Por Manuel Délano *
Desde Santiago

La Cámara de Diputados resolvió por 47 votos contra siete la creación de una comisión investigadora de las privatizaciones de empresas del Estado efectuadas durante la dictadura militar (1973-1990) y por 56 votos contra cuatro acordó que un grupo de parlamentarios viaje a Estados Unidos a obtener más antecedentes sobre las cuentas secretas que el ex dictador Augusto Pinochet tuvo en el banco Riggs de EE.UU., por entre cuatro y ocho millones de dólares. Ambas decisiones fueron tomadas en la sesión especial que la Cámara baja dedicó el miércoles a las cuentas secretas de Pinochet.
Durante la sesión, cuatro diputados oficialistas mostraron un letrero con una caricatura de Pinochet, donde aparecía escrito: “dictador, traidor, asesino... y siempre ladrón”. Un parlamentario democratacristiano afirmó que con las cuentas secretas, el general “entró al club de los dictadores ‘rascas’ (vulgares) y sinvergüenzas”. Más que replicar los ataques contra el ex dictador y del régimen militar, la derecha, que ahora busca despegarse de este aspecto del pasado y de su compromiso con la administración de Pinochet, prefirió criticar casos de presunta corrupción en el actual gobierno.
El acuerdo de investigar las privatizaciones de la dictadura señala que éstas provocaron una fuerte concentración de la propiedad y del ingreso, con el consiguiente perjuicio del patrimonio del Estado, y que sus ejecutores no asumieron la responsabilidad política al respecto. La decisión implica abrir la “caja de Pandora” de los negocios oscuros del pasado, que permitieron el enriquecimiento de personas y grupos en la dictadura, los cuales integran hoy las filas de la derecha. Sin embargo, los diputados no podrán avanzar más allá de la investigación y dejar un juicio histórico de sus resultados, salvo que el Congreso derogue una ley dictada en las postrimerías de la dictadura que impide presentar acusaciones constitucionales por hechos ocurridos antes de la reanudación de la democracia, en marzo de 1990. La comisión tendrá cuatro meses para presentar su informe y los funcionarios del Estado que sean citados por ella deben comparecer, mientras que otras personas no están obligadas a hacerlo. La Cámara baja también propuso legislar para que se sancione el enriquecimiento inexplicable de los funcionarios públicos.
Los diputados oficialistas resolvieron impulsar la creación de una comisión investigadora de las privatizaciones del régimen militar, después que en julio la derecha determinara apoyar una comisión investigadora de las cuentas secretas del ex dictador sólo si al mismo tiempo se formaba otra para investigar casos de presunta corrupción del actual gobierno.
El juez Sergio Muñoz interrogó el martes a los familiares directos del ex dictador Augusto Pinochet para determinar el origen de las cuentas secretas que éste mantuvo en el banco Riggs. Considerado un juez implacable, Muñoz extendió la investigación a toda la familia del ex dictador, incluidos nietos y parientes políticos, al pedir informes a las intendencias de bancos y de valores y seguros sobre las operaciones bursátiles y el patrimonio de Pinochet y 39 familiares desde 1973.
El magistrado interrogó durante tres horas a la esposa del general, Lucía Hiriart, y a sus tres hijas, Verónica, Jacqueline y Lucía, en las oficinas de la Jefatura de Inteligencia Policial y más tarde al hijo mayor, Augusto, en otra sede de la policía civil, faltando sólo que preste declaración el hijo menor, Marco Antonio. El fuero que tiene Pinochet en su condición de ex presidente impide al juez Muñoz citarlo a declarar. La diligencia no provocó una sola protesta de la derecha o del ejército, que en el pasado se solidarizaban con el ex dictador y sus familiares. El sueldo de Pinochet como militar y presidente no permite justificar cómo logró reunir diez propiedades junto con su esposa, cuya tasación oficial es de 1,3 millones de dólares. A su vez, cuatro de los cinco hijos delgeneral son propietarios de otros 12 terrenos o viviendas valoradas en 860.000 dólares (alrededor de 713.000 euros).
Entretanto, el consejo de administración del Riggs inició una investigación interna para esclarecer el papel que desempeñó el ex director y mayor accionista de la institución, Joe Allbritton, según informó el diario The Washington Post.

* De El País de Madrid. Especial para Página/12.