Si su senilidad se lo permite, el ex dictador chileno Augusto Pinochet, que cumplió ayer su primer día de arresto domiciliario en su finca costera de Los Boldos, a 110 km de Santiago, por los crímenes de la Operación Cóndor, después de ser notificado de la orden que emitió el pasado 13 de diciembre el juez Juan Guzmán Tapia, verá cómo empeora su situación en varios frentes. Por una parte, el juez Sergio Muñoz, que investiga en Chile las cuentas secretas que mantuvo Pinochet en Estados Unidos, incautó documentos que serían claves para la investigación. Por otra parte, los abogados que impulsan el juicio contra el dictador pidieron ayer que se concretara su fichaje como reo, que debió realizarse después de su notificación de arresto. Y finalmente, se informó que Pinochet utilizó la misión militar chilena en Washington para transferir varios miles de dólares de las cuentas del Riggs Bank de Estados Unidos hacia un banco en Londres.
El abogado defensor del ex dictador chileno Augusto Pinochet, Pablo Rodríguez, calificó de “ilegal e inconstitucional” la incautación ayer de “importantes documentos” que dan cuenta de sus actividades financieras.
Muñoz, junto a agentes de la policía civil, se constituyó sorpresivamente en las oficinas que el ex dictador mantiene en la elegante comuna de Las Condes. En este lugar, y mientras Pinochet permanece detenido en su finca costera de Los Boldos, el juez “incautó importantes documentos y entrevistó a varios de los funcionarios que trabajan para el ex dictador”. Los documentos incautados serían claves para la investigación que lleva adelante el juez Muñoz sobre el origen de los entre cuatro y ocho millones de dólares que mantuvo Pinochet depositados en el Riggs Bank de Washington. El magistrado también interrogó a la hija mayor del ex dictador, Lucía Pinochet Hiriart, para determinar un eventual origen ilícito de los dineros que su padre depositó en Estados Unidos.
El diario La Nación publicó en su edición de ayer un documento que lleva la firma del coronel y oficial de Finanzas Roberto Guiza Castresana, fechado el 21 de octubre de 1998, cinco días después del arresto de Pinochet en Londres por orden del juez español Baltasar Garzón. El documento suscrito por Guiza Castresana pide que los dineros del Riggs Bank sean transferidos al National Westminster Bank, ubicado en Picadilly, Londres, cuyo beneficiario es la London Clinic, donde estuvo internado y detenido Pinochet. El coronel Guiza “es un oficial de intendencia del sector más cercano a Pinochet”, señala La Nación citando fuentes de alto rango militar. Junto al documento firmado por el entonces oficial de Finanzas entregado por la periodista Patricia Verdugo hay otro documento firmado por el propio Pinochet fechado el 1º de abril de 2002, haciendo una petición urgente de dinero al norteamericano Riggs Bank. “Estimados señores, ruego que me manden de mi cuenta 76835282, 500 mil dólares en cashiers check, 10 cheques de U$S 50,000”, dice la nota firmada por el ex dictador y enviada por su secretaria Mónica Ananías, quien ya prestó testimonio ante el juez Sergio Muñoz. Ese documento fue entregado el miércoles por la periodista Patricia Verdugo, quien sostuvo que ese dato evidencia que un sector del ejército chileno conoció la existencia de las millonarias cuentas de Pinochet. Verdugo dio a conocer también los contratos hechos por Pinochet, gracias a la asesoría de Deloitte Touche con su empresa fantasma en las Islas Vírgenes, Al- thorp Investment, donde deja como beneficiarios a sus nietos.
Los abogados que llevan adelante el juicio en contra del ex dictador pidieron ayer que se concretara su fichaje como reo, que debió realizarse después de su notificación de arresto y procesamiento por los crímenes de la Operación Cóndor. “Pedimos que se proceda a la filiación de Pinochet, porque es un trámite que está dispuesto para todas las personas que en Chile son procesadas”, dijo el abogado querellante Eduardo Contreras. “No entendemos por qué no se le ordena prontuariar a él, cuando de un modesto ciudadano que comete cualquier pequeño delito quedan fichados sus antecedentes”, agregó el jurista, uno de los impulsores del proceso porlos crímenes de la Operación Cóndor. El trámite, de acuerdo con la legislación chilena, incluye la obtención de fotografías de frente y perfil del inculpado, junto a las huellas dactilares de todos los dedos de sus manos, que son ingresadas al historial de delincuentes. “Es una orden que da la ley, no es una cuestión de persecución ni de enemistad”, agregó el abogado Contreras.