El instructor del juicio político en la comisión del Senado contra la suspendida presidenta de Brasil, Dilma Rousseff, recomendó ayer votar a favor de la destitución de la mandataria por supuesto atentado a la Constitución, a raíz de haber practicado maniobras presupuestarias en las cuentas públicas de 2015.

El senador Antonio Anastasia, relator de la comisión de juicio político del Senado y aliado clave del presidente interino, Michel Temer, presentó un informe de 440 páginas en las cuales realizó un esperado voto condenatorio de la mandataria por las llamadas pedaleadas o bicicleteadas fiscales. En su exposición aclaró que no tendría en cuenta que la fiscalía federal haya tirado abajo ese argumento, ya que el fiscal federal Ivan Marx consideró que las pedaleadas fiscales por las que se llevó a Rousseff a juicio de destitución en el Congreso, no configuran delito ya que no es una operación de crédito y pidió archivar el caso en la Justicia. Por lo tanto, se determinó que no hay un acto directo de Dilma, y lo más importante es que el Ministerio Público dice que Dilma no tuvo mala fe y que no hubo una actitud dolosa.

Anastasia, del Partido de la Social Democracia Brasileña (PSDB) y brazo derecho del derrotado candidato presidencial en 2014 Aécio Neves, dijo que Rousseff abrió créditos suplementarios en el presupuesto con autorización del Congreso y se sirvió de créditos de los bancos públicos para ejecutar políticas presupuestarias. La defensa de Rousseff, suspendida en el cargo desde el 12 de mayo, niega que estas maniobras fiscales configuren delito de responsabilidad como para ser llevada a juicio político, instrumento al cual calificó de golpe parlamentario llevado a cabo por el vicepresidente Temer, titular del Partido del Movimiento de la Democracia Brasileña (PMDB).

En su informe, Anastasia rechazó esos peritajes del propio Senado que afirman que la mandataria no tuvo responsabilidad en estructurar el sistema de pagos de partidas presupuestarias intra-ministeriales en cuestión. “El Poder Ejecutivo no puede unilateralmente estipular la meta fiscal que le conviene”, dijo Anastasia, ex gobernador del estado de Minas Gerais.

El fiscal Marx archivó la causa penal sobre al asunto, lo cual animó al Partido de los Trabajadores (PT) y a la defensa de Rousseff. Sin embargo, el PT y sus aliados de izquierda fracasaron en intentar sumar al expediente la resolución del fiscal, que dice que estos movimientos contables (que se repiten históricamente en todos los gobiernos nacionales y provinciales brasileños) no configuran delito. “Esta decisión de un fiscal confirma que Dilma no es una presidenta que cometió delitos y sí demuestra que fue toda una artimaña para sacarla del poder por parte de Eduardo Cunha, ex presidente de la Cámara de Diputados y mentor del gobierno golpista de Temer”, bramó en la comisión de juicio político Lindebergh Farias, senador del PT.

Mañana, la comisión debe votar el informe de Anastasia y elevar –como se prevé– el expediente al plenario del Senado, que lo recibirá el próximo martes 9. El juicio contra Rousseff, si es que se cumplen todos los plazos, se sustanciará a partir del 29 de agosto, en sesión del Senado presidida por el presidente del Supremo Tribunal Federal (STF), Ricardo Lewandowski.

Según el diario O Globo, Temer intentará negociar con el titular del Senado, Renán Calheiros, anticipar los plazos, siempre después de los Juegos Olímpicos de Río 2016, que comienzan el viernes y terminan el 21. “Esta interferencia de Temer es inaceptable”, comentó el senador Farias. “Este no es el papel de un presidente interino y es una falta de respeto al Senado Federal. Estamos dispuestos a utilizar con las armas del regimiento que tenemos para evitar esta interferencia”, dijo Farias que se quejó porque Temer y su equipo llevaron a cabo varias reuniones con senadores líderes del PMDB con el fin de pedirles que trabajen para anticipar la votación final sobre el juicio político.

El ministro de Agricultura del gobierno interino, Blairo Maggi, considerado el “rey de la soja” brasileño, explicó que Temer cree que se concretará la destitución de Rousseff pero quiere hacerlo antes de septiembre, debido a que busca participar y legitimarse internacionalmente en la cumbre del G-20, el 4 y 5 de septiembre en China.

Por su parte, Cunha, responsable de la apertura del juicio político a Dilma y marcado por ser uno de los perpetradores del golpe, advirtió que si es acusado por el pleno de la cámara, va a haber consecuencias. A punto de ser juzgado, por múltiple corrupción por el Supremo Tribunal Federal (STF) y de su consecuente renuncia a la presidencia de la Cámara baja, Cunha prepara un estudio detallado de cómo ayudó a sus aliados en los últimos años. El objetivo es consolidar el material para una posible negociación de los cargos en la corte. Cunha está recogiendo información de las finanzas de campaña, y tendría un pilar de documentos que indican la distribución de cargos y créditos. Incluso afirmó que va a pasar a la historia como el político que se cargó a dos presidentes, dirigiéndose a Temer.