Dando secuencia a la espectacularidad de las acciones de la Operación Lavado Rápido, la Policía Federal detuvo ayer a Antonio Palocci, figura de especial relieve dentro del PT. Se cumplió así la determinación del juez de primera instancia Sergio Moro, encargado del caso.

Palocci fue ministro de Hacienda de Lula da Silva, entre 2003 y 2006, y jefe de Gabinete de Dilma Rousseff entre enero y junio de 2011. Fue el responsable directo por la política económica de Lula da Silva, y mantuvo su buen tránsito entre el PT, el empresariado y el mercado financiero.

Acusado de ser uno de los vínculos directos entre el partido y la constructora Odebrecht, es el primer integrante del llamado “núcleo duro” que gravita alrededor de Lula en caer en manos de la Lavado Rápido.

La noticia, en todo caso, no puede ser aislada de algo especialmente significativo: el anuncio de la prisión fue anticipado un día antes por el ministro de Justicia, Alexandre de Moraes, durante la campaña electoral de candidatos de su partido, el PMDB, en la ciudad de Palocci, Ribeirão Preto, interior de San Pablo.

Pese a tener una supuesta autonomía, precisamente para evitar que se transforme en instrumento de intereses políticos, la Policía Federal integra el ámbito administrativo del ministerio ocupado por Moraes.

Ahora está claro que la tan mencionada autonomía es muy, pero muy relativa. Se confirma que todo el carnaval armado por la Lavado Rápido no es más que una herramienta de persecución a un único partido, el PT. El sigilo que debería proteger las acciones de los investigadores no existe, como dejó bien claro Alexandre de Moraes.

La intempestiva declaración del ministro, conocido por su truculencia de primate y su descontrolada atracción por los micrófonos de emisoras de radio y televisión, eliminó cualquier posibilidad de duda sobre la politización de la Justicia y sobre cuáles son los verdaderos objetivos de la Lavado Rápido, del juez Moro, de los fiscales del Ministerio Público y de la misma Policía Federal.

Faltando seis días para las elecciones municipales, la prisión de Palocci ha sido un tiro de gracia ean las candidaturas del PT en todo el país.

Además, ha sido una nueva y clarísima demostración de que la investigación trae la mancha de un vicio de origen: destinarse exclusivamente a apresar a Lula da Silva.

Llama la atención de cualquier estudiante de primer año de Derecho la bizarra justificación de Sergio Moro para ordenar la prisión de Palocci: como no fueron encontradas pruebas de que él haya recibido coimas de la constructora, mejor detenerlo hasta que aparezcan.

Es algo inconcebible: dice Moro que existen pruebas de que la coima existió y alcanzó la marca de los 128 millones de reales (unos 80 millones de dólares al cambio de la época). Lo que no hay es una única y solitaria prueba de que Palocci haya recibido ese dineral: ninguna cuenta, ninguna transferencia al exterior, nada de nada.

Por lo tanto, el ex ministro estaría utilizando alguna estratagema para ocultar el dinero. Dejarlo en libertad sería poner en riesgo toda la investigación. Una vez más, el juez de provincias da claras muestras de su infinita capacidad para innovar en las veredas de la Justicia.

La semana pasada, otro ex ministro de Lula y Dilma, Guido Mantega, tuvo la prisión decretada. Ninguna de las determinaciones del Código Penal para que se decrete la prisión preventiva de alguien fue observada por el incansable Sergio Moro.

Como consecuencia del escándalo que se desató (Mantega fue detenido cuando acompañaba a su mujer, minutos antes de que ella fuese sometida a una operación para combatir un cáncer en el cerebro) el mismo juez Moro canceló la orden de prisión.

Ahora, con Palocci, la reacción en los medios jurídicos ha sido de idéntico espanto. Como no hay pruebas, por las dudas ordénese la detención del investigado.

Sobran indicios concretos del descontrol absoluto con que actúan Moro y sus secuaces. Por ejemplo: la orden de detener a Guido Mantega fue firmada el 18 de agosto. ¿Por qué cumplirla más de un mes después? La explicación de la Policía Federal sería risible, de no ser por la gravedad de los hechos: porque estaban todos muy ocupados con la seguridad de los Juegos Olímpicos. Nada que ver con las vísperas de elecciones municipales.

Suenan cada vez menos dudosas las voces que llaman la atención para el verdadero peligro que acosa a mi país: volver a vivir bajo un Estado de Excepción.

Ya se comprobó la viabilidad de un golpe institucional. ¿Qué más falta para que las sombras tenebrosamente oscuras vuelvan a cubrir el cielo?