El 28 de enero, un ciudadano increpó al ex ministro Roberto Dromi. Unos minutos después, a dos cuadras del lugar, fue interceptado por personas de civil que se identificaron como miembros de la custodia del ex funcionario. El grupo retuvo al hombre durante una hora y lo mismo hizo con su documento, hasta que arribó un patrullero policial. El ciudadano presentó una denuncia por privación ilegítima de la libertad, pero el juez desestimó la presentación porque interpretó que los guardaespaldas tenían facultades para hacerlo. Ahora, el juez Fernando Luis Pigni y la fiscal Andrea Victoria Giudice fueron denunciados ante el Consejo de la Magistratura por mal desempeño de sus funciones.
El episodio, que pone en discusión nuevamente las atribuciones de guardaespaldas, custodios y personal de seguridad privada, no fue el único que se produjo alrededor de esa fecha, tras las grandes manifestaciones que comenzaron el 19 de diciembre. El protagonista en este caso fue Bernardo Alberte, hijo del ex secretario general del Movimiento Justicialista durante la dictadura de Juan Carlos Onganía. Alberte reconoció a Dromi cuando descendía de un automóvil en la intersección de Carlos Pellegrini y Juncal y lo acusó a gritos de ser “uno de los responsables del deterioro económico que había sufrido nuestro país”, como señaló en su denuncia.
La identificación del ex ministro de Obras Públicas de Carlos Menem provocó que se acercaran más personas para denostarlo, lo cual hizo que Dromi debiera refugiarse en el interior de un edificio. El episodio parecía haber terminado allí. Alberto se dirigió a su domicilio y al llegar a la plazoleta Rodolfo Ortega Peña, en Juncal y 9 de Julio, dos hombres que se trasladaban en un Volkswagen Passat celeste con la chapa tapada con un trapo lo interceptaron.
Los hombres se identificaron como miembros de la Policía Federal y de la custodia de Dromi, tomaron a Alberte de los brazos, le pidieron el documento nacional de identidad que éste les entregó y lo retuvieron allí durante una hora hasta que llegó un móvil policial a cargo de un subcomisario. Esta vez, el encargado de la custodia de Dromi se identificó como el suboficial auxiliar retirado Miguel Angel Maneti.
A partir de allí comenzaron las desinteligencias legales. Ese mismo día, el secretario del Juzgado en lo Correccional de turno, Walter Candela, ordenó que se recibiera la “exposición” de Alberte, aunque sin dar cauce a la denuncia. Pero al día siguiente el comisario encargado de la seccional 15 le informó que, tras escuchar detalles de los hechos en un programa radial, se habían iniciado acciones legales por el delito de privación ilegítima de la libertad.
La causa llegó a manos de la fiscal Andrea Victoria Giudice, quien solicitó la instrucción del sumario, pero al mismo tiempo adujo que “el encartado (Maneti), quien se desempeña como custodia, se encuentra autorizado, ante la conducta desplegada por el denunciante, a actuar como lo hizo” y por lo tanto debía desestimarse la denuncia por “inexistencia del delito”. En el siguiente día hábil, tras recibirse el expediente devuelto por la Fiscalía, en el juzgado, el juez Pigni desestimó las actuaciones “por inexistencia del delito”.
Si son ciertos los argumentos de la fiscal Giudice, respaldados por la resolución del juez Pigni, cualquier suboficial retirado de la Policía Federal que integre una custodia o equipo de seguridad privada estaría en condiciones de detener sin orden judicial a una persona y retenerle su documento de identidad. La detención de Alberte no se produjo en el lugar y en el momento en que Maneti estaba actuando como custodia, sino después de los hechos y a dos cuadras de distancia, por lo que no se puede decir que actuaba ante una presunta agresión contra su custodiado.
Ante la resolución del juez, quien “no advirtió que existe diferencia entre la conducta de un suboficial en actividad y uno en retiro” y su “conducta omisiva de no investigar”, Alberte elevó una presentación al Consejo de la Magistratura contra el juez Pigni por “mal desempeño de sus funciones”, al “actuar con prescindencia de la legislación y validar una detención ilegal”. Y pidió ante la Procuraduría General de la Nación la remoción de la fiscal Giúdice por las mismas razones.