Desde Brasilia

El juez federal Sergio Moro ordenó ayer la prisión de Antonio Palocci, quien ocupó altos cargos en los gobiernos de Luiz Inácio Lula da Silva y Dilma Rousseff, poco después de que la misma fuera anticipada por el ministro de Justicia Alexandre de Moraes en un encuentro del Partido de la Socialdemocracia Brasileña (PSDB) de cara a los comicios municipales del próximo domingo.

Al participar en ese evento proselitista del PSDB realizado en la ciudad de Riberao Preto (precisamente el reducto político de Palocci) el ministro de Justicia demostró su ilegal vinculación con Moro al anunciar, el domingo, que era inminente otro operativo enmarcado en la causa “Lava Jato” sobre la corrupción en perjuicio de Petrobras.

Y así fue: menos de 24 horas más tarde de lo anunciado en el mitin, la Policía Federal apresaba a Palocci acusado de recaudar fondos aportados por la constructora Odebrecht, que habrían sido empleados en el financiamiento de la campañas del PT.

El operativo realizado este lunes fue el trigésimoquinto de esa causa “Lava Jato” (Lavado Rápido) iniciada en 2014 y recibió el nombre de “Omertá”, dado por la Policía Federal, para aludir al supuesto pacto de silencio entre Palocci, quien supuestamente recibía el alias El Italiano, y la constructora Odebrecht, cuyo ex presidente Marcelo Odebrecht ya fue condenado y se encuentra en prisión desde hace más de un año en Curitiba. Los abogados de Palocci dijeron que el presunto apoyo de Palocci a Odebrecht es falso, que el mote de El Italiano es una fantasía del marketing policial para dar impacto al operativo, al que compararon con “los que se hacían en la dictadura militar”.

En todo caso la conexión entre lo anunciado por el ministro de Justicia De Moraes en acto de campaña del PSDB, partido enemigo de Lula y el PT, y la decisión de Sergio Moro (juez enemigo de Lula y el PT) fue tan nítida que el tema desató críticas ayer a la mañana, cuando ese tema casi eclipsó la noticia de la detención de Palocci y dos asesores.

“El país está viviendo una situación grave, el anuncio de la nueva fase de Lava Jato por parte del ministro Alexandre de Moraes levanta sospechas sobre abuso de autoridad y uso político de la Policía Federal” lanzó Dilma Rousseff. “Si esto hubiera ocurrido en mi gobierno habríamo sido duramente criticados por la prensa, estamos caminando hacia un estado de excepción”, añadió en consonancia con los legisladores del PT que exigieron la renuncia del funcionario y su comparecencia en el Parlamento.

Al mediodía comenzaron a circular rumores en el Palacio del Planalto sobre la irritación del presidente Michel Temer y algunos sitios anunciaron que convocó a su despacho al ministro de Justicia. Posteriormente se informó que el encuentro quedó sin efecto y surgieron rumores sobre la caída del funcionario y hasta se barajó la posibilidad de que fuera reeemplazado.

Michel Temer dejó sin efecto, no se sabe si a raíz del escándalo, su anunciado viaje a Colombia para participar en la ceremonia por el acuerdo de paz entre el Estado y las FARC.

Si pocos le habían creído al gobernante brasileño la semana pasada cuando dijo ante la ONU que en su país imperan una democracia ejemplar y una Justicia independiente, este episodio acabó por desmentir esos dichos además de confirmar la promiscuidad entre el régimen surgido tras la deposición de la presidente Dilma Rousseff y el proceso por las estafas contra Petrobras.

Hace una semana, mientras Temer hablaba en la ONU, el abogado británico Geoffrey Robertson, que defendió al fundador de Wikileaks Julian Assange, denunciaba en Nueva York la “persecución judicial” de la que es víctima Lula. Fue en un acto de lanzamiento de una campaña mundial de apoyo al ex mandatario en paralelo a una denuncia presentada en el Comité de Derechos Humanos de la ONU con sede en Ginebra. Robertson,que fue contratado por Lula, seguramente anexará a su denuncia el “affaire” del ministro De Moraes y el juez Moro.