EL MUNDO › MIENTRAS TEMER RECORRE EL MUNDO, LULA ACUSA AL GOBIERNO GOLPISTA DE INTENTAR PROSCRIBIRLO A TRAVES DE UNA CAUSA JUDICIAL INFLADA
El Ministerio Público había afirmado tener la “convicción” de que Lula fue el “comandante” de la corrupción nacional en la denuncia luego aceptada por el juez Moro, pese a que en la querella no hay ni siquiera indicios sobre la existencia de una “asociación ilícita”.
› Por Darío Pignotti
Desde Brasilia
El golpe inconcluso. La destitución de Dilma Rousseff ocurrida el 31 de agosto fue un momento determinante pero no el último de la avanzada contra el orden democrático la cual se prolongaría el martes pasado cuando a Luiz Inácio Lula da Silva le fue abierto un proceso por parte de su mayor antagonista político, el juez de primera instancia Sergio Moro, responsable por la causa “Lava Jato” sobre estafas en perjuicio de Petrobras.
A Dilma se la separó del cargo por senadores, la mitad de los cuales procesados o sospechados de corrupción, que reconocieron carecer de pruebas sobre la comisión de delitos. Hace diez días el Ministerio Público afirmó tener la “convicción” de que Lula fue el “comandante” de la corrupción nacional en la denuncia luego aceptada por Moro pese a que en ella no hay ni siquiera indicios sobre la existencia de una “asociación ilícita”. El expediente acusatorio apenas contiene documentos sobre la compra con dinero de origen dudoso (para los fiscales) de una propiedad en Guarujá.
Por cierto es difícil sostener, en términos jurídicos, que Lula sea el “boss” de todo el engranaje delicitivo montado en el “Petrolao” por ser el titular, aunque nunca lo ocupó, un departamentito en una ciudad balnearia donde veranean las masas paulistas, ya que los ricos hace tiempo no la frecuentan. Desde que apresó por unas horas a Lula en marzo pasado, y lo liberó ante la espontánea irritación popular, el juez Moro, venerado por las clases medias antipetistas, no disimula que su “misión” (palabra repetida por jueces y fiscales, algunos evangélicos) es darle caza al expresidente.
Este tipo de anomalías, como la de un magistrado que milita contra un dirigente político al que imagina corrupto, son posibles en el régimen post democrático, que comenzó a regir en Brasil desde el 12 de mayo cuando la expresidenta fue suspendida del cargo y se confirmó con su deposición definitiva en agosto. El fin de Dilma fue, en rigor, el momento inicial de un proceso que parece se prolongará hasta la proscripción de Lula.
“Nadie puede ser juzgado con base en convicciones, cuando el Ministerio Público, la Policía Federal, las instituciones comienzan a exagerar de esta manera la democracia está en riesgo” dijo el viernes por la noche el ex mandatario cuando volvió a repudiar “el golpe parlamentario”. Vestía una camisa roja con la que encabezó un acto del PT en el estado nordestino de Pernambuco, como parte de las campaña electoral hacia los comicios municipales del 2 de octubre. Manos cayosas de gente pobre lo abrazaron en su gira por el nordeste donde su liderazgo parece estar intacto, lo que no ocurre en los reductos de clases medias blancas de los estados del sur y parte del sureste.
“Moro y la (cadena) Globo construyeron la idea de que para condenar a alguien basta con ponerle la prensa en contra … no se necesitan pruebas, se necesitan titulares …no estoy contra la libertad de expresión, estoy contra la libertad para mentir”.
Lula también deploró la detención, el jueves, de su ex ministro de Hacienda, Guido Mantega, cuando se encontraba en un hospital de San Pablo junto a su esposa enferma de cáncer. La prisión del economista del PT ordenada por Moro, fue poco después anulada ante las críticas de juristas, incluso algunos que apoyan la causa “Lava Jato”.
El expresidentes está convencido de que la única forma de evitar ser condenado en el proceso por el “Petrolao” y, consecuentemente, ser proscripto de las elecciones de 2018 en las que se perfila como favorito, es refrendar su condición de líder popular.
Y, paralelamente, denunciar en el resto del mundo las arbitarieades de las que es víctima, como ocurrió el martes pasado durante un evento realizado en Nueva York, donde participó su abogado Geoffrey Robertson. Ex defensor del fundador de Wilileaks Juian Assange y del escritor hindú Salman Rushide, Robertson habló de la “persecución” de la que es víctima Lula y la falta de respeto al derecho de defensa que impera en Brasil tras la instalación del nuevo gobierno. Lo afirmó poco después de que Michel Temer pronunciara su discurso ante la Asamblea General de Naciones Unidas.
De sus primeros 22 días como presidente efectivo Temer pasó diez fuera de Brasil repitiendo ante quienes quisieran escucharlo, no fueron muchos, que su gobierno se ajusta a derecho y respeta las garantías constitucionales. Convengamos que nadie legítimamente electo deambula por los foros multilaterales para alardear lo democrático que es. Su campaña de marketing en beneficio propio empezó en Hangzou, China, durante la Cumbre del Grupo de los 20 y continuó la semana pasada en Nueva con su pronunciamiento en la ONU al comienzo del cual se ausentaron de la sala, en protesta contra el golpe, los representantes de Bolivia, Costa Rica, Cuba, Ecuador, Nicaragua y Venezuela.
El sucesor de Rousseff, que se presenta como “político y escritor”, habla con un estilo barroco saturado de sufijos y prefijos como lo hacían los jueces de antaño. “Permítome a los señores decirles que no habrán de encontrar en el mundo todo democracia alguna tan sólida como la que en mi país existe” (recreación libre de sus intervenciones recientes). Ese estilo afectado puede ser últil para posar de demócrata cuando habla para los medios de su país que le disimulan los defectos pero no funciona con el grueso de la prensa internacional.
Varios medios extranjeros registraron que mientras discurseaba en Nueva York, en la sede de la ONU en Ginebra su gobierno era denunciado por la represión contra manifestantes que exigían “elecciones directas ya” uno de los cuales, una estudiante de 19 años, perdió un ojo de un balazo de goma policial mientras un reportero de la BBC recibió una paliza de la misma fuerza de seguridad pese a que mostró su credencial.
Con los viajes a China y Estados Unidos se buscó tanto o más que la legitimación ante la comunidad internacional, celebrar un encuentro o al menos aparecer en una foto junto Barack Obama. Los fotógrafos oficiales habrían sido orientados para registrar el instante en que Temer, primer orador en la Asamblea, y Obama, que iba a ser el segundo, se cruzaran en los corredores del Palacio de Cristal de la ONU, lo cual no ocurrió porque el estadounidense llegó tarde. ¿Fue para evitar a su par sudamericano?. No hay información consistente para afirmar que ese fue el motivo del desencuentro.
El caso es que Obama no dijo palabra sobre la nueva administración de la mayor potencia latinoamericana ni en Hangzou ni en Nueva York, pese a que la Casa Blanca y el Departamento de Estado apoyaron el derrocamiento de las autoridades electas con una serie de comunicados y decisiones concretas, como el designar un nuevo embajador tras la suspensión del mandato de Dilma y aceptar rápidamente las credenciales del representante de Temer en Washington.
Entre las conjeturas sobre el ninguneo sufrido por el brasileño hay dos relativamente plausibles.
Una se basa en el oportunismo Obama que habría eludido mostrarse junto a un aliado útil pero impresentable. Otra explicación toma en cuenta el pragmatismo del norteamericano quien tal vez poder real de un colega muy impopular (68 % de rechazo según una encuesta) y carente de comando sobre sus aliados, que comienzan a dar señales de insubordinación. Al respecto cabe señalar que el viernes el Supremo Tribunal Federal autorizó una investigación preliminar sobre Temer, que fue durante años presidente del Partido Movimiento Democrático Brasileño (PMDB), ante la sospecha de que arregló el financiamiento ilegal de al menos una campañas con Sergio Machado, un ex gerente de Transpetro, subsidiaria de Petrobras.
La decisión del Supremo se basa en una confesión del propio Machado, también del PMDB, que se acogió a la delación premiada para atenuar la condena por las decenas de millones de dólares robados a Petrobras.
Si la causa contra el gobernante avanzara podrá ser destituido con lo cual habría elecciones indirectas en 2017, un escenario que cuenta con el aval disimulado de sectores del poder judicial y partidos que en su hora integraron el frente formado para derrocar a Rousseff, pero nunca fueron incondicionales de su sucesor . Si esto ocurriera, será un golpe dentro del golpe.
No se trata de una buena noticia para alguien con tan poco tiempo en el Planalto que esta semana volverá a dejar el país para viajar a Colombia donde participará de la firma del acuerdo de paz entre el presidente Juan Manuel Santos los rebeldes de las FARC, y la semana próxima posiblemente embarcará hacia Buenos Aires, donde espera eludir las protestas. Según el diario Folha de San Pablo los encargados del ceremonial prefieren que el paso Argentina no sea en la forma de una visita de Estado pues de ser así Temer estaría obligado a pasar por El Congreso donde podría ser cuestionado.
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