Dicen que yerba mala nunca muere, pero al menos el asesino millonario va a quedar enterrado bajo un aluvión de juicios. Ex presos políticos chilenos que afirman haber sido torturados bajo la dictadura del general Augusto Pinochet presentaron ayer una querella contra el ex dictador y su ministro del Interior Sergio Fernández. Por otra parte, Pinochet se pagó a sí mismo casi siete millones de dólares por “comisiones de servicio al extranjero”, según un documento reservado del Ministerio de Defensa que trascendió ayer. Una encuesta reveló que tres de cada cuatro chilenos aprueban que se haya elaborado y publicado el informe sobre la tortura.
Pinochet realizó entre 1974 y 1977 cinco viajes al exterior, “en su calidad de comandante en jefe del ejército y presidente de la República”, señala el informe que hizo público la periodista Patricia Verdugo. Estos viáticos le costaron al Estado chileno 6,8 millones de dólares. El documento fue anexado a las investigaciones por supuesto “enriquecimiento ilícito y lavado de dinero”, que se abrieron después de que el Senado de Estados Unidos revelera que Pinochet mantuvo cuentas secretas de 15 millones de dólares en el Banco Riggs de Washington. Patricia Verdugo afirmó que la mayoría del dinero fue a parar a las cuentas de Pinochet y otra parte cubrió el pago de servicios a los agentes de la dictadura.
La querella de veinte ex presos políticos quedó planteada en la Corte de Apelaciones de Santiago cinco días después de la publicación del informe sobre las torturas que aplicaron los militares y agentes secretos del régimen de Pinochet (1973-1990). Pinochet y su ministro del Interior encabezaron una “asociación ilícita” para cometer estos crímenes de lesa humanidad, según afirmaron en su presentación los abogados Hugo Gutiérrez, Alfredo Morgado y Julia Urquieta. “Y esa asociación ilícita permanece hasta el día de hoy, con el fin de encubrir estos crímenes”, dijo Urquieta. Además, tres diputados oficialistas pidieron a la Corte Suprema que ordenara a los tribunales abrir juicios por los delitos consignados en el informe. El informe contiene “claros antecedentes sobre la comisión de miles de ilícitos penales actualmente perseguibles de oficio”, señalaron los legisladores en su petición. “Se trata de delitos de acción pública, por lo tanto los tribunales tienen la obligación de actuar incluso sin que haya una presentación específica”, afirmó la diputada Laura Soto, al entregar el documento junto con los parlamentarios Aníbal Pérez y Guillermo Ceroni, del Partido por la Democracia (PPD).
Ayer se conocieron los resultados de una encuesta que señala que el 74 por ciento de los chilenos aprueban que se haya elaborado y publicado el informe sobre la tortura. La Fundación Futuro, privada y vinculada a la derecha, difundió el sondeo, que precisa que el 76 por ciento cree que los civiles que colaboraron con la dictadura sabían que los militares torturaban a los presos políticos. Para el 84 por ciento, las personas e instituciones mencionadas en el informe como responsables deberían pedir perdón. El 41 por ciento consideró las pensiones mensuales vitalicias de 200 dólares insuficientes.