Por Javier del Pino *
Desde Washington

El escándalo por el abuso y maltrato de prisioneros iraquíes no deja de crecer y salpicar a más gente, al igual que las críticas al gobierno estadounidense por su falta de reacción rápida ante este caso. El gobierno estadounidense prometió castigar a los responsables de estos abusos, en algunos casos mortales. Los empleados civiles de empresas privadas implicados permanecen todavía en sus puestos de trabajo. Ante el recrudecimiento de la violencia en Irak, el secretario de Defensa norteamericano, Donald Rumsfeld, confirmó que la cantidad de efectivos militares se mantendrá en su nivel actual por lo menos durante los próximos tres meses, con unos 135 mil soldados.
Rumsfeld prometió “contundencia” en el castigo a los autores de los abusos. “Lo ocurrido es inaceptable”, dijo Rumsfeld, que se resistió a aceptar la posibilidad de que el comportamiento se hubiera extendido más allá de la prisión retratada en las fotografías. Por su parte, en un informe publicado parcialmente en la prensa estadounidense, el ejército reconoció que los malos tratos son “sistemáticos”. Según el mayor general Donald Ryder, fiscal jefe del ejército, el ejército inició investigaciones criminales sobre 35 casos de supuesto abuso en prisiones militares en Irak y Afganistán, incluyendo 25 muertes de prisioneros.
El senador demócrata Ted Kennedy pidió una investigación para establecer el alcance de esas prácticas y exigió que se determine la culpabilidad de las empresas privadas. Hay al menos dos empresas implicadas junto a los soldados del Departamento de Defensa. Pero ni los trabajadores fueron despedidos de su empleo ni sus compañías han recibido una notificación del Pentágono sobre el comportamiento de sus empleados, a pesar de que figuran con nombres y apellidos en el informe más exhaustivo que realizó el Departamento de Defensa.
Las dos empresas, CACI y Titan, proporcionan individuos dispuestos a ejercer tareas tan incómodas que ni siquiera el Pentágono las desea. Los trabajadores se convierten en una suerte de mercenarios dispuestos a vivir bajo el peligro de la ocupación a cambio de un salario tan elevado como para pagar sus deudas en unos pocos meses.
Según la Casa Blanca, el presidente, George W. Bush, conocía la existencia de abusos y torturas desde hace meses, cuando el Pentágono comenzó a investigarlo en secreto, pero no había leído el informe del Departamento de Defensa ni había visto las fotografías hasta que saltaron a la opinión pública. “El presidente le ha dicho al secretario de Defensa que espera una actuación contra los responsables de esas prácticas”, dijo la Consejera de Seguridad Nacional, Condoleezza Rice. Estados Unidos “lamenta profundamente” los abusos infligidos por militares, afirmó Rice en una entrevista difundida ayer por la televisión árabe al-Arabiya.
En el terreno, la milicia del jefe radical chiíta Moqtada Sadr amenazó con atacar los puestos de control estadounidenses entre Najaf y Kufa, culpando a los soldados norteamericanos por los muertos y heridos iraquíes. El canciller iraní, Kamal Jarazi, opinó que Washington debería dejar que los religiosos chiítas solucionen la situación en Najaf, donde se refugia Sadr. “El caso de Sadr debe ser tratado por las autoridades religiosas de Najaf”, afirmó. En Faluja, el general Mohammad Latif, ex oficial del ejército de Saddam Hussein que ahora comanda la brigada de Faluja a pedido de Estados Unidos, afirmó que no había combatientes extranjeros en esa ciudad sunita rebelde, donde parecía retornar la calma tras la retirada progresiva de infantes de marina a partir del viernes pasado. Un traductor iraquí que trabajaba para el ejército estadounidense murió durante un ataque en Mosul, según la policía iraquí.

* De El País de Madrid. Especial para Página/12.