Una cuestionada decisión de la Sala Penal Especial de la Corte Suprema peruana se puede convertir en la llave que les abra las puertas de la prisión a los ex jefes militares, ex congresistas, ex ministros y otros funcionarios del gobierno del prófugo ex presidente Alberto Fujimori, que ahora se encuentran encarcelados, acusados de corrupción y violaciones a los derechos humanos. Incluso Vladimiro Montesinos, quien fuera la bestia negra del fujimorismo, podría quedar en libertad en menos de cinco años, gracias a esta decisión de la Suprema.
Esto podrá ser posible porque la Sala Suprema decidió, en una interpretación legal cuestionada por los más importantes juristas del país, que para los miembros del régimen fujimorista que fueran condenados por los tribunales debe regir una antigua ley de beneficios penitenciarios, a pesar de haber sido modificada en julio del 2002. Dicha ley señala que un reo puede obtener libertad condicional al cumplir solamente un tercio de la sentencia establecida y que cada dos días trabajados en la cárcel equivalen a tres días de condena. Es decir, en la práctica el prisionero podrá salir libre cumpliendo menos de una tercera parte de su sentencia. Esa ley tampoco exigía que se pague la reparación civil para obtener la libertad condicional.
En julio del 2002 está ley fue modificada para los casos de corrupción y violaciones a los derechos humanos, elevándose a dos tercios de la condena el tiempo necesario para pedir libertad condicional y a cinco los días de trabajo en el penal para poder reducir uno de condena, y se estableció la obligación de pagar la reparación civil para acogerse al beneficio de la libertad condicional. Sin embargo, la Suprema ha establecido que debe aplicarse el principio de la no retroactividad de las leyes y, por lo tanto, la norma vigente al momento que se cometieron los delitos.
En diálogo con Página/12, César Pantoja, procurador adjunto del Estado para los procesos anticorrupción seguidos a los funcionarios del gobierno fujimorista, calificó esta interpretación legal de la Suprema como “un absurdo jurídico”. “Cualquier jurista del mundo dirá sin ninguna duda que en materia procesal, como es el asunto de los beneficios penitenciarios, no rige el principio de la no retroactividad a favor del condenado; ese principio rige solamente en materia penal”, señala.
En opinión del procurador Pantoja, la decisión de la Corte Suprema “está impulsando la impunidad para los delincuentes de cuello blanco” y advierte que “esto podría ser el final de la lucha anticorrupción”. Pantoja pone como ejemplo el caso de los empresarios televisivos Ernesto Schutz y José Enrique y José Francisco Crousillat, padre e hijo, que ahora viven en Argentina, donde tratan de evitar su extradición al Perú declarándose perseguidos políticos. Schutz recibió más de 10 millones de dólares directamente de Montesinos, dinero proveniente del tesoro público, y los Crousillat más de ocho millones de dólares, para poner sus canales de televisión al servicio del régimen fujimorista. “Por ese delito ellos podrían ser condenados como máximo a ocho años de cárcel, pero con la decisión de la Suprema, si reciben la condena máxima, saldrían libres en aproximadamente año y medio, y sin tener que pagar la reparación civil que se les imponga”, advierte Pantoja. Y agrega en tono sarcástico: “Seguramente ahora les pedirán a las autoridades argentinas que los manden al Perú a cumplir una condena irrisoria en una cárcel dorada, para luego quedar libres y disfrutar de los millones que le robaron al país sin tener que devolver un solo dólar. Eso es una burla a todos los peruanos”.
El proceso anticorrupción ha quedado al borde del colapso por esta decisión de la Corte Suprema. La situación es tan grave que el procurador Pantoja confió a este diario que el equipo que integra la procuraduría anticorrupción está pensando en renunciar. “En estas condiciones, no tiene sentido seguir, para qué vamos a trabajar para condenar a los corruptos si con los beneficios que la Suprema les ha dado van a salir libres muy rápidamente y sin devolver lo que se robaron.” Pantoja se aferra a la esperanza de que la apelación presentada por la Procuraduría a una segunda Sala de la Suprema contra esta decisión prospere. Pero admite que “esta es una decisión casi final”. Y si se convierte en definitiva, Montesinos, Fujimori y compañía habrán encontrado la tabla de salvación para sus graves delitos. “El proceso anticorrupción se convertirá en un fraude”, señala Pantoja.