La creciente tensión política en México tomó un rumbo judicial después de que la Fiscalía le solicitara al Congreso iniciar un juicio de desafuero contra el alcalde capitalino, el izquierdista Andrés López Obrador, quien denunció que se busca bloquear su eventual candidatura a los comicios presidenciales. Pero el gobierno del presidente Vicente Fox –del que depende la Fiscalía– negó que el caso persiga objetivos políticos o afectar a López Obrador, puntero en las encuestas de intención de voto con miras en las elecciones de 2006.
“La Procuraduría General (PGR, Fiscalía) ha actuado respondiendo estrictamente a los tribunales, esto no es una ocurrencia del Ejecutivo ni tiene que ver con la contienda política”, dijo a la prensa el secretario de Gobernación (Interior), Santiago Creel, contradiciendo las declaraciones del alcalde. La PGR solicitó el lunes a la Cámara de Diputados que iniciara el proceso contra López Obrador, alegando que el alcalde incurrió en abuso de autoridad y desoyó un fallo de la Justicia que lo obligaba a devolver a una empresa un predio de 15 hectáreas expropiado en 2000 por la alcaldía para construir vialidades. El jefe del gobierno capitalino, del Partido de la Revolución Democrática (PRD, izquierda), mantiene desde hace varios meses una polémica con la administración Fox, con denuncias de complots y supuesta corrupción. López Obrador señaló ayer que la decisión de la Fiscalía de solicitar su desafuero busca bloquear su eventual candidatura y “subraya la intención del gobierno” y del oficialista Partido Acción Nacional (PAN, centroderecha) de ganarle electoralmente “por las malas”. El jefe del gobierno capitalino añadió que comparecerá ante la Cámara de Diputados para defenderse de los cargos que le formula la PGR. “Estoy tranquilo, he actuado conforme a la ley y no voy a caer en provocaciones”, enfatizó.
El también opositor Partido Revolucionario Institucional (PRI) tiene mayoría relativa en el Congreso bicameral, donde el PAN es la segunda fuerza y el PRD la tercera. Si el Parlamento le retira el fuero constitucional, López Obrador deberá enfrentar un proceso penal y quedará inhabilitado para aspirar a cualquier cargo de elección popular, señalaron expertos juristas. Los analistas señalan que la determinación de la Fiscalía supone un nuevo eslabón en la cadena de disputas entre el Gobierno y el PRD y el PRI, en el contexto de la precampaña con miras a los comicios de 2006.
“Más allá de que el Congreso declare procedente la petición de la PGR, creo que asistimos a un nuevo capítulo de las tensiones políticas internas, con el peligro de que se esté politizando la justicia y judicializando la política”, declaró el analista Gabriel Gutiérrez, profesor universitario de ciencias políticas y experto en las relaciones entre el gobierno y el Congreso. El enfrentamiento político tiene divididos a los mexicanos sobre quién tiene la razón, señaló ayer una encuesta de la consultora Mitofsky. El sondeo indica que el 25,5 por ciento de los entrevistados le da la razón a López Obrador y un 24,5 por ciento a Fox. El 27,1 por ciento considera que ninguno tiene la razón y el 10,1 por ciento dice que ambos. El 32,4 por ciento de los entrevistados considera que el alcalde “es más sincero al hablar”, mientras un 31,4 por ciento cree que Fox es más creíble.