Una orden para que la policía investigara los bienes que posee en Chile el ex dictador Augusto Pinochet fue anulada ayer por la Corte de Apelaciones de Santiago, que acogió una petición de sus abogados defensores. Sin embargo, esta resolución no afecta la causa que lleva el juez Sergio Muñoz, quien investiga las cuentas millonarias de Pinochet en Riggs Bank de Estados Unidos.
La Corte dejó sin efecto la resolución del juez Juan Guzmán Tapia, que deseaba tener un informe sobre las propiedades de Pinochet. Esto implica que el magistrado –a cargo de los casos Caravana de la Muerte, Calle Conferencia y Operación Cóndor– no podrá perseguir la responsabilidad civil de Pinochet en esos juicios, tal como pretendían los abogados querellantes. En forma paralela a los procesos que tiene en sus manos el juez Guzmán Tapia, por violaciones a los derechos humanos, el magistrado Sergio Muñoz investiga el origen de las cuentas secretas que Pinochet mantuvo en Estados Unidos, reveladas el pasado 15 de julio por una comisión del Senado de ese país. En su dictamen de ayer, la Corte de Apelaciones aceptó los argumentos de la defensa de Pinochet, según los cuales el juez Guzmán Tapia no puede continuar sus investigaciones, porque la Corte Suprema archivó un proceso anterior que dirigió el magistrado por algunos de los 3 mil muertos y desaparecidos que dejó la dictadura. El tribunal de apelaciones también aceptó el criterio de que dos investigaciones paralelas sobre los bienes de Pinochet crearían un panorama demasiado “complejo”, por lo que resulta preferible que sea el juez Muñoz quien prosiga en esa línea.
“Con esto se cierra una puerta importante para poder hacer efectiva la responsabilidad civil de Pinochet” (pago de indemnizaciones), dijo el abogado Hugo Gutiérrez, representante de los familiares de las víctimas de la Operación Cóndor y otros crímenes atribuidos al régimen militar que estuvo en el poder desde 1973 hasta 1990. El jurista agregó: “Lo que nosotros no entendemos es que la defensa de Pinochet ha señalado que ellos quieren hacer una demostración pública de los gastos de Pinochet y resulta que se están oponiendo a que un tribunal investigue justamente el patrimonio. Judicialmente es una inconsecuencia”.
El juez Muñoz se propone interrogar a los hijos y a otros familiares del ex dictador, de 88 años, para determinar de dónde provinieron los recursos para los depósitos de entre 4 y 8 millones de dólares que los senadores estadounidenses detectaron en el Riggs Bank de Washington. El Servicio de Impuestos Internos y la Superintendencia de Valores y Seguros también iniciaron investigaciones para establecer si hay irregularidades tributarias en las cuentas y bienes de Pinochet. La Corte Suprema aceptó, en el 2002, que Pinochet no puede defenderse en un juicio porque padece una demencia moderada. La Corte de Apelaciones privó de su inmunidad a Pinochet en mayo para su posible enjuiciamiento por la Operación Cóndor. Esta decisión debe ser ratificada o anulada por la Corte Suprema.