucharía contra el terrorismo, aunque también podría tener a su cargo la seguridad durante actos masivos no autorizados, o sea protestas. “Este es un intento de las autoridades para protegerse ellos mismos de las protestas”, denunció la líder del partido liberal Yabloko, Emilia Slabunova .

Una y otra medidas aparecen como una sombra que planea lentamente sobre las próximas elecciones legislativas de septiembre, que serán los primeros comicios de importancia desde que Vladímir Putin accedió a su tercer mandato como presidente en el 2012. El líder ruso, que ha emprendido un giro en su política exterior para recomponer su relación con las potencias de Occidente, espera que la economía encuentre nuevamente la senda del crecimiento, que le permita llegar con apoyos y fuerza suficiente a las elecciones presidenciales de 2018, tan solo unos meses antes de que suene el silbato de inicio para el Mundial de Fútbol que se jugará en la Federación.