Il Cavaliere escapó. De hecho, tan bien le salió todo que sus abogados piensan apelar el muy conveniente fallo que pronunció ayer el tribunal de Milán para que su cliente sea declarado completamente inocente. La Corte dijo que el primer ministro italiano, Silvio Berlusconi, no es culpable de los cargos de corrupción presentados por la privatización de la compañía de alimentación SME en los años ochenta. Y en la causa secundaria, por supuesta compra de un juez, declaró el supuesto crimen prescripto. Esto es lo que los abogados de Berlusconi van a apelar, porque quieren también un fallo de inocencia.
La doble causa por corrupción viene enturbiando la política interna italiana desde hace años. El tribunal milanés tiene el caso desde hace cuatro años y el gobierno hasta trató de matarlo con una ley de inmunidad que sólo logró suspenderlo hasta que el Tribunal Constitucional ordenó retomarlo.
La fiscal Ilda Boccassini había pedido ocho años de prisión para Berlusconi –por entonces un empresario con ambiciones políticas–, alegando que su empresa Fininvest había pagado una serie de sobornos para influir en la privatización del conglomerado alimentario SME. Por cuerda separada se trataba el cargo de haberle pagado 430.000 dólares a un juez por servicios varios. Según Boccassini, el juez figuraba en la nómina de Fininvest como si fuera un empleado.
El tribunal no dijo con exactitud cuándo va a divulgar la fundamentación del fallo, pero el gobierno se apresuró a festejar. “Más vale tarde que nunca”, dijo Berlusconi, que repitió que estaba “seguro” de no haber cometido delito alguno. Su ministro del Interior, Claudio Scajola, habló de una “derrota sin retorno para la Justicia politizada”. En esto seguía a su jefe político, ya que Berlusconi dijo repetidamente en los últimos años que la Justicia de Milán llevaba a cabo una campaña política en su contra. “Son jueces de izquierda que quieren perjudicar a la coalición de centroderecha y derrocar a mi gobierno”, dijo repetidamente Berlusconi. Las primeras opiniones desde la oposición, por el contrario, consideraron que la absolución afecta al prestigio de Italia.
No es la primera vez que Berlusconi enfrenta y derrota cargos ante la Justicia, saliendo inocentado o aprovechando prescripciones. Propietario de un verdadero imperio industrial, que incluye entre otras empresas tres importantes canales de televisión, un diario, un semanario, la mayor casa editorial del país y una sociedad de publicidad, Berlusconi no ha resuelto el problema que implica el conflicto de intereses entre su condición de primer ministro y ser el hombre más rico de la península.
Sus verdaderos problemas judiciales comenzaron en 1994, pocos meses después de su nombramiento como jefe de gobierno, cuando el tribunal de Milán (norte) lo acusó de corrupción. La acusación terminó por contribuir a que renunciara al cargo siete meses después de su llegada al poder. En los años ’80 había sido acusado de pertenecer a la logia masónica secreta Propaganda Dos, por lo que fue amnistiado en 1989.
A finales de los años ’90 fue condenado en primer grado a un total de seis años y cinco meses de cárcel por falsificación de balances, financiación ilícita de partidos políticos y corrupción. Fue absuelto en el juicio en apelación, y en algunos casos, debido a la lentitud de la Justicia, se benefició de la prescripción del delito cometido.
Sin embargo, Berlusconi siguió sometido a investigación judicial.
Su último problema comenzó en 1991, cuando comenzó a ser indagado por haber participado en la corrupción de un grupo de jueces encargados de “arreglar” los procesos en los que estaba implicado su poderoso grupo de comunicaciones Fininvest. En España, el juez Baltasar Garzón quería procesarlo por presunta evasión fiscal a través del canal de televisión Telecinco, del que Fininvest es uno de sus mayores accionistas. El proceso fue suspendido por tratarse de un jefe de gobierno. El líder de la coalición de centroderecha italiana siempre se ha defendido con argumentos políticos, definiéndose “víctima y perseguido político” de los magistrados, a los que suele definir de “togas rojas”.
Además de Berlusconi, numerosos amigos y colaboradores suyos están siendo indagados por la Justicia. Entre ellos uno de sus asesores más cercanos, el senador Marcello Dell’Utri, quien está siendo juzgado por los jueces sicilianos por sus conexiones con la mafia y cuyo veredicto se espera para el sábado.
En 1994, uno de los primeros actos de Berlusconi como primer ministro fue el de promulgar un decreto-ley para liberar a los acusados por los jueces anticorrupción Manos Limpias que estaban en detención preventiva.
Al regresar al poder en el 2001, su gobierno propuso numerosas leyes para protegerlo de la Justicia, según denunció la oposición de izquierda y llegó a aprobar en el Parlamento la concesión de la inmunidad para los cinco mayores altos cargos del Estado mientras permanezcan en ellos.
Pero la Corte Constitucional anuló luego la decisión del Parlamento por considerarla inconstitucional, por lo que se reanudó el juicio de Milán, cuya primera instancia concluyó este viernes con una sentencia dividida en dos, que absuelve a Berlusconi por prescripción del delito en el caso del pago ilegal del juez Renato Squillante, jefe de la Procuraduría de Roma.