Por Pilar Lozano *
Desde Bogotá

La reacción temprana de Colombia y de Estados Unidos a una información del semanario Newsweek –que cita un informe del Departamento de Defensa de 1991 en el que se vincula al presidente Alvaro Uribe con el cartel cocainero de Medellín– minimizó los efectos negativos que esta información puede tener para el gobierno. El gobierno colombiano emitió un comunicado para salir al paso del reportaje diciendo que la información difundida contra el presidente Alvaro Uribe es la misma que se hizo durante su campaña presidencial. Según esa información, Uribe forma parte de una lista de personas vinculadas al narcotráfico.
“Es un político colombiano dedicado a colaborar con el cartel de Medellín en los altos círculos del gobierno, (...) fue vinculado a una empresa involucrada con el narcotráfico en EE.UU., (...) ha trabajado con el cartel de Medellín y es amigo cercano de Pablo Escobar (jefe del cartel muerto en l993)”, dice el documento del Departamento de Defensa de EE.UU. desclasificado por solicitud de una ONG. Uribe es el número 82 de una lista de 106 personas supuestamente vinculadas al narcotráfico, en la que figuran abogados, sicarios y testaferros de la mafia, pero también personas inocentes como el comerciante Alberto Jazbum, injustamente acusado de la muerte del candidato presidencial Luis Carlos Galán, asesinado por la mafia. A Jazbum el gobierno lo indemnizó al comprobarse su inocencia. Durante toda la campaña presidencial, el tema de los vínculos de Uribe con la mafia y los paramilitares fue recurrente. Uno de sus mayores detractores, el candidato liberal Horacio Serpa, llegó a acusarlo ante la Justicia pero después se convirtió en su embajador ante la OEA. Joseph Contreras, el periodista firmante del artículo de Newsweek, ya escribió un libro titulado El señor de las sombras; no mostró sin embargo pruebas sobre el supuesto pasado oscuro del mandatario.
El comunicado del gobierno asegura que Uribe llegó al Congreso con el aval del Partido Liberal y no por el movimiento que convirtió en congresista a Pablo Escobar. Asegura también que el padre del presidente murió asesinado por las FARC en un intento de secuestro y no como dice el documento estadounidense por su conexión con la mafia. Contreras reconoció que el informe tiene errores –uno de ellos el relacionado con la muerte del padre del presidente–, pero que en un 96 por ciento es cierto.
La inclusión de datos falsos y las declaraciones de funcionarios norteamericanos que lo desestiman por ser “no evaluado” le bajaron calor al debate. Contreras aseguró que se decidió a escribir el artículo por la preocupación que existe en Estados Unidos con el proceso de paz con los paramilitares y la participación en él de varios narcotraficantes. En medio de la polémica el gobierno dio ayer un ultimátum a dos bloques paramilitares, enfrascados desde hace meses en una guerra que ha dejado centenares de muertos. Los bloques, Centauros y Autodefensas del Llano, deben desmovilizarse y ubicarse en los próximos días en un lugar determinado por el gobierno, de lo contrario saldrán del proceso de paz.

* De El País de Madrid. Especial para Página/12.