Los panfletos aparecidos estos días sobre una conspiración golpista han sumido a los bolivianos en la incertidumbre a dos días de que se celebre el referéndum que, supuestamente, definirá la política energética y el futuro de la gran reserva de gas natural que posee Bolivia, el país menos desarrollado de la región. La policía desmintió ayer que tuviera indicios sobre el eventual plan contra el gobierno de Carlos Mesa.
Sin embargo, las medidas de seguridad militar dispuestas alrededor de la Casa de Gobierno y la advertencia del defensor del Pueblo, Waldo Albarracín, a los presuntos subversivos sobre las consecuencias de sus intentos de romper el sistema democrático, dejaron muy preocupados a los ciudadanos, que no olvidan la experiencia de la asonada de octubre del año pasado. El periódico La Razón, de La Paz, citó las declaraciones del comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, almirante Luis Aranda, que ratificó la vocación democrática de la institución, pero dejó traslucir que algunos sectores de militares retirados están descontentos con la actual coyuntura boliviana. Otros medios no descartan la habilidad conspiradora de algunos partidos de derecha y centro-derecha que han sido desplazados del poder.
Mesa convocó un referéndum vinculante, el primero en 73 años, para que sean los bolivianos los que decidan la política energética. Pero, según analistas y adversarios políticos, las principales determinaciones que la ciudadanía debía de asumir (por dónde exportar, si quiere exportar, el gas) no están incluidas en las preguntas, que desataron una fuerte polémica. Los líderes sindicales exigen la nacionalización.
El secretario ejecutivo de la Confederación Sindical Unica de Trabajadores Campesinos de Bolivia, el indígena aimara Felipe Quispe, ha reiterado en las últimas horas su decisión de oponerse a la consulta popular con bloqueos, movilizaciones e incendio de urnas. “El referéndum nos cuesta mucha sangre; nosotros hemos estado dos meses en huelga de hambre pidiendo la nacionalización, industrialización y comercialización del gas”, dijo Quispe, que cuenta con el apoyo de los dirigentes sindicales de la Central Obrera Boliviana y la Central Obrera Regional de El Alto, que en octubre de 2003 se levantó contra el gobierno de Gonzalo Sánchez de Lozada. El gobierno, que mantiene el diálogo como único instrumento de solución de los interminables conflictos sociales, carece de apoyo de los partidos políticos en el Parlamento.

* De El País de Madrid. Especial para Página/12.