Es demasiado tarde. Un juez federal de México declaró que prescribió el delito de genocidio que un fiscal le imputó al ex presidente Luis Echeverría por la muerte de decenas de estudiantes en una manifestación de 1971. El fiscal especial mexicano encargado de la “guerra sucia”, Ignacio Carrillo, dijo ayer que apelará el fallo. La oficina de la fiscalía especial para los delitos del pasado “agotará todos los recursos legales procedentes, entre otros, el de apelación, que interpondremos en los próximos tres días”, señaló Carrillo en rueda de prensa.
El abogado defensor del ex mandatario, Juan Velázquez, consideró que la sentencia de no conceder el arresto de Echeverría es una prueba de independencia judicial. “Yo diría que como mexicano he vivido por primera vez el cambio, porque esto que sucedió hoy (por ayer), a mí me parece que en uno de los regímenes anteriores no hubiera sucedido”, aseguró el abogado al conocer el fallo. Según la defensa de Echeverría, en los hechos de 1971 “no hubo genocidio, pero aun suponiendo que ese absurdo se hubiese dado, en aquella época había un plazo de 30 años para que prescribieran” los delitos, lo que habría sucedido el 10 de junio de 2001, apuntó Velázquez. Sin embargo, Carrillo insistía en que en este caso se aplicaba la imprescriptibilidad de los crímenes, porque México firmó en 1966 –sin reserva alguna– el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. El argumento del juez federal César Flores, para desechar la solicitud del fiscal, se basó en que el delito de genocidio “ya prescribió”, señaló Eduardo Maldonado, portavoz de Carrillo.
Carrillo entregó el jueves un voluminoso expediente en el que fundamentaba su acusación contra el ex presidente, quien según el fiscal es responsable de una matanza de estudiantes en 1971. El 10 de junio de ese año, una manifestación de miles de estudiantes en la capital mexicana fue disuelta violentamente por las fuerzas de seguridad, entre las cuales había un grupo paramilitar denominado Los Halcones, con un saldo de “decenas” de muertos, según el fiscal. Además de Echeverría, el fiscal solicitaba que incluyera en el mismo proceso al ex secretario de Gobernación Mario Moya Palencia, al ex procurador Julio Sánchez Vargas, y a otros responsables de seguridad de la época. Para acusar de “genocidio” a Echeverría y pedir su detención, el fiscal Carrillo se basó en una sentencia de la Suprema Corte de Justicia de México que habilitó en 2003 la entrega a España del militar argentino Ricardo Miguel Cavallo, requerido por violaciones a los derechos humanos en la Argentina. En aquella sentencia, la Corte determinó que el genocidio es un ilícito imprescriptible.
Echeverría fue un mandatario contradictorio que ejerció la mano dura contra la disidencia de su país, pero abrió los brazos a los izquierdistas del exterior. La contradicción política de Echeverría fue resumida en un mitin por un opositor que exigió al mandatario en una pancarta que aplicara su política exterior en México. Echeverría ejerció el poder las 24 horas del día; era conocido por su hiperactividad. La disciplina que aplicaba a sí mismo también la hizo extensiva a sus cercanos colaboradores hasta el punto de que sólo uno de cada tres altos funcionarios concluyó el mandato presidencial. Es considerado por los analistas como uno de los personajes oscuros de la política mexicana y uno de los artífices del sistema autoritario implantado por el Partido Revolucionario Institucional (PRI), que gobernó el país hasta el año 2000 y fue sacado del poder mediante el voto.
Era secretario de Gobernación cuando en 1968 el ejército reprimió violentamente una marcha estudiantil en la plaza capitalina de Tlatelolco, con un saldo de decenas de muertos. Su lealtad al entonces presidente Gustavo Díaz Ordaz le fue recompensada con la presidencia del país, que asumió en 1970. El inicio de su gestión estuvo marcado por los cuestionamientos a su actuación en la matanza del 2 de octubre de 1968. Un año después de haber asumido la Presidencia fue la represión de la manifestación estudiantil por la cual la Fiscalía Especializada en Movimientos Sociales y Políticos del Pasado, creada hace dos años por elpresidente Vicente Fox, solicitó su arresto esta semana. El entonces presidente actuó con mano dura contra los movimientos armados. La “guerra sucia” contra la guerrilla dejó medio millar de muertos entre civiles y miembros de las fuerzas del orden y cientos de desaparecidos.