Poco después de las seis de la mañana de ayer, agentes de la Policía Federal, cumpliendo determinación del juez de primera instancia Sergio Moro, llegaron a la casa del ex ministro de Hacienda de Dilma Rousseff y Lula da Silva, Guido Mantega, en San Pablo. Fueron recibidos por el hijo de 16 años, que informó que el padre se encontraba junto a la madre en el hospital Albert Einstein.

Eran casi las siete cuando los mismos agentes llegaron al hospital. Mantega estaba en un pasillo junto a la camilla en que su mujer, ya sedada, era conducida al quirófano para una cirugía de cáncer en el cerebro. Informado por el celular de la presencia de la policía, el ex ministro tuvo que ir de inmediato a la portería del hospital. “Ojalá que ella no se haya dado cuenta”, dijo más tarde a su abogado.

Cuando llegó a la portería, los agentes le pidieron que saliese a la vereda. Mantega salió, fue detenido y conducido a las oficinas de la Policía Federal. Y empezó, por todo el país, un revoltijo imparable.

Una vez más, Sergio Moro, quien ejerce a la vez los papeles de fiscal, investigador y juez, extrapoló todo y cualquier límite de lo admisible. Decretó la prisión de Guido Mantega con base en la denuncia de Eike Batista, el extravagante empresario que a base de vender humo y esparcir ilusiones llegó a ser uno de los hombres más ricos del mundo para luego desplomarse dejando un tendal de miles y miles de inversionistas estafados.

Batista dijo que Mantega, cuando ministro, le pidió una donación de dos millones y medio de dólares para saldar deudas de la campaña electoral de Dilma Rousseff en 2010. Como contrapartida, una de sus empresas obtendría jugosos contratos en la Petrobras.

¿Pruebas? Ninguna. En tiempos de justicia politizada y dirigida, cualquier acusación, siempre que sea dirigida contra Lula, Dilma o alguna otra figura prominente del PT, es suficiente.

Nada ocurre al azar en estos indignantes e indignos tiempos. Hay un guion clarísimo, cumplido de manera cabal. Ya no se notan siquiera vestigios de disfraz: el enredo está en marcha, y nada ni nadie parece capaz de pararlo.

Nacida como inédito método de investigación de esquemas de corrupción implantados desde siempre en las estatales, inaugurando una etapa de combate a los carteles de las grandes constructoras surgidos en tiempos de la dictadura militar (1964-1985) y que, a base de coimas y corrupción, se adueñaron de las grandes obras públicas, la “Operación lava auto” pronto se transformó en una formidable y malévola herramienta de persecución política. Es como si los mismos esquemas no hubiesen existido en tiempos de presidentes anteriores, especialmente de Fernando Henrique Cardoso. El objetivo obsesivo es claro: la corrupción se instaló con el PT, y para eliminarla es necesario extirpar ese partido del tejido político brasileño.

Bajo el mando de un juez de provincias que en su fanatismo desconoce límites, sus acciones ignoran principios básicos de la justicia y de la misma legislación vigente. Moro y sus acólitos, empezando por el bando de jóvenes fiscales encabezados por un evangélico que actúa bajo los designios de la Biblia antes que de la Constitución, se mueven a su albedrio, como en un Estado de excepción.

Pasadas cinco horas de la detención, absurda en todos los sentidos - por injustificable y por las condiciones en que ocurrió -, Moro ordenó su inmediata liberación.

El desastre, sin embargo, ya estaba consumado. Y el objetivo, logrado: faltando poco más de una semana para las elecciones municipales, el PT sufrió otro desgaste de grandes proporciones.

La “Operación lava auto” tuvo un auge hasta que empezó el juicio político contra Dilma Rousseff. Antes, eran acciones casi semanales, todas exclusivamente destinadas a denunciados que integrasen en PT. Denuncias contra políticos de otros partidos, especialmente el PSDB del ex presidente Cardoso y del PMDB de Temer, eran sumariamente ignoradas.

Mientras el golpe se consumaba al amparo de la farsa judicial llevada al escenario circense del Senado, hubo una especie de vacaciones para los fiscales. Hubo, en esa temporada, denuncias contundentes contra Michel Temer, Aécio Neves, Romero Jucá, Renan Calheiros y todas las estrellas de primera nivel de la elite golpista. El detonador del golpe, Eduardo Cunha, símbolo más reluciente de la constelación de corruptos, perdió sus fueros de diputado federal. Su destino está al alcance de las manos de Moro.

Hay más denunciados gravitando alrededor de Temer que en cualquier otra parte. Sin embargo, ninguna medida ha sido adoptada contra alguno solo de ellos.

Contra Lula, sí. Contra Mantega, también. Contra el PT, todo y algo más.

Para el mesiánico juez y sus comandados, la vida carecerá de sentido mientras no estén todos, empezando por Lula y el PT, eliminados, de una vez y para siempre, de la vida pública.

Lo más absurdo es que todo eso ocurre frente a la mirada mansa y a la pasividad bovina de los once integrantes del Supremo Tribunal Federal.

Se supone que sean ellos los máximos guardianes de la Constitución y de los derechos básicos de los ciudadanos brasileños.

Guardianes serán, pero vaya uno a saber de qué…