A poco más de seis meses de haber asumido sus funciones como fiscal de la Corte Penal Internacional (CPI), el abogado argentino Luis Moreno Ocampo inauguró el ciclo efectivo de la CPI aceptando el primer caso en la historia de una instancia judicial internacional encargada de la represión del genocidio, los crímenes de guerra y de lesa humanidad. El caso sometido en diciembre pasado por el presidente ugandés Yoweri Museveni atañe las acciones de un grupo rebelde denominado LRA, Ejército de la Resistencia del Señor. Dicho grupo combate desde 1988 en el norte de Uganda con el propósito de derrocar al actual presidente y reemplazarlo por un poder basado en los diez mandamientos de la Biblia. El LRA se hizo conocer por las atrocidades cometidas contra los civiles y, sobre todo, por los más de 20.000 niños que secuestró o enroló por la fuerza en sus rangos. La guerra en el norte de Uganda dejó un saldo de decenas de miles de muertos y más de un millón de desplazados. Es en ese contexto que la CPI juzgó que existían elementos suficientes para entablar una investigación ya que “los crímenes cometidos podrían constituir crímenes contra la humanidad tal y como están definidos en el Tratado de Roma”. Este primer caso pone a prueba el sistema de Justicia internacional que la Corte quiere encarnar.
Luis Moreno Ocampo abrió el período activo de la CPI ocupándose de un país particular: Uganda. Creada en 1998 mediante el Tratado de Roma firmado en la capital italiana, la Corte Penal Internacional recién se volvió una realidad concreta en julio del 2002 cuando el Tratado de Roma fue ratificado por más de 60 Estados. Un año más tarde y con 92 Estados adherentes, la Corte se dotó de su primer fiscal, el argentino Moreno Ocampo que ahora da cuerpo legal al sueño de una Justicia sin fronteras. Aunque limitada en sus acciones por una serie de severos requisitos impuestos por los Estados firmantes del Tratado –por ejemplo la Corte sólo tiene competencia si un Estado se lo pide– la CPI esboza con Uganda lo que podría ser en el futuro el marco de acción de la Justicia internacional.
En esta entrevista exclusiva con Página/12, Moreno Ocampo adelanta los criterios con que funciona la Corte, evoca el caso de Uganda y de la República Democrática del Congo (RDC) y señala que, para él, “la CPI es un desafío para la humanidad”.
–Apenas seis meses después de que usted asumiera sus funciones, la CPI aceptó el primer caso de su historia. Se trata de Uganda y de un grupo irregular que sembró la muerte por su paso. ¿Cuáles son las modalidades específicas que llevaron a la Corte a abrir la instrucción?
–En diciembre pasado Uganda nos refirió el caso, concretamente la situación que imperaba en una región en donde opera un grupo que, según se dice, comete los peores crímenes. El grupo, el Ejército del Señor, ha secuestrado a miles de personas, en su mayoría chicos a quienes obliga a enrolarse como soldados y hasta los vende como esclavos e incluso los obliga a matar a sus padres y hermanos para establecer así una suerte de compromiso para romper con sus familias. Este caso resuelve los criterios de la Corte. Un fiscal internacional como soy yo tiene el problema de que no es un fiscal nacional que puede intervenir en cualquier caso. A mí me hace falta resolver primero el problema de jurisdicción. Lo que resuelve entonces el caso presentado por Uganda es que la CPI va a tener jurisdicción para este caso. Desde luego, ahora tenemos que investigar y juntar las evidencias. Ya existen declaraciones del subsecretario deAsuntos Humanitarios de las Naciones Unidas, el cual afirma que ésta es la situación humanitaria más grave del mundo. Nosotros tenemos que confirmar esas denuncias. Estamos trabajando también mucho en la RDC, pero como en lo que atañe a Uganda es el mismo presidente ugandés quien nos refirió el caso, creo que vamos a trabajar mucho más rápido. Le recuerdo que en las demás denuncias no tenemos a ningún presidente que nos refiera los casos. Cuando el país involucrado no le pasa el caso a la Corte, tenemos que trabajar y probar ciertos requisitos para que se pueda iniciar un expediente. Pero cuando el país abre la puerta todo es mucho más fácil.
–Usted lleva ya varios meses en su cargo en La Haya. Entre el momento en que asumió y ahora, ¿cuál es el balance que usted hace de lo que ha visto, es decir, de los crímenes que le han sido presentados?¿Qué espera la gente de una Justicia internacional tan particular como la de la Corte?
–Nosotros estamos monitoreando las peores situaciones del mundo, es decir, los genocidios y los crímenes contra la humanidad. Creemos que los casos de Uganda y de la República Democrática del Congo son muy apropiados para iniciar los trabajos de la Corte. Este es un sistema global de Justicia basado en países, en Estados soberanos nacionales. Es una Corte muy especial y creo que el hecho de que la Corte funcione es un desafío para la humanidad. Básicamente, lo que la CPI pretende es que los Estados nacionales se hagan cargo de los problemas y que, en caso de que no puedan o no quieran, la comunidad internacional los va a ayudar. Por eso hay una serie de requisitos que fijan nuestro marco de intervención. Cuando un país nos presenta un caso nos habilita a intervenir. Nosotros creemos que este tipo de cooperación internacional va a ayudar a resolver este caso preciso de Uganda y, de ese modo, vamos a poder ir mostrando cómo funcionará la Corte. Mi tarea hasta ahora fue básicamente ponernos a trabajar. Cuando yo llegué al CPI había sólo tres personas y hoy somos 35. Recién estamos comenzando, pero creo que ya tenemos los dos casos para este año. Es una Corte nueva y la gente tiene que entender cómo funciona. Yo soy un abogado y debo trabajar dentro de lo que dice la ley. Pero estoy seguro de que los países que aún tienen miedo van a comprender la utilidad de esta Corte.
–Tal como funciona ahora, usted cree que la existencia de la Corte tiene un papel disuasivo en los Estados o en los actores armados. En suma, ¿acaso la CPI pone límites a los horrores que se pueden cometer? ¿Los torturadores tienen miedo de verse algún día juzgados por la Corte Penal Internacional?
–La Corte es un sistema más que un tribunal. Pero lo que está ocurriendo en el mundo de hoy es que, cuando los comandantes planifican las operaciones, los abogados de las fuerzas armadas les informan sobre las posibilidades que existen, es decir, si se trata de un crimen de guerra o si son cosas que no se pueden hacer de acuerdo con el Tratado de Roma. Ya hay entonces una suerte de efecto preventivo y eso es muy importante. A medida que el sistema avance, que funcione y que se den los juicios y que también podamos detectar a los grupos que venden municiones, en suma, todo eso va a generar un efecto de control. El efecto disuasivo se va ir ampliando. De hecho, cuando se supo que estábamos trabajando en la República Democrática del Congo eso generó un efecto disuasivo en la región de Ituri, que es una zona que escapa a todo control. Reconozco que ningún juez para las balas, pero creo que el efecto preventivo se irá ampliando. La idea es que esta Corte pueda ayudar a montar un mundo basado en la ley y no en la fuerza.
–¿Usted cree que si la Corte hubiese existido en los años ‘70 y ‘80 cuando América latina conoció tantos dramas ligados al abuso de los derechos humanos las cosas no hubiesen tan terribles?
–Imagínese que los ciudadanos pueden referirse a mí, me pueden mandar comunicaciones y yo puedo intervenir. Entonces, si esta Corte hubiera estado funcionado en los años ‘70 hubiese recibido cartas de los ciudadanos chilenos, uruguayos, argentinos o guatemaltecos que sufrían crímenes contra la humanidad.