La jornada del jueves 18 de agosto de 2015 dejó su huella en la memoria colectiva de la comunidad neuquina por ser esa la primera vez en la que se condenaba a un hombre a prisión perpetua por el crimen de femicidio luego de que un jurado popular “en representación del pueblo de Neuquén” fallara un mes atrás que Marcelo Valdez era el autor responsable del homicidio triplemente calificado de Noemí Maliqueo, una joven de 21 años de edad que cayó víctima de la violencia machista.

Marcelo Valdez dio muerte a la joven Noemí el 20 de septiembre de 2015, al disparar en su cabeza con un arma de fuego. Inmediatamente después del hecho, se fugó. A partir de allí, sus familiares se organizaron para reclamar justicia y, acompañados por organizaciones de mujeres y de derechos humanos, comenzaron la lucha para enfrentar lo que es la regla general en los casos de femicidios: la impunidad. Pero gracias a esa obstinada lucha, la impunidad se agrietó: Valdez fue capturado el 21 de noviembre de 2015 y, tras una dura batalla en el campo jurídico, fue sometido a juicio por los cargos de homicidio agravado por el vínculo, por el uso de un arma de fuego y femicidio.

El juicio reveló que Marcelo Valdez era un hijo legítimo del sistema patriarcal. Los testimonios ofrecidos por la acusación dieron cuenta de que el femicidio de Noemí no fue un hecho casual sino que se trató del último eslabón de una cadena de violencias que incluyó maltrato verbal, celos excesivos, humillaciones, control, manipulación y el aislamiento de su familia y de sus amistades. La testigo Daniela Huebras, ex pareja del femicida y testigo presencial del hecho, no dejó ninguna duda de que fue la violencia machista la que acabó con la vida de Noemí. En el juicio, Huebras relató que cuando miraba a Noemí veía en espejo la violencia que ella misma había padecido en su propio cuerpo años atrás y, al revivir esos dolores, espetó: “Yo podría haber sido Noemí Maliqueo”.

El juicio permitió comprobar in situ una tesis que el movimiento feminista defiende hace décadas: que el femicidio es, ante todo, una forma de ejercicio del poder, un acto de violencia extrema cuya condición de posibilidad es el sistema patriarcal y su economía desigual de géneros que permite toda forma de opresión a las mujeres.

Además del carácter instrumental del femicidio, lo que resulta alarmante es la dimensión expresiva de estos crímenes. En efecto, el femicidio puede ser visto como el paroxismo a través del cual la violencia patriarcal escribe –con el léxico del terror– un mensaje disciplinador en los cuerpos de las mujeres capaz de multiplicarse socialmente, cuyo propósito es ratificar el lugar asignado a su género en el orden patriarcal y ponerle un límite de la libertad femenina.

La lucha por la visibilización y el reconocimiento judicial del femicidio deviene entonces necesaria pues permite, a través de la eficacia simbólica del derecho, construir una contra-retórica que enfrente el formidable esfuerzo del sentido común patriarcal por privatizar toda violencia de género y despolitizarla. Exigir el reconocimiento del femicidio permite también denunciar el papel del Estado en la producción y reproducción del régimen patriarcal y su posición de garante en el poder de muerte hacia las mujeres. Pero la lucha en la arena judicial resulta también insuficiente, por un lado, porque el derecho penal no es el instrumento más idóneo para batallar en contra del patriarcado y, por otro, porque la magnitud del fenómeno evidencia el carácter estructural –y global– de las violencias contra las mujeres: una mujer muere cada 30 horas en Argentina, según enuncia (y denuncia) la organización “La Casa del Encuentro”.

El reconocimiento judicial del femicidio de Noemí Maliqueo fue el producto de la conjunción inescindible de la movilización popular y el litigio estratégico con perspectiva de género y es una muestra de que ambos factores combinados son capaces de arrancarle a la justicia patriarcal (pequeñas) victorias.

* Abogados querellantes por la familia de Noemí Maliqueo.