La pista sería seguir el rastro de pólvora. Los fondos millonarios del ex dictador Augusto Pinochet en el Banco Riggs de Washington tendrían como origen el pago de comisiones ilegales por compra y venta de armamentos a los contras nicaragüenses y posiblemente a Irán: ésta es la hipótesis del juez a cargo de la causa, Sergio Muñoz, según publicó ayer el diario La Tercera de Santiago. Por otro lado, el presidente chileno, Ricardo Lagos, declaró que la comisión de investigación sobre prisión política y tortura tiene como misión “investigar la verdad de lo que pasó y no es un tribunal de Justicia”.
Caratulado “Armas”, el cuaderno secreto que tiene en sus manos el juez Muñoz sería la llave para acceder al misterio de las cuentas. El magistrado chileno, a cargo de las querellas chilenas por evasión de impuestos y fraude al fisco contra Pinochet, tiene la hipótesis de que además del desvío de gastos reservados del ejército y la presidencia, el origen de los fondos de Pinochet en Washington se podría vincular al pago de comisiones ilegales por compra y venta de armas, según lo publicado ayer por el diario La Tercera. El cuaderno concentra todas las actividades de la estatal Fábricas y Maestranzas del Ejército (Famae) a fines de los ’80 y de los ’90.
Según el diario, hace menos de un mes el juez interrogó al coronel de ejército en retiro, Carlos Carrero, el ex gerente de Famae. En su pesquisa, a Muñoz le interesarían particularmente las operaciones de venta de cohetes tierra-aire Blowpipe a la contra nicaragüense entre 1985 a 1986, y la fallida venta de bombas avispa (similares a las racimo) a Irán en 1987, dos acciones desarrolladas en la época en que Carrero se desempeñaba en Famae. Carrero también debió responder preguntas sobre el uso por parte de Famae y del ejército de las licencias suizas para la fabricación y venta de blindados Mowag y de los fusiles SIG. Según La Tercera, en la mira de Muñoz están las ventas de vehículos blindados y fusiles a terceros países, realizadas por el ejército gracias a la licencias otorgadas por el empresario chileno-húngaro Carlos Horzak, un viejo amigo de Pinochet. El magistrado intenta dilucidar si se alcanzaron a pagar comisiones y si éstas pudieron ir a parar a las cuentas del general Pinochet, lo que podría configurar los eventuales delitos de cohecho, fraude al fisco y negociación incompatible. El panorama se complicó para Pinochet hace dos semanas, cuando un informe de la prensa norteamericana señaló que el ex dictador tuvo, desde 1985, diez cuentas en el Banco Riggs de Miami con fondos de hasta 12 millones de dólares, bajo alias como “Daniel López” y “José Ramón Ugarte”.
Por otro lado, el presidente Lagos, en una entrevista al diario El País, declaró que la comisión de prisión política y tortura buscaba la verdad y no señalar a los culpables. Para Lagos, el mérito de la comisión fue establecer que “hubo una política institucional que conducía a esto”, y que “no se puede seguir diciendo que eran excesos o casos aislados”. “El paso siguiente de decir quiénes son los torturadores corresponde a otras instancias”, aseguró.