El presidente de Chile, Ricardo Lagos, lo dijo claramente: el Estado es responsable de las violaciones a los derechos humanos cometidos durante la dictadura de Augusto Pinochet y, por ende, se debe hacer cargo de reparar los sufrimientos de las víctimas. La afirmación fue realizada el domingo luego de divulgarse el informe de la Comisión Nacional sobre Prisión y Torturas que hizo un censo de las personas detenidas ilegalmente y torturadas durante la dictadura. El informe de más de mil páginas contiene el escalofriante relato de 28.000 víctimas de torturas y se enmarca en un escenario político del Chile actual que busca cerrar las heridas que siguen sin sanar. Ex funcionarios de Pinochet rechazaron responsabilidades. Los familiares dicen que es “insuficiente” ya que no se identifica a los torturadores.
El informe contiene testimonios sobre mujeres violadas y sometidas a distintos vejámenes, presos obligados a presenciar violaciones de familiares y fusilamientos de otros detenidos, además de la aplicación de electricidad y quemaduras, entre otros tormentos. Una comisión encabezada por el obispo católico Sergio Valech recibió durante más de un año los testimonios de 35.000 presos políticos torturados en recintos militares y policiales y en las cárceles secretas de la dictadura. De la totalidad de los testimonios, unos 28.000 fueron considerados válidos (los restantes están en proceso de verificación).
Lagos anunció que enviará al Congreso un proyecto de ley para que las víctimas reciban una pensión mensual vitalicia de alrededor de 190 dólares, además de beneficios en educación, salud y vivienda.
Familiares de las víctimas de la dictadura se manifestaron impactados al conocer el informe, pero estimaron “insuficiente” la reparación propuesta. “La reparación es insuficiente, porque el informe no identifica a los torturadores para que sean llevados ante los tribunales y conocer sus nombres también es una forma de reparación”, explicó la secretaria general de la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos, Viviana Díaz. Lagos señaló que los nombres de las víctimas y los victimarios, que la comisión mantuvo bajo reserva, podrán ser conocidos dentro de 50 años.
El líder del oficialista Partido Socialista, Gonzalo Martner, afirmó que, además de los militares, existen civiles comprometidos en las violaciones de los derechos humanos. “Que pidan perdón, que se arrepientan”, dijo Martner, en alusión directa a las corrientes de la derecha que hoy se sitúan en la oposición y cuyos representantes colaboraron desde altos cargos en el régimen militar. El dirigente derechista Jovino Novoa, que fue subsecretario general de Gobierno bajo la dictadura, replicó sin embargo que los ex colaboradores de Pinochet “no tienen por qué avergonzarse ni arrepentirse”. El comandante del Ejército, general Juan Emilio Cheyre, dijo: “Nosotros seguiremos trabajando en la línea que entiendo es el llamado (de Lagos), una apuesta de futuro, asumiendo la verdad del pasado con un llamado a la reconciliación”.