Por Pilar Bonet *
Desde Moscú

La imagen política del presidente de Rusia, Vladimir Putin, comienza a deteriorarse en su propio país apenas cuatro meses después de su triunfal reelección para un segundo mandato. El motivo no es el autoritarismo, que en Rusia deja indiferente a la mayoría, sino una sorprendente incompetencia y la falta de claridad sobre su estrategia.
En las últimas semanas, la administración rusa, que nada en la abundancia gracias al precio del crudo, está consiguiendo indisponer en contra suya a vastos sectores de la sociedad. Los jubilados, inválidos y sectores más desprotegidos están alarmados ante la drástica ley de abolición de prestaciones sociales que el Parlamento ha aprobado en primera lectura. Las regiones comparten la alarma ante la misma ley, porque ésta ha sido utilizada por el gobierno para transferirles gastos y quitarles competencias. Los bancos que desean actuar con transparencia están irritados porque el Banco Central se resiste a publicar la lista de las instituciones bancarias fiables y por lo tanto mantiene a todas en su conjunto bajo sospecha. Los inversores y empresarios siguen con desconcierto cómo avanza la operación de acoso y derribo contra la compañía petrolera Yukos, considerada un ejemplo de eficacia hace un año. Los jóvenes y padres, por su parte, están preocupados por un proyecto de ley, con el que se quiere restringir drásticamente las prórrogas para el servicio militar. La sociedad rusa no expresa su insatisfacción al unísono sino de forma compartimentada, mientras los canales de televisión estatales, férreamente controlados por el Kremlin, entonan loas al régimen. Y la situación puede empeorar en el futuro, porque un prestigioso programa de debate en directo en la cadena NTV (Libertad de Expresión, de Savik Schuster) podría dejar de existir. Hace poco, el programa, que tiene una audiencia record, abordó la polémica reforma social, pero los miembros del gobierno y de Rusia Unida, el partido de los seguidores de Putin mayoritario en la Duma estatal, declinaron la invitación. A la hora de explicar a los rusos los temas esenciales de la política del país es cada vez más frecuente que los dirigentes se escondan o se limiten, como Putin, a pronunciar palabras que suenan bien, pero que poco tienen que ver con la realidad. De creer a la propaganda oficial, Rusia es un ejemplo de estabilidad. Pero basta atisbar detrás de esta superficie para ver otra realidad.
Las encuestas comienzan a reflejar el nuevo estado de ánimo. Por primera vez desde el comienzo de su segundo mandato, la popularidad del líder ha descendido por debajo del 50 por ciento, según un sondeo de la Fundación Opinión Pública difundido el miércoles. La popularidad de Putin, que era de un 56 por ciento en marzo, bajó tres puntos, de 51 a 49 por ciento, en el plazo de una semana, según el sondeo realizado entre 3000 personas en 200 localidades. También el centro analítico de Yuri Levada constata un deslizamiento de la imagen presidencial. Putin, que en marzo tenía el apoyo de un 86 por ciento de los ciudadanos, ha bajado hasta un 72 en junio. Los sectores humildes, pero también las elites de la clase media, que se consideraban como un puntal del presidente, se han enfriado respecto del líder, según Leonid Sedov. El sociólogo constataba la misma tendencia en regiones como Siberia, donde ha habido impagos salariales y huelgas. Hoy pocos son los que plantean preguntas molestas al presidente y las ocasiones de hacerlo se han restringido. La administración presidencial no planea por el momento celebrar la tradicional y espectacular conferencia de prensa en la que Putin, antes de las vacaciones veraniegas, respondía a los periodistas invitados desde toda Rusia. La causa es que “hay demasiadas preguntas a las que el presidente no puede responder”, según fuentes del Kremlin.
La ley sobre la abolición de prestaciones sociales es tal vez lo que está causando un malestar más generalizado a medida que los rusos se dan cuenta de lo que se les avecina. El presidente del consejo municipal de veteranos de Moscú, en nombre de más de 2,4 millones de jubilados, se ha dirigido al jefe del Parlamento, Boris Grizlov, para expresarle su “amarga decepción” y advertirle que Rusia Unida deberá afrontar todas las consecuencias políticas de la medida. Los diputados independientes de la Duma, una quincena de legisladores de diferentes tendencias pero unidos por su oposición a Rusia Unida, han pasado al contraataque y han comenzado a relacionar los privilegios de la nueva elite rusa (residencias de vacaciones, coches oficiales, tratamientos médicos caros, departamentos regalados) con los planes para abolir las prestaciones para las categorías más desvalidas. ¿Por qué los gobernantes pueden mantener y aumentar sus privilegios y los gobernados más débiles deben renunciar a sus derechos?, preguntan.

* De El País de Madrid . Especial para Página/12.