La Fuerza Aérea de Chile admitió ayer la responsabilidad de sus antiguos mandos en las prácticas de torturas que aplicó la dictadura del general Augusto Pinochet. La declaración de la Fuerza Aérea se suma al reconocimiento del Ejército, la Armada y la policía militarizada de Carabineros, sobre el papel que cumplieron sus miembros en las torturas que consignó un informe que el presidente Ricardo Lagos reveló el domingo, en un mensaje al país.
“El Alto Mando de la Fuerza Aérea asume esta dolorosa verdad y reitera su compromiso para que actos de esta naturaleza nunca vuelvan a repetirse”, señaló un comunicado. A diferencia del Ejército y la Fuerza Aérea, la Marina y los Carabineros se han limitado a lamentar y repudiar las torturas que cometieron “algunos funcionarios” de esas instituciones. Por su parte, según informaron ayer fuentes judiciales, el juez español Baltasar Garzón pidió, a través de un exhorto, interrogar al ex dictador chileno Augusto Pinochet y a su esposa, Lucía Hiriart, en el marco de la investigación por crímenes de lesa humanidad cometidos durante su régimen (1973-1990). La petición, que llegó a la Corte Suprema, se extiende también al albacea del general Pinochet, Oscar Aitken Lavanchy, administrador de los bienes del matrimonio que ascienden a más de 15 millones de dólares.
Garzón agregó a su investigación por violaciones a los derechos humanos los posibles delitos económicos de Pinochet durante su dictadura, tras el descubrimiento de las cuentas secretas que mantuvo en el Riggs Bank de Washington con depósitos de entre cuatro y ocho millones de dólares. El escrito de Garzón, que ingresó el martes al Poder Judicial, debe ser analizado por la fiscal de la Corte Suprema, Mónica Maldonado, quien recomendará acoger o rechazar el requerimiento del juez español. La petición se suma a otra solicitud que Garzón envió el mes pasado para embargar los bienes de Pinochet, que fue aceptada en primera instancia por la fiscal Maldonado.