EL MUNDO › OPINION
› Por Emir Sader
Cualquiera que sea el desenlace inmediato de la más profunda y prolongada crisis que el país ha vivido, Brasil no saldrá igual, nunca más será el mismo que fue. Será mejor o peor, pero nunca más el mismo. La crisis devastó la credibilidad de todo el sistema político, liquidó la legitimidad del Congreso, propagó la falta de confianza en el Poder Judicial e hizo que el pueblo aprendiera que no basta votar y ganar cuatro elecciones para que el mandato presidencial sea respetado. En resumen, lo que se creía que el país tenía de república, se terminó. Lo que se decía que era un sistema político democrático ya no sobrevivirá. O Brasil construye una democracia sólida –para lo cual el Congreso actual, este Poder Judicial, este monopolio de los medios de comunicación no podrán seguir existiendo como ahora– o el país deja realmente de vivir en democracia.
La derecha brasileña muestra su cara sin eufemismos. Al principio alegaba que se trataría de un proyecto para “reunificar el país”, supuestamente dividido por los gobiernos del PT. Se valían de la pérdida de popularidad del gobierno de Dilma, así como del Congreso más conservador y descalificado que el país jamás ha tenido, y también del rol escandaloso y ya sin ningún pudor de los viejos medios, para destruir la democracia política que hemos tenido y promover un gobierno antidemocrático, antipopular y antinacional.
Muy rápidamente fue posible constatar que se trata simplemente de lo que se denunciaba por toda la región: el proyecto de restauración del modelo fracasado en los años 90, con Fernando Collor de Mello y Fernando Henrique Cardoso, por un gobierno golpista y minoritario, contra el pueblo, contra la democracia y contra el país.
¿Cómo se va a pronunciar el Supremo Tribunal Federal sobre cualquier tema, si ha callado frente al golpe puesto en práctica bajo sus narices, encabezado en el Senado por su presidente, que apoya todas las brutales ilegalidades que se practican? ¿De qué sirve un Poder Judicial, un STF, si no es para impedir que un crimen en contra de la democracia sea perpetrado por el Congreso? Lo que hay es un silencio cómplice, mezclado con un vergonzoso aumento del 41 por ciento de sus salarios, concedido públicamente –con fotos en los periódicos– por Eduardo Cunha, el político más corrupto del país, cuya impunidad sólo existe por la complicidad de los que debieran condenarlo, así como a tantos otros miembros del gobierno, incluido el presidente interino. Ya no habrá democracia en Brasil sin un Poder Judicial elegido y controlado por la ciudadanía, con mandatos limitados y poderes circunscriptos.
No habrá democracia en Brasil sin un Congreso efectivamente elegido sin financiamiento privado, sin que represente a los lobbies dirigidos por el poder del dinero. Un Congreso democrático tiene que estar fundado en el voto condicionado, por el cual los electores controlen a aquellos a quienes han votado y que se comprometen con un programa y con un partido determinado.
En una democracia todos tienen el derecho a la voz, por eso la opinión pública no puede ser fabricada por algunas familias, que imponen su punto de vista al país como si pudieran hablar en nombre de todos, aun cuando han perdido cuatro elecciones presidenciales consecutivas. Nadie debe perder el derecho a hablar, pero todos deben tener el derecho a expresarse, si no no se trata de una democracia sino de la dictadura de una minoría oligárquica.
En una democracia, un impostor no podría haber asumido la presidencia, aunque interina, por un golpe e imponer el programa económico derrotado cuatro veces sucesivamente (dos veces ese golpista estuvo en la lista vencedora, con un programa radicalmente opuesto al que ahora lleva adelante). Si ello ocurre, es porque la democracia fue herida de muerte, la voluntad de la mayoría fue desconocida.
Si el golpismo triunfa en el Senado brasileño, será necesario hacer que pague duramente el precio del atentado que está perpetrando. Que sus proyectos fracasen, que la vida de sus componentes se vuelva insoportable, que su banda de ladrones sea víctima de la ingobernabilidad. Que se ocupen y se resista en todos los espacios del gobierno ilegítimo, antidemocrático, antipopular y antinacional.
Es parte indisoluble de la resistencia democrática impedir cualquier acción en contra de Lula, que representa los anhelos mayoritarios del pueblo brasileño, conforme apuntan las mismas encuestas que los golpistas han utilizado para buscar legitimidad popular. Esta será la señal de si sobreviven espacios democráticos o no. Si lograran blindar de tal forma su gobierno y lograran hacer constitucional el gobierno del neoliberalismo, habrán soterrado definitivamente cualquier señal de democracia en Brasil. En ese caso ellos tendrán el mismo destino de sus antecesores: serán derribados, derrotados, execrados y un nuevo tribunal de la verdad los juzgará y los condenará por crímenes contra la democracia. Serán derrotados por el pueblo, por la democracia, por el país, por los que construirán una democracia de verdad en Brasil.
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