En el último trecho de la campaña electoral, las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) continúan su política de secuestros. Ayer le tocó el turno al gobernador del departamento colombiano de Antioquia, Guillermo Gaviria, a un ex ministro de Defensa y a un capellán que fueron raptados cuando encabezaban una marcha contra la violencia en el norte del país. A pedido del propio gobernador, la manifestación no era custodiada ni por el ejército ni por la policía. El presidente Andrés Pastrana condenó el secuestro y aseguró que, en el marco de la lucha contra la guerrilla y el narcotráfico, confía encontrar mecanismos para una lucha conjunta de su país y Venezuela contra los “enemigos comunes”. En el terreno, continuaron los enfrentamientos entre combatientes de las FARC y el ejército colombiano: diez guerrilleros murieron y 15 fueron detenidos.
El gobernador Guillermo Gaviria, el ex ministro Gilberto Echeverry y el capellán Carlos Yepes formaban parte de una marcha de 1200 personas que intentaba llegar al municipio de Caicedo, a 400 kilómetros al norte de Bogotá. De acuerdo con testigos, a poco de llegar a Caicedo miembros de las FARC interceptaron a los manifestantes y pidieron a una comisión, conformada por Gaviria, Echeverry, Yepes, el arzobispo Alberto Giraldo, dos obispos y el norteamericano Bernard Lafayette que fueran a hablar con un jefe de las FARC. Finalmente, cuatro miembros de la comitiva fueron dejados en libertad mientras que los tres restantes quedaron detenidos. El obispo del cercano municipio de Santa Fe de Antioquia, Monseñor Gómez, dijo que en la tarde del domingo “apareció el comandante local diciendo que tenía una orden del secretariado de las FARC y que en virtud de esa orden quedaba retenido el gobernador”. “El gobernador reaccionó y dijo que no podía aceptar una retención” a lo que le contestaron que “tenían que cumplir órdenes del Comando Central y no ceder en nada”, aseguraron.
Pastrana condenó el secuestro, pero responsabilizó al gobernador -”Gaviria conocía los riesgos que afrontaba”– por organizar una marcha que durante cinco días recorrió varios municipios de Antioquia, uno de los departamentos más afectados por los enfrentamientos con la guerrilla. “No hay seguridad que valga así pongamos a trabajar a todos los organismos de inteligencia, pero las recomendaciones que nos corresponde dar a nosotros como gobierno no están siendo seguidas”, aseguró el mandatario. Una prueba de esto fue el trascendido de que Gaviria –antes de partir el miércoles para la marcha– había dado instrucciones para que en caso de ser secuestrado, no se hicieran concesiones para su liberación.
La Oficina en Colombia del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos exigió ayer la liberación inmediata de Gaviria y de los otros secuestrados. La oficina que dirige Anders Kompass recordó en el mismo a las FARC “su obligación ineludible de respetar las normas del derecho internacional humanitario”.
Fuentes del ejército indicaron que cinco miembros de las FARC murieron en un combate cerca de la población de Dagua, en el departamento de Valle del Cauca (sudoeste). El enfrentamiento ocurrió en el marco de las operaciones que realizan alrededor de 3 mil militares para rescatar a 12 diputados de la asamblea legislativa de Valle del Cauca que fueron secuestrados el 11 de abril por las FARC en la ciudad de Cali, la capital de esa provincia. El ejército también informó que cinco miembros de esa organización armada fueron abatidos por las autoridades en los departamentos de Guaviare, Tolima, Meta, Cundinamarca y Putumayo, y que 15 presuntos guerrilleros fueron capturados en acciones desplegadas en los departamentos de Cundinamarca, Nariño y Tolima.
La candidata presidencial Ingrid Betancourt y cinco congresistas también se encuentran secuestrados por la guerrilla que ya declaró en reiteradas oportunidades que pretende secuestrar a personalidades políticas para canjearlas por 300 guerrilleros que fueron detenidos por las autoridades colombianas. Las FARC, arreciaron sus ataques desde comienzos de este año,lo que coincidió con la ruptura del proceso de paz que desde 1999 protagonizaron con el gobierno de Pastrana.