Los abogados chilenos Carmen Hertz y Alfonso Insunza tiraron la primera piedra, ayer, al iniciar una querella por fraude contra el ex dictador Augusto Pinochet, tras el descubrimiento de sus cuentas secretas en Estados Unidos. Le siguió el Consejo de Defensa del Estado, que actúa como fiscalía autónoma del gobierno chileno, al acordar presentar una denuncia ante el Poder Judicial por esas cuentas. Ante el avance de las investigaciones, los abogados defensores de Pinochet dijeron desconocer “el origen” de las cuentas secretas encontradas en el Banco Riggs, mientras que el presidente Ricardo Lagos aseguró que “nadie está por encima de la ley”. Incluso la ex ministra de Justicia del régimen militar y pariente del ex dictador dudó del origen legal de dichos fondos.
“Es necesario que la Justicia chilena investigue la cantidad de ilícitos que Pinochet ha cometido”, dijo la abogada Hertz, al entregar su demanda en la Corte de Apelaciones de Santiago. Hertz e Insunza son dos de los siete abogados que hace cuatro años lograron abrir un primer proceso contra el general Pinochet, por casos entre los más de 3000 muertos y desaparecidos que dejó su régimen en los ochenta. El juicio, sin embargo, fue archivado por la Corte Suprema en julio de 2002, al considerar que el ex dictador, de 88 años, padece una demencia moderada que le impide defenderse ante los tribunales.
La nueva querella fue presentada cinco días después de que una comisión del Senado de Estados Unidos revelara que Pinochet mantuvo cuentas secretas en el Riggs Bank de Washington, con depósitos que variaron entre cuatro y ocho millones de dólares. Esos informes, según la abogada Hertz, “dejan en evidencia que Pinochet ha sido y ha podido ser sujeto de transacciones bancarias y comerciales y, sin embargo, no puede ser sujeto procesal en Chile por una supuesta locura o demencia”. Algunas de las remesas de dinero que Pinochet depositó en el Riggs Bank, entre 1994 y 2002, fueron enviadas desde Londres después de ser detenido en octubre de 1998, cuando el juez español Baltasar Garzón intentó sin éxito obtener su extradición, según los informes de los senadores estadounidenses.
“Este dinero es de donaciones y de sus ahorros personales”, aseguró el hijo menor del ex dictador, Marco Antonio Pinochet, en declaraciones a Radio Agricultura. La hija mayor del retirado general, Lucía Pinochet, dijo, por su parte, que su padre “está muy mal, muy ido” y que no logra recordar las cosas.
“No tengo ningún antecedente para establecer el origen de estas cuentas ni los fondos que se depositaron en estas cuentas”, admitió el abogado Pablo Rodríguez, después de una reunión que celebró el equipo jurídico que asesora al general Pinochet. La reunión del equipo jurídico de Pinochet se efectuó mientras la Corte de Apelaciones de Santiago designaba al juez Sergio Muñoz, para que resuelva si acoge la querella por fraude.
“Pinochet ha cometido delitos contra los intereses generales de al menos tres países: Chile, España y Estados Unidos, y un delito de fraude contra los familiares de las víctimas de sus crímenes, que nos apersonamos ante la Justicia española”, afirmó Hertz.
El juez Garzón buscaba procesar a Pinochet en España por la desaparición de españoles en Chile, pero el gobierno británico lo liberó del arresto en Londres por razones humanitarias, al cabo de 17 meses. Tres días después de su regreso a Chile, en marzo de 2000, el juez Juan Guzmán Tapia pidió a las Cortes privar de su fuero al ex dictador, para someterlo al juicio que reclamaban los abogados de organizaciones humanitarias, por los crímenes de la “Caravana de la Muerte”. La Corte Suprema acogió la petición y Pinochet fue acusado de ordenar 75 asesinatos y secuestros cometidos por esa comitiva militar que recorrió el país en octubre de 1973, al mes siguiente del golpe que lo instaló en el poder. Una de las víctimas de la “caravana” fue el esposo de la abogada Hertz, el periodista Carlos Berger, condenado inicialmente a 40 días de prisión por un consejo de guerra, y fusilado junto a otros 25 prisioneros el 19 de octubre de ese año en Calama.El presidente Lagos aseguró que “nadie en Chile está por encima de la ley”, en declaraciones durante su visita a Estados Unidos en la sede de la ONU en Nueva York. A la querella presentada ayer se sumó la denuncia del Consejo de Defensa del Estado, el cual, según Lagos, “está investigando lo que son los elementos de juicio que han surgido como resultado de la investigación en el Congreso de Estados Unidos”. La directora del Consejo de Defensa estableció que los hechos presentan “caracteres de delito” que podrían ser configurados como “evasión tributaria o fraude al fisco”. A diferencia de la querella criminal de Hertz e Insunza, esta denuncia debe ser aprobada por un juez, y recién entonces se procedería a un juicio. En caso de que el juez designado para la causa estableciese que existen razones para procesar a Pinochet, primero deberá privarlo de su fuero, acción que debería ser aprobada por la Corte Suprema.
Por otro lado, Mónica Madariaga, nieta de la tía abuela del ex jefe militar, y ministro de Justicia durante el régimen militar, puso en duda la legalidad de las cuentas descubiertas. “En 42 años de trabajo logré juntar entre 50 y 100 millones de pesos, que estoy gastando en mi enfermedad (un cáncer). Nadie puede juntar ocho millones de dólares con un sueldo de empleado público”, afirmó.