Por Juan Arias *
Desde Río de Janeiro

El Tribunal de Justicia Federal le ha resuelto al presidente Luiz Inácio Lula da Silva el espinoso problema de la reapertura de los archivos secretos de la dictadura militar, al decidir ayer que el gobierno tiene un plazo de 15 días para presentar una propuesta concreta para la apertura de los archivos de la Guerrilla de Araguaia, que había sido el foco de resistencia a la dictadura militar en los años 70. Allí murieron, después de ser torturados, numerosos militantes de izquierda cuyos cuerpos sus familiares continúan exigiendo en vano.
El presidente Lula da Silva, que no sabía cómo resolver el problema de la apertura de los archivos secretos de la dictadura sin irritar a la vieja cúpula militar, aunque lo estaban exigiendo tanto la opinión pública como la misma Iglesia, confirmó ayer que no recurrirá la decisión de los jueces. Para iniciar el proceso de apertura de los archivos, los magistrados han convocado a los ministros de Justicia y de Defensa y al secretario nacional de Derechos Humanos junto con los tres comandantes de las Fuerzas Armadas y el director de la Agencia Brasileña de Inteligencia (ABIN).
El gobierno del Partido de los Trabajadores (PT) ya había creado, en realidad, varios grupos y comisiones para estudiar la posibilidad de abrir los archivos secretos de la dictadura, sobre todo para conocer mejor los asesinatos de ex guerrilleros de izquierda de Araguaia, un movimiento de resistencia al gobierno militar ocurrido en el sur del estado de Pará a principios de los años 70. El tema de la reapertura de los archivos ya había costado meses atrás el cargo al entonces ministro de Defensa José Viegas, que se había enfrentado con los militares que seguían defendiendo las torturas realizadas durante la dictadura como antídoto para frenar el avance del comunismo en Brasil.

* De El País de Madrid. Especial para Página/12.