EL MUNDO
› LA CORTE CHILENA DECIDE SI UNA JUEZA LESBIANA PUEDE CONSERVAR A SUS HIJAS
La madre de todas las batallas
El ex marido de la jueza pretende sacarle la patria potestad de las tres hijas en común por su condición de lesbiana. Ahora las niñas están con el padre. Tras largas idas y vueltas judiciales, el caso llegó a la Corte Suprema y se convirtió en un tema central de debate en Chile.
› Por Andrea Ferrari
La Corte Suprema chilena debe decidir en los próximos días si una mujer puede recuperar la tenencia de sus tres hijas. Lo que podría ser un caso privado se convirtió sin embargo en un tema de debate nacional, donde opinaron políticos, psicólogos, juristas, expertos de varias universidades y hasta obispos. Sucede que la mujer en cuestión es jueza y también es lesbiana, condición que ha reconocido públicamente, desatando un vendaval en la conservadora sociedad chilena. Mientras la Iglesia, que aún está digiriendo el impacto de la aprobación del divorcio, puso el grito en el cielo, la opinión pública aparece dividida sobre el centro del debate: si la jueza puede criar a sus hijas como siempre lo hizo o si –como argumenta su ex marido, que viene logrando retener la tenencia de las niñas– su opción sexual significa un obstáculo.
El caso de Karen Atala, jueza de la localidad de Los Andes, concita la atención de los medios chilenos desde hace unos de meses, aunque el conflicto empezó dos años atrás. “Ella y su marido, Julio López, acordaron separarse después de que tomaran conciencia de la homosexualidad de ella a través de una terapia –revela un allegado a la jueza que prefiere no ser mencionado–. En ese momento estaban de acuerdo en que ella conservara la patria potestad y las tres hijas de la pareja, de 4, 6 y 9 años, siguieran viviendo en su casa”.
La situación explotó después de que Atala iniciara una relación con otra mujer, una reconocida historiadora, con quien empezó a convivir. En enero de 2003, Julio López –quien es defensor público– solicitó la tutela de las nenas, argumentando que el ambiente generado en la casa materna no era el propicio para ellas. En un primer momento tuvo éxito, ya que logró a través de una medida cautelar que le otorgaran la tenencia. Sin embargo, poco después, un juzgado de Villarrica falló en contra y ordenó la restitución, considerando que no había ningún impedimento para que la madre ejerciera la patria potestad. López apeló y logró que la restitución no se hiciera efectiva. Sin embargo, la Justicia nuevamente le fue adversa. El 30 de marzo, la Cámara de Apelaciones de Temuco emitió un extenso fallo para el que solicitó numerosas pericias e informes y en el que discutió los conceptos de familia, de homosexualidad y hasta del “mal ejemplo” y concluyó que la opción sexual de la madre “no constituye una causal de inhabilidad”, por lo cual le concedió la guarda.
Palabra de expertos
Una de las expertas consultadas fue Soledad Larraín, psicóloga de la Universidad de Chile, a quien se le encargó un informe sobre los efectos que puede tener en las niñas la convivencia con una pareja del mismo sexo. “En este país no hay estudios sobre el tema –explicó Larraín a Página/12–, sin embargo yo recopilé un buen número de investigaciones de otros países, como los realizados en Estados Unidos por la Asociación de Psicología Americana o en España por la Universidad de Sevilla. En general, la gran mayoría de los estudios son contundentes en señalar que no hay impacto negativo en niños por el hecho de vivir con padres homosexuales. Más bien el impacto puede tener que ver con la separación. También se consultó a otras universidades, como la Católica, y todos los informes son coincidentes. Se muestra que no hay diferencias en niños que viven con parejas homosexuales en cuanto a rendimiento escolar, sociabilidad o relación con los padres.”
También le solicitaron al Servicio Nacional de la Mujer que proveyera un informe sobre el concepto de familia. “Se referían al concepto consensuado por la Comisión Nacional de la Familia, creada en 1994 durante el gobierno de Patricio
Aylwin, donde estaban representados todos los sectores de la sociedad, los más conservadores y los más progresistas –contó a este diario Patricia Silva, jefa del departamento de situación jurídica del Servicio Nacional de la Mujer–. La familia se definió allí como un grupo social unido entre sí por vínculos de cosanguineidad, filiación y de alianza, incluyendo las uniones de hecho cuando sean estables.” Es decir que no se mencionó la heterosexualidad ni el matrimonio.
Las nenas fueron escuchadas por los jueces y expresaron el deseo de vivir con su madre. Según las pericias realizadas, no se constató que estuvieran afectadas por la relación de su mamá. Todo esto fue considerado por los jueces que terminaron fallando a favor de Atala. Y sin embargo, la restitución nuevamente no se produjo: el padre presentó un recurso de queja ante la Corte Suprema y el pasado 7 de abril la Sala Cuarta de ese cuerpo suspendió la entrega de las nenas hasta tanto se expida sobre la cuestión de fondo.
Todos opinan
En el transcurso de todo este proceso judicial, medio Chile opinó sobre la cuestión. Si bien la Conferencia Episcopal no se pronunció como tal, varios representantes de la Iglesia salieron a cuestionar la situación. Uno de ellos, el arzobispo de Concepción, Antonio Moreno, sostuvo que “no es indiferente que un niño sea criado en un medio heterosexual o en un medio homosexual. Esto último trae alteraciones, anormalidades psíquicas y, por lo menos, una desorientación en cuanto a la sexualidad del menor”.
A su vez, la Democracia Cristina sacó una declaración donde sostenía que el entorno en el que tienen que desarrollarse los niños debe corresponder a “patrones de naturaleza normal”. Un diputado de ese partido, Patricio Cornejo, llegó a pedir que la jueza se inhabilitara de todos aquellos casos que involucran a personas homosexuales, pues “podría estar influida y eso la hace vulnerable”.
Pero los jueces también tenían lo suyo para decir: la Asociación de Magistrados emitió un comunicado donde advierten que “sería lamentable que se iniciara una especie de persecución contra la jueza Atala. Las opciones, preferencias o pensamientos que en forma privada tenga un juez no lo inhabilitan para cumplir su función ante la judicatura”.
También la gente se manifestó a través de cartas a los diarios, debates y encuestas, mostrando posiciones encontradas. “En la primera semana la opinión pública fue bastante dura, contraria a entregarle la tuición a la madre –cuenta Patricia Silva–, pero ahora da la impresión de que lo hubieran pensado y que se hace un análisis de con quién están mejor los hijos.”
“Hay un discurso conservador que sigue apelando a una familia biparental y heterosexual, pese a que casi el 50 por ciento de los niños nace fuera del matrimonio –sostiene la psicóloga Larraín–. Y hay otro discurso levantado desde el derecho de los niños que dice que va a ser negativo para ellas, pero creo que también hay un sector importante de la población que apoya a la madre en cuanto a su elección de opción sexual. Es un debate muy importante.”
La jueza, entre tanto, prefirió el silencio. Su posición fue asentada en un escueto comunicado dado a conocer por su abogado, Juan Pablo Olmedo, donde sostiene que “el hecho de ser y asumirse distinta no altera ni afecta sus sentimientos de amor hacia sus seres más queridos y preciados, sus hijas, lo que le ha dado la fortaleza para obrar con transparencia hacia ellas y su familia y afectos más cercanos” y afirma confiar “plenamente en la Justicia”. Ahora la palabra la tiene la Corte.
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