En un histórico fallo, la Corte Suprema de Chile ratificó ayer la decisión del Tribunal de Apelaciones de Santiago que el 28 de mayo retiró el fuero a Augusto Pinochet. El ex dictador será juzgado por su presunta participación en la Operación Cóndor, realizada por las dictaduras del Cono Sur latinoamericano –Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay y Chile– en los años ’70, con el apoyo de Estados Unidos, para exterminar a militantes de izquierda. El fallo de la Corte de Apelaciones de Santiago de Chile –tomado por 14 votos contra 9– fue apelado por la defensa de Pinochet. Este es el tercer desafuero del ex dictador; los anteriores fueron por los 75 crímenes de la Caravana de la Muerte, caso en el que fue procesado y exonerado de responsabilidad penal por sufrir demencia senil. La noticia fue recibida con alegría desbordada por el casi medio centenar de familiares de desaparecidos durante la dictadura y de abogados especializados en la defensa de los derechos humanos que esperaban en el edificio desde primera hora de la mañana.
La hija mayor del ex dictador, Lucía Pinochet Hiriart, dijo que era una humillación y que sentía mucha pena porque su padre era un anciano, y no lo dejaban en paz. Por otro lado, la diputada socialista Isabel Allende, hija del presidente Salvador Allende, que se suicidó durante el golpe que instaló a Pinochet en el poder en 1973, reaccionó con “una enorme satisfacción por un hecho que demuestra que la Justicia se aplica a todos y que todos los ciudadanos son iguales”. El dictamen de la Corte Suprema estableció que existían “presunciones fundadas” de la participación de Pinochet en el centenar de asesinatos y desapariciones forzadas de opositores al régimen dictatorial chileno por la Operación Cóndor. La decisión de la Corte fue anunciada por el relator del tribunal, Juan Cristóbal Mera, quien dijo que los 17 jueces del máximo tribunal la adoptaron “después de analizar los alegatos que hicieron los abogados de la acusación y la defensa en una maratónica jornada de la víspera”. Cuatro de los magistrados sugirieron al juez instructor de las causas que, entre las primeras diligencias, “ordene exámenes psiquiátricos” al imputado. El ex dictador concedió el año pasado una entrevista a un canal de televisión de Miami por los treinta años del golpe militar en Chile, en el que se mostró lúcido; esa aparición y el caso de las cuentas secretas de Pinochet en el Banco Riggs de Washington, que probó que el acusado era capaz de realizar operaciones bancarias complejas, explican el cambio de opinión de la Justicia chilena.
El Pleno de la Corte Suprema –integrado por 17 jueces– tomó la decisión tras dos horas de deliberación y por 9 votos contra 8. Durante la audiencia, el abogado defensor Ambrosio Rodríguez insistió en la incapacidad mental de su cliente. El profesional mostró la carta de la periodista que lo entrevistó para el canal de televisión de Miami, en la que sostiene que éste mostró dificultad para recordar hechos y que se requirió un gran trabajo de edición para mostrar el reportaje. Recordó además que en el fallo anterior de la Corte se sobreseyó a Pinochet por demencia progresiva e incurable, por lo que ahora su cliente no podía haber mejorado. Adelantándose a los acusadores, dijo que su cliente declaró ante el juez Sergio Muñoz, que investiga sus cuentas secretas en el Banco Riggs, pero que eso no significa que esté capacitado para enfrentar un juicio.
Luego fue el turno de los seis abogados querellantes, quienes presentaron un análisis de psiquiatras en el que señalan que Pinochet no está demente, a la luz de la entrevista que dio al canal de Miami en la que Pinochet dijo que no se arrepentía de nada de lo que hizo como gobernante y que sus opositores deberían pedirle “perdón”. También recordaron que en mayo se vio a Pinochet comprando libros de historia en una librería de Santiago y que el acusado ya fue capaz de declarar ante el juez Muñoz y que realizó complejas operaciones bancarias en el Riggs, en el período en que había sido declarado demente. Al finalizar la sesión, Eduardo Contreras, abogado querellante, se mostró satisfecho por el fallo y consideró “que las huellas del ex gobernante están indelebles en cada crimen de la Operación Cóndor”.
“Creemos que este fallo ratifica el estado de madurez al que ha llegado la institucionalidad democrática en Chile”, dijo el chileno Juan de Dios Parra, secretario general de la Asociación Latinoamericana de Derechos Humanos, con sede en Quito. Consideró que Pinochet “ha demostrado que se encuentra perfectamente lúcido y que no tiene otras afecciones de salud que no sean las propias de la edad”. “Nadie puede eximirse de responder ante la Justicia por crímenes atroces como los que se juzgan en los casos de las víctimas de la dictadura chilena, sólo en razón de la edad”, afirmó. Julio Barriga, uno de los tres abogados querellantes contra Pinochet, dijo que la investigación sobre la Operación Cóndor “está muy avanzada” y que, para procesarlo, “el juez Guzmán sólo deberá tomarle declaración indagatoria”. Para Barriga, el desafuero de ayer sería “sólo para la causa en que se investiga la Operación Cóndor” y que en otras, como la de las cuentas secretas de Pinochet descubiertas en el Riggs Bank de Washington, “la Corte Suprema deberá dictar un nuevo desafuero”.