“Un sueño que se hizo realidad.” Así calificó el secretario general de las Naciones Unidas, Kofi Annan, a la Corte Penal Internacional (CPI) que quedó formalmente establecida ayer, luego de que diez países se sumaran a la ratificación del Estatuto de Roma. Bosnia, Bulgaria, Camboya, República Democrática del Congo, Irlanda, Jordania, Mongolia, Níger, Rumania y Eslovaquia confirmaron el tratado que establece la creación de la CPI y así se alcanzó un total de 66 países, seis más del mínimo requerido para que la Corte comience a funcionar.
Tal como adelantó Página/12 ayer, la CPI, que tendrá su sede en la ciudad holandesa de La Haya, entrará en vigor el próximo 1° de julio. Se calcula que podrá iniciar los primeros juicios a partir del 2003.
“La humanidad ya no será por más tiempo un testigo indefenso de atrocidades, porque aquellos que se vean tentados a cometer estos crímenes sabrán que la justicia los estará esperando”, dijo Annan desde Roma, la ciudad donde se firmó el tratado original, en 1998. Hubo festejos en Italia y Nueva York. En la ceremonia que se realizó en Estados Unidos, el asesor legal de las Naciones Unidas Hans Corell aseguró que “se está dando vuelta una página en la historia de la humanidad”. La agrupación defensora de los derechos humanos Human Rights Watch calificó la creación de la corte como un “evento histórico”.
La CPI –ratificada por Argentina el 8 de febrero de 2001– será el primer tribunal permanente que juzgará el genocidio, crímenes de guerra y de lesa humanidad que se cometan en el futuro. A diferencia del Tribunal Internacional de Justicia de La Haya y de la Corte Interamericana de Derechos Humanos juzgará a personas, no a Estados.
El tribunal cuenta con el respaldo de la Unión Europea, pero con la oposición de Rusia, Israel, China, Japón, varias naciones árabes –Jordania fue la primera en ratificarlo ayer– y Estados Unidos.
“Estados Unidos no es ni será parte del tribunal internacional”, dijo a la prensa Pierre Prosper, embajador para temas de crímenes de guerra del Departamento de Estado. El ex presidente norteamericano Bill Clinton firmó el tratado justo antes de abandonar su cargo, pero el Congreso nunca lo ratificó y el ala más conservadora del Parlamento quiere que el presidente George W. Bush revoque la firma.
En 1948, la Asamblea General de la ONU aprobó la Convención para la Prevención y Castigo del Crimen de Genocidio que, entre otras cosas, solicitaba la creación de un órgano judicial internacional para juzgar a los acusados de este delito. Posteriormente, se aprobaron tribunales internacionales ad hoc para casos concretos –Yugoslavia y Ruanda–, pero no se avanzó respecto a uno permanente. En 1998 en Roma, con el empuje de la Unión Europa y Canadá, una conferencia internacional aprobó el estatuto de una futura CPI permanente por 120 votos a favor, siete en contra (EE.UU., China, Israel, Filipinas, India, Sri Lanka y Turquía) y veintiún abstenciones. En setiembre se realizará una asamblea de los países firmantes del tratado, junto con varias organizaciones no gubernamentales y con observadores internacionales para discutir un presupuesto para la Corte y el procedimiento de elección de jueces y fiscales.