Con la prohibición para el ingreso de cámaras, Víctor Polay y los principales dirigentes del guevarista Movimiento Revolucionario Túpac Amaru (MRTA), que se alzó en armas entre 1982 y 1997, comenzaron a ser juzgados ayer por un tribunal civil, luego de que sus condenas a cadena perpetua impuestas por tribunales militares secretos durante el régimen autoritario del hoy prófugo ex presidente Alberto Fujimori fueran anuladas por inconstitucionales. Son 25 los emerretistas procesados en este juicio, pero solamente 14 de ellos estuvieron presentes en la Sala Judicial de la Base Naval del Callao. Los otros 11 acusados se encuentran fuera del Perú.
Polay, de 53 años, y conocido como “Comandante Rolando”, fue detenido en junio de 1993, y desde entonces está recluido en una celda unipersonal de la Base Naval del Callao, donde también están encarcelados los emerretistas Miguel Rincón y Peter Cárdenas. El tribunal leyó una carta de Polay en la que protestaba por haber sido “castigado” con la instalación de locutorios “a partir de la provocación de Abimael Guzmán (líder de Sendero Luminoso)”. Polay reveló que en 1993 el gobierno de Fujimori, a través de Vladimiro Montesinos, lo amenazó con fusilarlo por negarse a emitir un pronunciamiento respaldando el régimen fujimorista.
En 1982 el MRTA, que tomó su nombre del rebelde indígena Túpac Amaru que en el siglo XVIII se levantó contra los españoles, decidió romper con la izquierda legal para apostar por la lucha armada. Polay, quien estudió sociología en París, se convirtió desde un inicio en su principal líder. En su informe, la Comisión de la Verdad y Reconciliación (CVR), que estudió la violencia política entre 1980 y el 2000, señala que, a diferencia de Sendero Luminoso, el MRTA “se abstuvo de atacar a la población civil”, pero agrega: “Sin embargo, incurrió en asesinatos, toma de rehenes y la práctica sistemática del secuestro”. La CVR señala que el MRTA tuvo una magnitud pequeña en la espiral de violencia, al ser responsable solamente del 1,5 por ciento de las casi 70 mil muertes ocurridas debido a la violencia política. La partida de defunción del MRTA se selló en abril de 1997, luego de que un comando militar mató a los 14 guerrilleros que habían ocupado por cuatro meses la residencia del embajador de Japón en Lima exigiendo la libertad de Polay y los otros dirigentes del MRTA. Esa fue su acción más espectacular, pero también la última.
El fiscal Tony Cano ha pedido cadena perpetua para Víctor Polay, Peter Cárdenas, Miguel Rincón y Lucero Cumpa, y entre 20 y 25 años para los otros acusados. Por su parte, la procuraduría está solicitando una insólita reparación civil a los acusados de 100 mil millones de dólares. La cifra sorprendió al propio presidente del tribunal, Pablo Talavera, que incrédulo preguntó al procurador: “¿Está seguro de que la cifra que ha dado es la correcta?”. La defensa de Polay buscará demostrar durante el juicio que el MRTA no fue un grupo terrorista, sino un movimiento guerrillero y que, por lo tanto, sus miembros deben ser condenados por el delito de rebelión, que tiene una pena de cinco años, y no por terrorismo.